Alerta en la educación técnica: el Presupuesto 2026 pone en riesgo los Centros de Formación Profesional, las escuelas técnicas y agrotécnicas

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 presentado por el Gobierno nacional encendió todas las alarmas en el sistema educativo técnico del país. La iniciativa incluye la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, norma que crea el fondo especial de financiamiento para las escuelas técnicas, un instrumento clave que desde hace años sostiene la infraestructura, el equipamiento y la capacitación docente de más de 1.500 instituciones en toda la Argentina.

Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) advirtieron que el impacto de esta decisión sería “devastador” para provincias como La Pampa, donde la educación técnica cumple un rol central en la formación de mano de obra calificada y en la inserción laboral de jóvenes y adultos.

Un golpe directo a la educación técnica pampeana

En La Pampa funcionan actualmente 10 escuelas de educación técnica, 6 escuelas de educación agrotécnica, 22 centros de formación profesional en oficios y varios institutos superiores técnicos. En total, son alrededor de 50 instituciones que dependen en gran medida de los recursos provenientes de este fondo especial.

Los fondos se destinan a reparación edilicia, mejoras de infraestructura, capacitación y actualización docente, y a la adquisición de maquinaria, herramientas e insumos indispensables para el funcionamiento de los talleres. Sin ese respaldo financiero, el sistema quedaría seriamente comprometido.

“Eliminan el artículo y es como decirnos ‘arreglate como puedas‘”, expresó con preocupación el secretario general de Amet, Cristian Paulino, quien remarcó que sin esos recursos se vuelve imposible planificar compras, sostener capacitaciones o renovar equipamiento clave.

Miles de estudiantes afectados

La dimensión del problema se refleja en la cantidad de estudiantes involucrados. En las escuelas técnicas de nivel secundario pampeanas cursan alrededor de 5.000 alumnos, mientras que otros 4.000 participan de la formación profesional, una modalidad altamente demandada porque permite capacitarse en oficios con rápida salida laboral.

Carpintería, tornería, refrigeración, albañilería, electricidad, construcción en seco y muchos otros oficios forman parte de una oferta que hoy alcanza 550 propuestas activas en La Pampa, con cursos de distinta duración: desde capacitaciones intensivas de dos meses hasta trayectos formativos de un año.

“Hay muchísima gente que asiste a estos talleres porque representan una oportunidad concreta de empleo. Este recorte no solo golpea a la educación, sino también al trabajo”, subrayó Paulino.

Alerta, movilización y reclamos políticos

Ante este escenario, desde Amet se declararon en estado de alerta y movilización y comenzaron a interpelar a legisladores nacionales. Según explicó el gremio, el único que atendió el reclamo fue el diputado Ariel Rauschenberger, del Partido Justicialista, quien presentó un proyecto alternativo para modificar los artículos que afectan a la educación técnica.

Sin embargo, el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados avanzó sin cambios, tal como lo envió el Poder Ejecutivo nacional, profundizando la preocupación en las provincias.

“La Provincia viene haciéndose cargo, pero tiene múltiples responsabilidades que dejó de atender el Gobierno nacional. Sin el fondo, no podremos solventar la capacitación docente ni comprar máquinas que son muy costosas, ni siquiera los insumos básicos para los talleres”, advirtió el dirigente sindical.

Una demanda judicial y cifras alarmantes

En las últimas horas, el conflicto sumó un nuevo capítulo judicial. Padres de estudiantes presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N.º 11, cuestionando la legalidad de derogar una ley permanente a través de una norma presupuestaria anual.

Según la presentación, el recorte alcanza un 93% respecto de valores equivalentes a 2023. La normativa original establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado, lo que hoy equivaldría a unos 322 mil millones de pesos. No obstante, el Presupuesto 2026 asigna apenas 11 mil millones, una cifra considerada insuficiente incluso para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

El amparo también sostiene que la medida contradice la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que reconocen a la educación técnica como un pilar estratégico para el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país.

“Un golpe a la educación y al empleo”

Desde Amet no dudan en calificar la situación como un golpe estructural a la educación pública y al empleo, que compromete políticas de largo plazo y el futuro de miles de estudiantes. “Esto va de la mano con un proceso de desindustrialización impulsado desde el Gobierno nacional”, concluyó Paulino.

En La Pampa, donde la educación técnica cumple un rol clave para el arraigo, la producción y el trabajo, el debate por el Presupuesto 2026 ya no es solo una discusión de números: es una disputa de fondo sobre el modelo educativo y productivo que se quiere para los próximos años.