Escándalo ganadero en La Pampa: una pareja quedó con arresto domiciliario por una millonaria estafa con mil vacunos

Una presunta maniobra fraudulenta que habría dejado un perjuicio económico de 800 millones de pesos sacudió al sector ganadero del norte pampeano. La Justicia de General Pico investiga a una pareja acusada de haber adquirido mil cabezas de ganado con cheques sin fondos, los cuales nunca fueron reemplazados ni abonados. Los imputados, Ana Paula Courreges (37) e Iván Ezequiel Fiorini (38), fueron detenidos y cumplen arresto domiciliario en General Pico, con tobillera electrónica.

El hecho fue denunciado por la firma “San Jorge S.A.” de Rancul, que entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 concretó la venta de unos mil vacunos a la empresa “San Pablo Oeste S.A.”, dirigida por Courreges y Fiorini. El acuerdo fue respaldado con cheques electrónicos por un monto total de 800 millones de pesos, los cuales, al momento de ser cobrados, fueron rechazados sistemáticamente por falta de fondos.

De prófugos a detenidos

Tras la denuncia penal presentada en mayo, la jueza de control Jimena Cardoso autorizó un allanamiento en General Pinto, provincia de Buenos Aires, que resultó infructuoso. Los acusados se mantuvieron en calidad de prófugos durante semanas, hasta que el martes pasado se presentaron voluntariamente ante la fiscalía piquense, acompañados por sus abogados Jorge y Hernán Salamone.

Allí fueron indagados por el fiscal Matías Juan, quien solicitó la prisión preventiva por 90 días en un establecimiento carcelario, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa, por su parte, pidió medidas sustitutivas o arresto domiciliario. Finalmente, la jueza Cardoso resolvió que la pareja cumpla el arresto en un domicilio alquilado en General Pico, bajo control policial periódico y monitoreo con tobillera electrónica.

“Nunca fue nuestra intención estafar”

Durante su declaración, los imputados reconocieron las operaciones y la emisión de los cheques rechazados, pero aseguraron que no existió intención de estafa. Justificaron la falta de pago en una crisis económica provocada —según dijeron— por inundaciones, mortandad de animales y otras adversidades productivas.

Sin embargo, el fiscal Matías Juan remarcó que la empresa denunciada ya acumula cheques rechazados por unos 5.000 millones de pesos, lo que para la Fiscalía refuerza la hipótesis de una conducta delictiva planificada. “Nuestra teoría del caso apunta obviamente a una estafa. Consideramos que sabían que esos cheques no iban a ser pagados, y aún así se hicieron de todos los animales”, expresó el fiscal en diálogo con medios locales.

Los vacunos, desaparecidos

Uno de los puntos más sensibles de la causa es el destino de los animales. Según confirmó el fiscal, no se ha podido recuperar ninguna de las mil cabezas de ganado. Se presume que fueron rápidamente revendidas, faenadas o derivadas a frigoríficos, por lo que su rastro se ha perdido.

“Es probable que hayan sido vendidos a terceros compradores de buena fe y ya no se puedan localizar. La empresa damnificada, por el momento, busca el enjuiciamiento penal de estas personas. No hubo ningún ofrecimiento de conciliación ni de reparación económica”, sostuvo Juan.

Qué podría pasar

La causa, que todavía está en etapa de Investigación Fiscal Preparatoria, podría derivar en un juicio oral si no se llega a un acuerdo entre las partes. La figura penal de estafa simple contempla penas que van desde un mes hasta seis años de prisión. No obstante, dada la magnitud del daño causado y el volumen de la operación, no se descarta que la Fiscalía solicite una pena de cumplimiento efectivo.

“El perjuicio es enorme y conmocionó al sector ganadero. La defensa puede impugnar la medida de arresto domiciliario, pero nosotros seguiremos profundizando la investigación y reuniendo pruebas”, concluyó el fiscal.

El caso deja al descubierto no solo una estafa de proporciones extraordinarias, sino también las vulnerabilidades del sistema comercial ganadero frente a operadores inescrupulosos. Mientras tanto, la comunidad agropecuaria pampeana sigue de cerca una investigación que promete tener un fuerte impacto en los tribunales.