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El Medanito: Noelia Sosa cuestionó el informe ambiental de PCR y el Gobierno salió a responderle con dureza
- La Pampa
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La diputada provincial del Frejupa Noelia Sosa volvió a quedar en el centro de la polémica por el futuro del área hidrocarburífera El Medanito, al rechazar públicamente la aprobación del Informe Final Ambiental (IFA) presentado por la empresa PCR en el marco del cierre de la concesión del yacimiento. Sus declaraciones generaron una inmediata y contundente respuesta del Gobierno provincial, que acusó a la legisladora de intentar "embarrar un proceso transparente" y de formular denuncias sin sustento técnico.
La controversia se produjo luego de la audiencia pública realizada esta semana para analizar el informe ambiental elaborado por la concesionaria, cuya operación del área está próxima a finalizar.
Las objeciones de Sosa
La diputada participó de la audiencia acompañada por el abogado Alejandro Gigena y sostuvo que el informe presentado por la empresa no reúne las condiciones necesarias para ser aprobado.
Según manifestó a través de un comunicado, los cuestionamientos se apoyan en informes técnicos incorporados al expediente administrativo y apuntan al presunto incumplimiento de la Ley Provincial N.º 3.018 y su Decreto Reglamentario 2229/19, normativa que regula los procedimientos de saneamiento ambiental de pozos hidrocarburíferos abandonados o próximos a abandonar.
"Argumentamos que se ha violado en forma total y flagrante la Ley Provincial N.º 3.018, situación que condiciona negativamente la aprobación del Informe Final Ambiental", sostuvo la legisladora.
Sosa remarcó que la legislación vigente declara de interés público el abandono temporal o definitivo de pozos hidrocarburíferos debido a los riesgos ambientales que pueden generar.
En ese sentido, advirtió que la falta de sellado, control y monitoreo adecuado puede derivar en contaminación de acuíferos, migración de fluidos, emisiones gaseosas y afectación del suelo y subsuelo.
"La documentación presentada no informa ni deja constancia de que el saneamiento ambiental de los pozos abandonados o a abandonar cumpla con la normativa vigente", afirmó.
Cuestionamientos sobre residuos y remediación
La diputada también puso el foco sobre el tratamiento de los suelos contaminados y residuos peligrosos existentes en el área.
Según indicó, informes técnicos internos mencionan que todavía resta presentar cronogramas ejecutivos y costos integrales para tareas específicas que fueron requeridas por las autoridades competentes.
Además, cuestionó que la empresa proponga garantizar únicamente el 50% del monto estimado para la remediación total del área cuando, según interpretó, la legislación exige asegurar la ejecución completa de los planes de saneamiento ambiental.
Por ese motivo, consideró que el IFA no debería ser aprobado hasta tanto se subsanen todas las observaciones planteadas.
Reclamo por responsabilidades de control
Otro de los puntos destacados por Sosa fue el pedido para que se determine si existieron responsabilidades administrativas, funcionales o legales por parte de funcionarios encargados del control ambiental.
"Dejamos formalmente planteada la necesidad de que se determine la eventual responsabilidad administrativa, funcional y legal de quienes, teniendo el deber de controlar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, permitieron que estas irregularidades llegaran hasta esta instancia", sostuvo.
La legisladora mantiene desde hace meses una postura crítica respecto del proceso de cierre de la concesión y del tratamiento de los pasivos ambientales en El Medanito.
Incluso presentó anteriormente una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que se investigaran presuntas irregularidades vinculadas al abandono de pozos hidrocarburíferos y el accionar de los organismos de control.
La respuesta del Gobierno provincial
Las declaraciones de Sosa generaron una respuesta conjunta de todo el Gabinete provincial, que emitió un duro comunicado rechazando las acusaciones y respaldando el trabajo de los organismos técnicos involucrados.
Desde el Ejecutivo afirmaron que las expresiones de la diputada sólo pueden atribuirse a "un profundo desconocimiento del procedimiento administrativo, técnico y ambiental en curso" o a la decisión de prestarse a intereses políticos ajenos.
El Gobierno sostuvo que las observaciones señaladas por la legisladora no constituyen irregularidades descubiertas por ella, sino aspectos que precisamente continúan bajo evaluación por parte de las autoridades competentes.
"Los pendientes en cronogramas ejecutivos, costos integrales y garantías de ejecución son exactamente los puntos que las autoridades de aplicación mantienen abiertos y bajo análisis riguroso. Eso no demuestra una falla del control; demuestra que el control está funcionando", señalaron.
Asimismo remarcaron que la Provincia no aprobará ningún informe que no cumpla con todas las exigencias legales y ambientales vigentes.
"No son irregularidades consumadas"
Desde Casa de Gobierno también cuestionaron que se presenten como hechos consumados situaciones que todavía forman parte de un expediente administrativo en evaluación.
"Intentar instalar que existen irregularidades cuando el procedimiento aún no concluyó busca generar sospechas infundadas sobre organismos y funcionarios que están actuando dentro del marco legal vigente", expresaron.
En el mismo sentido, consideraron que solicitar investigaciones sobre funcionarios antes de que exista una resolución administrativa constituye una estrategia de hostigamiento político más que una preocupación técnica.
Un debate que sigue abierto
El cruce se produce en un momento especialmente sensible para El Medanito, ya que el proceso de transición operativa del área se encuentra en marcha tras la adjudicación provisoria a Ribeiro SRL y mientras continúa el análisis ambiental vinculado al cierre de la etapa operada por PCR.
Desde el Gobierno recordaron además que la denuncia presentada por Sosa ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue archivada y remarcaron que ningún otro integrante del Frejupa ni de la oposición acompañó sus planteos judiciales.
Mientras tanto, el futuro ambiental del principal yacimiento petrolero de La Pampa continúa bajo evaluación de los organismos competentes, en un debate que combina cuestiones técnicas, ambientales y políticas y que promete seguir generando controversias en los próximos meses.
