La Corte Suprema admitió la demanda de La Pampa por los fondos ATN y le dio 60 días a Nación para responder

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió admitir la demanda presentada por el Gobierno de La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los fondos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en una decisión que representa un importante avance institucional para el reclamo impulsado por la administración provincial.

Con esta resolución, el máximo tribunal se declaró competente para intervenir en la causa y emplazó al Gobierno nacional a responder formalmente los argumentos planteados por la Provincia en un plazo de 60 días.

La acción judicial había sido promovida en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Romina Schmidt y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

El eje del reclamo pampeano

La Provincia presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad para exigir que los recursos correspondientes al uno por ciento destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integren la masa coparticipable y sean distribuidos automáticamente entre las provincias, tal como establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.

En la demanda, el Gobierno pampeano sostuvo que los fondos ATN pertenecen a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación constitucional y legal de distribuirlos para asistir a las jurisdicciones ante emergencias o desequilibrios financieros.

Además, la presentación judicial afirma que, en medio de la crisis económica y la caída de ingresos provinciales, el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, incumpliendo con las obligaciones previstas en la normativa vigente y afectando directamente las finanzas provinciales.

Fondos retenidos y federalismo fiscal

Según se detalló en el planteo, cuando se presentó la demanda en mayo de 2024 el Gobierno nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias argentinas. Desde La Pampa señalaron que esa situación profundizaba el ahogo financiero de los estados provinciales.

El Ejecutivo pampeano también remarcó que, hasta ese momento, Nación solo había transferido alrededor de 10.300 millones de pesos a unas pocas jurisdicciones, una cifra considerada mínima frente al volumen total de recursos acumulados y no distribuidos.

La demanda recordó además que la última distribución masiva de ATN ocurrió en noviembre de 2023, cuando el anterior Gobierno nacional giró 131 mil millones de pesos a las 24 jurisdicciones federales.

Críticas a la “discrecionalidad” en el reparto

Otro de los puntos centrales del reclamo es el cuestionamiento al actual esquema de distribución de fondos, que —según la Provincia— quedó sujeto a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos ni criterios automáticos de reparto.

Para el Gobierno de La Pampa, esta metodología contradice los principios establecidos en la reforma constitucional de 1994, particularmente el artículo 75 inciso 2, que establece una distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables.

La administración provincial también advirtió sobre un “deterioro progresivo del federalismo fiscal” y una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional, en perjuicio de las provincias.

Un primer paso judicial clave

Desde el Gobierno pampeano destacaron que la resolución de la Corte Suprema constituye “un primer paso concreto” en el tratamiento del reclamo y abre formalmente el proceso judicial que deberá determinar si el Estado nacional incumplió con sus obligaciones constitucionales y legales respecto de la distribución de los fondos ATN.

El avance de la causa se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Nación y las provincias por la caída de recursos, la reducción de transferencias y el impacto financiero que enfrentan los estados provinciales y municipales en todo el país.