Escándalo en la justicia federal: investigan a un suboficial por presunto robo de dinero de pruebas judiciales en Santa Rosa

Un grave caso de presunta corrupción sacude al ámbito judicial y policial en la provincia de La Pampa, luego de que se iniciara una investigación contra un suboficial de la Policía Federal Argentina (PFA), acusado de sustraer dinero de los depósitos de secuestros y evidencias del Juzgado Federal de Santa Rosa.

El hecho tomó estado público tras un allanamiento realizado durante la mañana del sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Toscano Sur, procedimiento que fue llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones y una unidad especial de la Policía de La Pampa. La medida fue ordenada por la jueza federal María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Bahía Blanca, a partir de un requerimiento del fiscal federal Nicolás Cupayolo.

Según las fuentes oficiales, el suboficial investigado se desempeñaba en funciones de custodia en el sector donde se almacenan elementos secuestrados en el marco de causas judiciales, tales como dinero en efectivo, documentación y otros materiales probatorios. La principal hipótesis sostiene que, aprovechando su rol y acceso directo, habría vulnerado sobres lacrados para apropiarse de sumas de dinero correspondientes a distintos expedientes.

Durante el operativo, que arrojó resultados positivos, se secuestraron teléfonos celulares tanto del efectivo como de su pareja, los cuales serán sometidos a pericias en las próximas horas. Además, por disposición judicial y en acuerdo con la Jefatura local de la PFA, se procedió al retiro preventivo de su arma reglamentaria.

El acusado fue notificado formalmente en libertad y quedó a disposición de la Justicia Federal, que ahora busca determinar la magnitud de las maniobras: cuántas veces se habrían producido estas sustracciones y cuál sería el monto total del dinero faltante.

El caso genera una fuerte preocupación en el ámbito judicial, ya que pone en cuestión la cadena de custodia de pruebas sensibles, un aspecto clave para garantizar la transparencia y validez de los procesos penales en curso. La investigación continúa en manos del Juzgado Federal de Bahía Blanca, que avanzará con nuevas medidas para esclarecer lo sucedido.