Alerta en la salud privada: prestadores advierten una crisis “de extrema gravedad” y podrían suspender servicios del PAMI

Un conjunto de clínicas, sanatorios y hospitales privados de La Pampa, Chubut, Río Negro y Neuquén encendió una fuerte señal de alarma al elevar este miércoles una nota formal al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advierten una situación financiera de “extrema gravedad”. En el documento anticipan que, si no hay respuestas inmediatas, suspenderán prestaciones a partir del 10 de febrero.

Entre los firmantes pampeanos se encuentran Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo y Clínica Regional, instituciones de referencia para la atención de jubilados y pensionados en la provincia.

Una ecuación financiera al límite

Según detallaron los prestadores, la situación económico-financiera es “sumamente crítica” y responde a dos factores centrales: la depreciación sostenida de los aranceles y el atraso en los pagos, una problemática que —aseguran— se profundizó en los últimos dos meses.

El impacto es determinante porque la participación del PAMI en los ingresos totales ronda el 40%. “Cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución”, advirtieron, al describir una cadena de obligaciones que hoy no logra cerrarse.

Salarios en riesgo y funcionamiento diario comprometido

Uno de los puntos más sensibles del planteo es la imposibilidad de afrontar compromisos laborales. Las clínicas explicaron que dependen del cobro de los módulos de Nivel II y III para abonar los salarios del personal, que históricamente se pagan el último día hábil de cada mes.

El corrimiento de las fechas de pago, sostuvieron, deriva en muchos casos en la “imposibilidad material de abonar los haberes”, con consecuencias directas sobre la operatoria cotidiana de los centros de salud.

A esto se suma un atraso de un mes en el pago de prestaciones ambulatorias y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación, lo que termina de erosionar la sustentabilidad del sistema.

Fecha límite y modalidad de la suspensión

Ante la falta de definiciones, los prestadores fijaron un plazo concreto: si no se regulariza la deuda ni se obtienen respuestas claras, la limitación de servicios comenzará el 10 de febrero.

La medida será progresiva y se iniciará con la suspensión de prestaciones ambulatorias y programadas, con el objetivo de preservar la atención de urgencias en la medida de lo posible.

Las instituciones aclararon que no se trata de una medida de fuerza gremial, sino de la “consecuencia inevitable” de no poder sostener los costos operativos. También advirtieron que, de persistir el silencio oficial, “la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable”, con un perjuicio directo para jubilados y pensionados de toda la región.

Los reclamos formales

En la nota enviada al PAMI, los prestadores solicitaron tres puntos concretos:

• Regularización inmediata de la deuda existente.

• Reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad del sistema.

• Reactivación de una mesa técnica de trabajo para adecuar los aranceles a la realidad inflacionaria.

Mientras se aguardan definiciones, el escenario mantiene en vilo a miles de afiliados que dependen de la red privada para su atención, en un contexto donde cada día de demora agrava la crisis y acerca la fecha límite marcada por los prestadores.