Fuerte reclamo en el Congreso por el abandono de la obra pública: “Las provincias quedaron a la deriva”

En una jornada cargada de tensión política e institucional, el Congreso de la Nación fue escenario de un encendido debate por la paralización de la obra pública en el país. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados convocó a funcionarios provinciales para exponer la crítica situación de las infraestructuras viales, pero la ausencia del secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, y del titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, encendió una ola de cuestionamientos hacia el Gobierno nacional.

La voz que más resonó fue la del ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, quien no dudó en señalar la falta de compromiso del Ejecutivo nacional con las provincias. “Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional abandonó las obras públicas y dejó a las provincias a la deriva”, denunció. En su intervención, detalló que el gobierno de Sergio Ziliotto debió asumir obras que originalmente eran responsabilidad de Nación. “En La Pampa hay 1.479 kilómetros de rutas nacionales abandonadas, lo que representa un grave peligro para los ciudadanos”, advirtió con preocupación.

Por su parte, el jefe de la Dirección Provincial de Vialidad pampeana, Santiago Chaer, alertó sobre el deterioro acelerado de las infraestructuras viales: “Una obra vial es como una casa: si no se mantiene, se deteriora rápidamente. Si no se toman medidas urgentes, más de la mitad de las rutas provinciales se verán afectadas en poco tiempo”.

La reunión estuvo marcada por la ausencia de representantes del Gobierno nacional, un gesto que generó un profundo malestar entre los diputados. José Herrera, presidente de la Comisión, ironizó con dureza: “Dicen que no vinieron por cuestiones de agenda, pero la obra pública está detenida, así que no sé cuál será su prioridad”.

A su turno, el jefe del bloque “Unión por la Patria”, Germán Martínez, interpretó el faltazo como una decisión política. “Está claro que estos funcionarios no tienen intención de solucionar el problema. Ignorar la crisis en la infraestructura del país es una decisión política”, disparó.

Desde Mendoza, el diputado Julio Cobos puso el foco en las consecuencias humanas y económicas del deterioro vial. “El Gobierno subestima que una ruta en mal estado genera muertes. Hoy tenemos el doble de víctimas fatales en accidentes de tránsito que por homicidios. Además, en un país donde el transporte depende casi exclusivamente de las rutas terrestres, el costo de traslado sube y afecta directamente los precios que paga el consumidor”, explicó.

Gremios y expertos también alzan la voz

La preocupación por la paralización de la obra pública también llegó desde el ámbito sindical y técnico. Ricardo Lasca, del Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (Conaduv), propuso destinar parte del impuesto al combustible a la recuperación de rutas: “Más de 5.000 personas mueren al año en accidentes que podrían evitarse con mejores carreteras. Es urgente tomar medidas”.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales, Ana María Aleña fue contundente al cuestionar la falta de transparencia en el manejo de los recursos: “Alguien debería explicar qué pasó con los 344 millones de pesos que no llegaron a Vialidad”. Y advirtió que la entidad se encuentra desfinanciada, en peligro de disolución.

En la misma línea, el secretario general de ATE-Vialidad, Pablo Zelaschi, alertó sobre un retroceso al modelo privatizador de los años noventa: “El 80% de las rutas del país serán intransitables si seguimos con este modelo de privatización encubierta. Estamos volviendo al sistema que fracasó y solo benefició a la patria contratista”.

Desde el Sindicato de Peajes, María Florencia Cañabate reveló que decenas de trabajadores de Caminos del Río Uruguay perderán sus empleos sin indemnización en abril. “Vialidad nos dijo que no tienen competencia en el tema, pero es evidente que el desmantelamiento del sector está en marcha”, denunció.

Sin respuestas del Gobierno y con una crisis en expansión

El encuentro en el Congreso dejó al descubierto la dimensión estructural de la crisis en la obra pública argentina. Más allá de las cifras y los discursos, se evidenció un Estado nacional ausente, una red vial al borde del colapso, trabajadores en riesgo y miles de ciudadanos expuestos a rutas peligrosas.

En este contexto, los legisladores de la oposición anticiparon que impulsarán un pedido de interpelación a los funcionarios responsables de Obras Públicas, con el objetivo de que expliquen la situación y presenten un plan de acción concreto.

Mientras tanto, las provincias siguen soportando solas el peso de una infraestructura que se deteriora día a día, y la incertidumbre se instala en todos los rincones del país.