Acuerdo económico destrabó el conflicto y la Justicia archivará la causa contra Carlos Lanser por encubrimiento
- La Pampa

- hace 4 días
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El consignatario de hacienda cordobés Carlos Lanser, que estaba imputado por encubrimiento en el marco de una causa por una megaestafa ganadera que afectó a una empresa pampeana, llegó a un acuerdo económico confidencial que permitió destrabar el conflicto y derivará en el archivo de la causa penal en su contra. Así lo confirmaron fuentes judiciales y el propio empresario, quien además destacó la rapidez con la que actuó la Justicia de La Pampa.

El caso había tomado fuerte repercusión semanas atrás, cuando la Justicia de General Pico ordenó el secuestro de 1.060 animales vacunos del campo “Carlos III”, ubicado en la localidad cordobesa de Chaján, donde funciona un feedlot perteneciente a la firma de Lanser. La medida se dispuso luego de que la empresa pampeana San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en Rancul, denunciara que más de mil animales vendidos el año pasado —y nunca cobrados— a la firma San Pablo Oeste SA, habían sido trasladados al establecimiento de Lanser.
Tras un importante allanamiento, la Policía de Córdoba secuestró la hacienda y la depositó en un campo de la localidad de Fortuna, propiedad de la empresa pampeana denunciante.
Pedido de nulidad y verificación de la hacienda
Luego del secuestro, Lanser se presentó de manera espontánea en los Tribunales de General Pico junto a sus abogados, donde solicitó la nulidad del allanamiento y la devolución de los animales. A raíz de ello, la Justicia ordenó avanzar con una verificación exhaustiva de la titularidad de la hacienda incautada.
Para cumplir con esa medida, ambas partes concurrieron al campo de San Luis acompañadas por peritos veterinarios, en una tarea técnica que iba a demandar al menos cinco días de trabajo. El procedimiento consistía en pelar a los animales, identificar marcas a fuego, verificar caravanas y reconstruir la trazabilidad, con el objetivo de establecer la propiedad de cada vacuno.
Sin embargo, en el transcurso de esa labor, las empresas involucradas alcanzaron un acuerdo económico, cuyos detalles no trascendieron debido a la confidencialidad pactada entre las partes. Como consecuencia, una parte de los animales fue restituida a Lanser, mientras que el resto quedó en poder de la firma pampeana, aunque no se informaron las cantidades exactas.
Declaraciones y cierre de la causa
A través de un video publicado en sus redes sociales, Lanser celebró el desenlace del conflicto.
“Hemos podido solucionar un problema y estoy muy agradecido con la Justicia de La Pampa, que actuó en tiempo récord, en enero y en plena feria judicial”, expresó el empresario cordobés.
Por su parte, el fiscal general Armando Agüero explicó que el Ministerio Público se constituyó “a los efectos de recabar información sobre la hacienda y todo lo que tiene que ver con la identificación de la misma”, y confirmó que “las partes llegaron a un acuerdo confidencial donde han resuelto la situación para una mejor relación comercial”.“Habiendo terminado las medidas, la situación se encuentra solucionada”, señaló.
Desde la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en General Pico, se informó que, tras el acuerdo económico alcanzado, la causa penal por encubrimiento contra Lanser será archivada.
Continúa la causa por estafa contra San Pablo Oeste
Pese a este cierre, la investigación judicial no finaliza completamente. Continúa su curso la causa penal iniciada contra la firma San Pablo Oeste SA, de la provincia de Buenos Aires, acusada de haber comprado más de 1.000 animales vacunos a la empresa de Rancul por un valor cercano a los 800 millones de pesos, entregando cheques sin fondos al momento del pago.
Los hechos fueron denunciados en mayo del año pasado y la Justicia imputó por el delito de estafa a Ana Paula Courreges e Iván Fiorini, representantes de la empresa. Ambos estuvieron detenidos con prisión domiciliaria durante tres meses en General Pico y actualmente se encuentran en libertad, aunque bajo medidas restrictivas sustitutivas de la prisión preventiva.
Según indicaron fuentes judiciales, esta causa sigue avanzando y podría derivar en un juicio oral, ya que los imputados no ofrecieron ningún tipo de reparación económica a la empresa damnificada.































