Fin del cepo: Tierno reaccionó con furia

El ministro quedó desautorizado por la decisión del gobernador Carlos Verna de no apelar el fallo que puso fin al cepo informativo que había impuesto a la policía. Ataques a los autores de la demanda y dialéctica para explicar un revés que no quiere admitir.

El ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, reaccionó de forma destemplada luego de que quedara firme el fallo de la jueza civil, Adriana Pascual, que condenó al gobierno provincial y obliga a la policía a brindar información sobre delitos y siniestros viales, abandonando el cepo informativo que había dispuesto el funcionario desde el inicio de su gestión, en diciembre pasado. El fallo quedó firme el viernes pasado, cuando el gobernador Carlos Verna ordenó no apelar la sentencia judicial, que consideró “equilibrada”.

Desautorizado por el gobernador, Tierno hizo declaraciones al borde de un ataque de furia. Intentó minimizar el revés judicial con una dialéctica engorrosa y sin rumbo, y formuló una diatriba contra los impulsores de la demanda judicial.

Deber de informar

Al hacer una lectura del fallo judicial, Tierno insistió con el argumento de que los fiscales son quienes “dirigen a la policía en función judicial” y a partir de que se comete un delito “ni el ministro de Seguridad, ni el Gobernador ni nadie del Poder Ejecutivo le puede dar indicación, porque la policía depende del Poder Ejecutivo, pero al iniciarse una investigación, depende del Poder Judicial”. “Nosotros informamos a través del memorándum a Jefatura de Policía, que lo hizo extensivo a todas las dependencias acerca de los artículos 71 y 273 del Código Procesal Penal, que establece que el policía que interviene en determinado tema o caso, lo consulte con el fiscal, que es quien le tiene que dar la autorización para brindar información”, recordó el ministro.

Sin embargo, el fallo que elimina el cepo informativo establece que eso no es así y demuele los dichos del ministro. Por el contrario, los policías tienen el deber de brindar información pública a los medios, siempre tomando en cuenta los recaudos que los fiscales establecieron en un protocolo, para no entorpecer la investigación que se llevará adelante a partir de la denuncia.

En el fallo, la jueza Pascual manifestó justamente que el Ministerio Público Fiscal “ordena a los agentes policiales ‘informar’ con suma cautela, es cierto, pero informar al fin, acerca de los datos que pueden ser dados a conocer”. “En ningún momento se les prohíbe a los agentes policiales que brinden información, sino simplemente se les sugiere brindar información pero en forma de no obstaculizar la instrucción del caso”, reafirmó.

En ese protocolo se les sugiere a los informantes policiales “evitar ofrecer datos acerca de los autores de hechos delictivos que pudieran alertarlos a través de los medios; narrar los hechos de modo general para no restar espontaneidad a las declaraciones testimoniales; evitar identificar a las personas fallecidas hasta que sus familiares directos se anoticien de su deceso; preservar la información que haga a la intimidad de la víctima; evitar precisar el monto exacto de las sumas de dinero sustraídas; abstenerse de informar acerca de ataques a la integridad sexual hasta que la víctima reciba la primera contención de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos; no dar a conocer datos acerca de víctimas o imputados menores de edad, etc.”. “La libertad amplia de acceso a las fuentes donde figuran las noticias debe ser la regla y que dentro del sistema republicano de gobierno, todos los actos del Gobierno y toda la información derivada de cada una de sus dependencias deben ser comunicados a la opinión pública para que la sociedad pueda tomar conocimiento de los mismos”, subrayó la jueza.

Por su parte, Tierno se refirió en forma ambigua a esos considerandos. “La sentencia manifiesta que la información y todas las consideraciones sobre la información pública, se encuadre en un instructivo para los policías que fue presentado también por el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía del Estado en el expediente. La sentencia, en definitiva, toma ese instructivo, hecho en base al artículo 71 del Código Procesal Penal, que nosotros le indicamos a los policías que debían cumplir en nuestro memorándum”, dijo el ministro.

A diestra y siniestra

Tierno zigzagueo en sus declaraciones para no admitir el revés judicial. En cambio, prefirió descargar su furia sobre dos de los integrantes del periódico La Arena, que impulsó la demanda contra el cepo con el patrocinio el abogado Alberto Acosta. En primer lugar, aludió a que un miembro de ese diario “en una oportunidad fue denunciado por violencia de género por una mujer y él también pidió una restricción de información sobre el su caso, porque no quería que se divulgaran las declaraciones de su víctima”. “En realidad tiene derecho de hacerlo, porque es su intimidad. Es más, se difundió que él le manifestaba a la señorita de que tenía muchos amigos y vinculaciones con ámbitos de poder, como para que la señorita no hiciera nada”, agregó.

Tierno consideró que “la investigación fiscal en su primera parte debe ser reservada para los fiscales porque puede incluso no haber una imputación penal y se archiva la causa. En esa primera parte hay muchas diligencias judiciales que se pueden ver frustradas si se hace una difusión. Por eso, no el ministerio de Seguridad, ni un Gobierno Provincial determina tal o cual limitación. Lo dice la ley. Ahora, si en un caso, ésta gente de La Arena S.A quiere la restricción porque están ellos involucrados y en otros casos presentan la información pública, ciertamente hay una conducta apartada del marco legal”.

Finalmente, el ministro enfocó su embate en el director de ese diario, Saúl Santesteban, a quién acusó de haber visto personas torturadas durante su detención en la época de la dictadura, algo que no denunció en su medio cuando quedó en libertad “por miedo a que le cerraran el diario”.

También le recordó una editorial de 1977 en la que se hizo “una apología” del jefe de Policía, el represor condenado Luis Baraldini, cuando dejó su cargo.

“Yo nunca fui proclive, ni cómplice, ni encubridor de violaciones a los derechos humanos. Ellos sí”, disparó. “Recibieron una fuerte suma de dinero bajo la figura de “promoción industrial” del gobierno militar de facto en la provincia, del que no hay constancias que lo haya devuelto al erario provincial”, remató.

Las declaraciones de Tierno fueron difundidas por él mismo a través de las redes sociales. Estuvo en una entrega de elementos que hizo la comisión del barrio 26 de Septiembre a la Seccional Sexta de Policía y habló en una entrevista con Radio Contacto. En esa ocasión, también defendió su irrupción encabezando controles de tránsito en un supermercado de la ciudad, el fin de semana pasado, aprovechando una promoción de esa cadena que atrajo mucho público al lugar. “A algunos les molesta la seguridad porque quieren seguir haciendo lo que ellos pretenden, pasando por arriba de los derechos de los demás”, desafió.

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