El Gobierno impulsa la Ley Penal Juvenil en extraordinarias: buscarán bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este lunes que el Gobierno nacional incorporará la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso previstas entre el 2 y el 27 de febrero.

Durante una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la senadora y jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, el oficialismo decidió sumar este tema a un paquete legislativo que ya contemplaba la reforma laboral, cambios a la Ley de Glaciares, designaciones diplomáticas y el demorado acuerdo Unión Europea‑Mercosur.

La inclusión quedó sellada con un mensaje de Adorni en X: “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”.

Aunque el proyecto ya había conseguido dictamen de mayoría en mayo de 2025, no había logrado llegar al recinto. En diciembre pasado, el Ejecutivo estaba dispuesto a postergar el debate para marzo; sin embargo, el brutal asesinato del adolescente santafesino Jeremías Monzón, de 15 años, por el que están implicados dos menores de 14 años e inicialmente considerados inimputables, reactivó la presión interna y externa para bajar la edad de responsabilidad penal. Bullrich aprovechó el caso para reclamar la reforma y advirtió que “sin consecuencias, hay libertad para delinquir”.

¿Qué propone la Ley Penal Juvenil?

En la Argentina la edad de imputabilidad penal actualmente se fija en 16 años. La Ley Penal Juvenil que impulsa la Casa Rosada pretende reducirla a 14 años. Su objeto es establecer un régimen penal específico para adolescentes desde esa edad e incentivar en ellos un sentido de responsabilidad, garantizando educación, resocialización e integración social.

De acuerdo con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados en mayo de 2025:

• Principios y garantías: los procesos contra niños y adolescentes deben respetar todos los principios del sistema procesal acusatorio y la defensa en juicio, el derecho a ser oído y demás garantías procesales.

• Continuidad educativa: las sanciones no pueden interrumpir la escolaridad y se prevé la implementación de programas educativos coordinados con cada jurisdicción.

• Penas y alojamiento: las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años. Los adolescentes deberán permanecer en institutos de detención separados de los adultos y atendidos por personal especializado.

• Enfoque socio‑educativo: legisladoras que apoyaron el dictamen subrayaron que su finalidad es resocializadora y no meramente punitiva, mientras que la diputada Marcela Campagnoli destacó que se trata de crear un régimen con garantías que hoy los jóvenes de 16 a 18 no tienen.

La iniciativa también unifica normas actualmente dispersas y propone un sistema diferenciado al de adultos, con penas específicas y medidas orientadas a la reinserción social. Su redacción original, elaborada por el Ministerio de Justicia, incluso llegaba a considerar la imputabilidad desde los 13 años; el consenso en comisión la elevó a 14 años.

Debate político y oposiciones

El dictamen de mayoría fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques federales, pero recibió fuertes cuestionamientos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otras bancadas. El diputado Christian Castillo (FIT) argumentó que la inseguridad no se explica por las acciones de niñas y niños y que la evidencia internacional muestra que bajar la edad de punibilidad no disminuye la cantidad de delitos. El diputado Germán Martínez (UP) criticó que el debate “no está lo suficientemente maduro” y que se aceleró sin procesar adecuadamente la información. Fernando Carbajal, del espacio Democracia Para Siempre, alertó que el dictamen no se ajusta al proyecto original del Ejecutivo.

Estas diferencias reflejan la tensión entre un enfoque que busca enviar una señal fuerte contra la delincuencia juvenil y quienes advierten que la reducción de la edad de imputabilidad puede criminalizar a menores sin resolver las causas profundas de la violencia. El oficialismo, por su parte, sostiene que la inexistencia de consecuencias penales entre los 14 y 16 años estimula la repetición de hechos graves. La senadora Patricia Bullrich ha insistido en que el Congreso debe definir si está del lado de las víctimas o de los delincuentes.

Temas centrales de las sesiones extraordinarias

La incorporación de la Ley Penal Juvenil se produce en un paquete legislativo amplio. Para las extraordinarias de febrero, el Ejecutivo ya había convocado a debatir:

Tema	Objetivo	Referencia
Reforma Laboral	Modernizar la legislación laboral y flexibilizar la contratación, un objetivo central del presidente Javier Milei.	Gobierno
Modificación de la Ley de Glaciares	Ajustar las restricciones ambientales para permitir ciertas explotaciones mineras.	Gobierno
Pliegos diplomáticos	Designar al diputado Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario conforme a la Ley del Servicio Exterior.	Gobierno
Acuerdo Unión Europea‑Mercosur	Autorizar la aprobación del tratado, cuyo futuro es incierto tras el envío del acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE.	Gobierno

La designación de la ley penal juvenil, por lo tanto, añade un debate sobre seguridad y responsabilidad penal a una agenda ya cargada y controvertida. Fuentes oficiales no descartan incorporar otros temas a medida que avance febrero.

Qué esperar

Las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero ofrecerán un escenario donde el oficialismo intentará capitalizar la indignación social tras el caso Jeremías Monzón para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, la votación promete ser ajustada: el proyecto de Ley Penal Juvenil no llegó al recinto en 2025 justamente por falta de consensos y enfrenta críticas de sectores que alertan sobre su impacto en los derechos de la infancia. A la vez, la iniciativa trae consigo un debate más amplio sobre cómo el Estado aborda la violencia juvenil: ¿punitivismo o políticas socio‑educativas?

El encuentro en Casa Rosada y la confirmación de Adorni marcan el inicio de una estrategia legislativa con múltiples frentes. De prosperar, la reducción de la edad de imputabilidad constituiría una de las reformas penales más profundas de las últimas décadas y modificaría un régimen vigente desde 1980. El desarrollo de las extraordinarias mostrará si el Gobierno logra que su proyecto obtenga la media sanción que se le escapó el año pasado y cómo se reconfiguran las alianzas políticas en torno a un tema que polariza a la sociedad.