Crece la crisis en PAMI: clínicas privadas profundizan cortes de prestaciones y advierten por el impacto en jubilados

Se profundiza la preocupación por la atención de miles de afiliados del PAMI en La Pampa y la región patagónica. Desde este lunes 27 de abril, clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa avanzaron con un nuevo recorte de prestaciones, suspendiendo turnos de consultas médicas, prácticas y procedimientos ambulatorios para jubilados, en medio de un fuerte conflicto por atrasos en pagos y actualización de aranceles.

La medida, que agrava un escenario que ya había comenzado con la suspensión de cirugías programadas no urgentes, fue impulsada por prestadores privados que aseguran que los valores que abona la obra social acumulan un retraso cercano al 70 por ciento desde diciembre, tornando “insostenible” la continuidad de los servicios.

Según explicaron, las urgencias y emergencias seguirán siendo atendidas con cobertura, pero las restricciones afectan de lleno la atención cotidiana de unos 300 mil afiliados que dependen del sistema en la región.

Un conflicto que se agrava

Desde las entidades prestadoras señalaron que habían comunicado con anticipación la situación al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, y que si bien hubo diálogo, no existieron respuestas concretas para recomponer los aranceles ni destrabar la crisis.

Los sanatorios advierten que el problema responde no solo a atrasos en los pagos, sino también a una estructura de costos desfasada frente a la inflación, el aumento de insumos y los gastos operativos del sistema privado de salud.

En ese contexto, la incertidumbre crece entre los afiliados, especialmente entre adultos mayores que requieren controles, estudios y tratamientos regulares.

Duras críticas por el impacto en adultos mayores

En medio del conflicto, las advertencias también llegaron desde sectores especializados en gerontología. El referente de la Sociedad Argentina de Gerontología, Eduardo Schmunis, cuestionó con dureza la situación y alertó que los recortes en prestaciones podrían vulnerar derechos fundamentales de las personas mayores.

El especialista sostuvo que la interrupción de servicios médicos afecta a una población particularmente vulnerable y advirtió sobre posibles consecuencias sanitarias graves si la situación se prolonga.

Schmunis remarcó además que estas decisiones entrarían en tensión con acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También reveló que desde ámbitos vinculados a la gerontología impulsaron una solicitada con miles de firmas para reclamar cambios en la conducción sanitaria nacional, en medio de crecientes cuestionamientos por el tratamiento de la política pública hacia los jubilados.

“La salud no puede quedar atada a una ecuación económica”

El referente fue especialmente crítico al advertir que reducir las prestaciones por razones presupuestarias coloca a los adultos mayores en una situación de extrema fragilidad. Señaló que, con haberes mínimos muy por debajo del costo de vida, muchos jubilados ya enfrentan serias dificultades para sostener tratamientos, medicamentos y atención médica.

Además, alertó por el impacto que la crisis podría tener sobre los médicos de cabecera del PAMI, debido a una posible reducción de ingresos y sobrecarga laboral, lo que podría resentir aún más el sistema.

“La salud es un derecho humano y no puede quedar sujeta a criterios económicos”, sostuvo Schmunis, al advertir que el escenario actual es “insostenible”.

Incertidumbre y preocupación

Mientras no aparecen señales claras de resolución, el conflicto suma tensión en todo el país y abre interrogantes sobre la continuidad de otras prestaciones si no hay respuestas inmediatas.

Por ahora, sólo se garantizan urgencias y emergencias, pero el recorte de consultas, prácticas y cirugías programadas enciende una fuerte alarma en torno al acceso a la salud de miles de jubilados, en un escenario donde la crisis de financiamiento del sistema vuelve a quedar en el centro del debate.