Cruce por el sistema C.A.B.I.: el PRO pidió su eliminación y el Gobierno provincial defendió la herramienta de control fiscal

La implementación del sistema C.A.B.I. (Control Automático de Bases Imponibles), utilizado por la Dirección General de Rentas de La Pampa para el control del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, generó una fuerte controversia entre dirigentes del PRO y funcionarios del Gobierno provincial. Mientras desde la Fundación Pensar y el bloque legislativo Pro-MID reclamaron su eliminación inmediata al considerar que constituye un mecanismo de “abuso de poder” sobre contribuyentes y empresas, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas respondieron que las críticas se basan en información errónea y defendieron la herramienta como un avance en la modernización y transparencia de los controles fiscales.

El cuestionamiento del PRO y la Fundación Pensar

La polémica se inició tras la difusión de un documento titulado “Un nuevo robo a los pampeanos”, en el que la Fundación Pensar La Pampa expresó su preocupación por los efectos de la Resolución General Nº 20/2025 de la Dirección General de Rentas, publicada el 26 de diciembre de 2025, que formalizó la puesta en marcha del sistema C.A.B.I.

Según el análisis realizado por la mesa de economía de la entidad, el mecanismo utiliza “presunciones automáticas y coeficientes arbitrarios” que impactan sobre comerciantes, productores, profesionales y pequeñas y medianas empresas de la provincia. Los dirigentes señalaron que numerosos contribuyentes enfrentan inconvenientes para obtener certificados de cumplimiento fiscal, compensar saldos a favor y realizar distintos trámites administrativos vinculados a su actividad económica.

Desde la Fundación Pensar sostuvieron además que el sistema invierte la carga de la prueba, obligando a los ciudadanos a demostrar permanentemente que no cometieron errores, aun cuando hayan cumplido con sus obligaciones tributarias. A su entender, la herramienta genera un “nivel de riesgo” que dificulta reclamos, obtención de certificados de libre deuda o bajas de actividad, colocándolos en una situación que calificaron como un “callejón sin salida procedimental”.

El comunicado también cuestionó la presión tributaria provincial y advirtió que la modernización tecnológica del Estado debería estar orientada a simplificar procedimientos y brindar mayor transparencia, en lugar de generar más burocracia e incertidumbre para quienes producen, invierten y generan empleo.

En ese contexto, el diputado provincial del PRO, Enrique Juan, acompañado por el bloque Pro-MID, presentó un pedido de informes en la Legislatura y solicitó la presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda para que expliquen el funcionamiento y los alcances del sistema. Asimismo, reclamaron la eliminación urgente del C.A.B.I. y la apertura de una mesa técnica con participación de entidades profesionales y representantes de los sectores productivos.

La respuesta del Ministerio de Hacienda

Frente a esas acusaciones, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de La Pampa difundió una respuesta en la que calificó varias de las afirmaciones como “inexactas” y sostuvo que reflejan un “profundo desconocimiento” acerca del funcionamiento real de la herramienta.

Uno de los puntos que el Gobierno consideró más llamativos fue la vinculación del sistema con las guías y Cartas de Porte. Desde la cartera económica aclararon que el C.A.B.I. no interviene en la emisión de guías y que las Cartas de Porte son gestionadas mediante sistemas nacionales administrados por ARCA, sin participación del Estado provincial.

Según explicaron, el objetivo del sistema no es incrementar la burocracia, sino precisamente reducirla. Indicaron que la herramienta automatiza controles que anteriormente se realizaban de forma manual y permite detectar inconsistencias en las declaraciones juradas para que los propios contribuyentes puedan corregirlas o justificarlas antes de iniciar trámites ante Rentas.

Además, remarcaron que el C.A.B.I. no determina de oficio impuestos ni aplica sanciones automáticas, sino que únicamente identifica diferencias objetivas entre los datos declarados y las operaciones registradas.

Datos oficiales sobre el funcionamiento del sistema

El Ministerio recordó que mecanismos similares vienen utilizándose desde hace más de dos años y que fueron explicados oportunamente en la Cámara de Diputados. También precisó que el sistema se encuentra disponible para los contribuyentes desde marzo del año pasado y que recientemente se incorporó como requisito para la emisión de nuevos certificados de cumplimiento fiscal, medida que entrará plenamente en vigencia durante junio de este año.

De acuerdo con los datos oficiales, la medida alcanzó a menos del 1% de los contribuyentes activos y permitió fortalecer los controles vinculados a contrataciones con el Estado provincial.

Entre los resultados destacados por Hacienda figura una importante agilización de las compensaciones tributarias. Mientras antes de la implementación se procesaban entre seis y diez compensaciones mensuales, actualmente se superan las 85 por mes. El organismo informó además que ya se realizaron más de 600 trámites completamente automatizados y más de 1.000 compensaciones efectivas.

Asimismo, señalaron que más de 2.100 contribuyentes regularizaron su situación fiscal gracias a las alertas generadas por el sistema y que otros 4.800 validaron correctamente sus bases imponibles.

Un debate abierto sobre controles y presión fiscal

La discusión expone dos visiones contrapuestas sobre el rol de la tecnología en la administración tributaria. Mientras desde el PRO y la Fundación Pensar consideran que el C.A.B.I. incrementa la presión fiscal y genera obstáculos administrativos para el sector privado, el Gobierno provincial sostiene que la herramienta mejora la eficiencia de los controles, acelera trámites y brinda mayor transparencia tanto al Estado como a los contribuyentes.

Con el pedido de informes ya ingresado en la Legislatura y las explicaciones oficiales sobre la mesa, el debate promete continuar en el ámbito político y técnico, en un contexto donde la relación entre control fiscal, simplificación administrativa y actividad económica vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública pampeana.