La Corte Suprema dejó firme la condena y detuvieron al exintendente David Bravo por trata de personas

El exintendente de Colonia 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, fue detenido este viernes en su domicilio luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a cinco años de prisión por su participación necesaria en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La detención fue ordenada por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa tras ser notificado de que el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario en queja presentado por la defensa del exjefe comunal. La medida se concretó cerca de las 11 de la mañana en su vivienda de la calle Trenel, en 25 de Mayo, por parte de efectivos de la Policía de La Pampa.

Un fallo que quedó firme

La Corte, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último recurso presentado por la defensa, lo que dejó firme la sentencia dictada en febrero de 2023 por el Tribunal Oral Federal y previamente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Bravo fue condenado como partícipe necesario del delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de su situación de vulnerabilidad y con fines de explotación sexual, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas.

La causa también tuvo como condenada a Nurys Caraballo Castillo, señalada como autora del delito y responsable de los locales nocturnos involucrados.

Cómo comenzó la causa

La investigación se inició el 13 de diciembre de 2011 a partir de una denuncia realizada ante la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones por una joven dominicana que aseguró haberse escapado de un prostíbulo que funcionaba en 25 de Mayo.

La denunciante relató maltratos y amenazas, y sostuvo que otras mujeres —una de ellas embarazada— atravesaban la misma situación. También manifestó que no acudía a la policía porque “sabían todo” y que cuando el jefe comunal visitaba el cabaret “le daban mil pesos y él firmaba”.

El 16 de diciembre de 2011 se realizó un allanamiento en el local “Venus”, donde se constató la presencia de diez mujeres —nueve dominicanas y una argentina— y habitaciones con varias camas donde vivían y se realizaban los “pases”. Durante el procedimiento, se exhibió una habilitación municipal bajo el rubro “cabaret”, firmada por Bravo y a nombre de Caraballo Castillo.

Sin embargo, existía una ordenanza municipal del 3 de septiembre de 2010, también firmada por el entonces intendente, que prohibía la habilitación de cabarets, whiskerías, clubes nocturnos y night clubs en el distrito por encubrir el delito de trata de personas y violar la Ley de Profilaxis.

Con el avance de la causa se comprobó además que el local cambió su nombre a “Restó Bar Karjbjan” —luego conocido como “Karibian”— y continuó funcionando bajo la misma modalidad, también con habilitación municipal.

El procedimiento de detención

Tras la notificación del fallo de la Corte, la fiscal federal Iara Silvestre solicitó la inmediata detención. El Tribunal Oral Federal —integrado por los jueces José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava— ordenó la captura.

El subjefe de la Unidad Regional IV, comisario Juan José Martiní, junto a personal de la Comisaría Departamental de 25 de Mayo, concretó el arresto “con su colaboración y sin incidentes”. Posteriormente, el exintendente fue trasladado al hospital Jorge Ahuad para los exámenes médicos de rigor y luego alojado en dependencias policiales.

Por su condición de exfuncionario, no puede ser alojado junto a la población carcelaria común. Su destino definitivo quedará en manos del juez de Ejecución Penal del Juzgado Federal de Santa Rosa. Ante la falta de cupos en la Unidad 4 de Santa Rosa, se analizan posibles traslados a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal en Marcos Paz o Ezeiza.

El cómputo de la pena

La condena es de cinco años de prisión efectiva. Ahora deberá realizarse el cómputo de pena correspondiente. Según la legislación vigente, podría acceder a la libertad condicional tras cumplir las dos terceras partes de la condena, es decir, tres años y cuatro meses.

La carta pública de Bravo

Horas antes de su detención, Bravo publicó una carta en redes sociales en la que sostuvo que es víctima de una “persecución política” destinada a apartarlo de la actividad pública. Afirmó que, tras 17 años de proceso, seguirá “esperando Justicia” y que la política “se resuelve en las urnas”.

No obstante, con el rechazo definitivo de la Corte Suprema, la sentencia quedó firme y el exintendente deberá cumplir la pena impuesta por la Justicia Federal en una causa que se extendió por más de una década y que marcó un precedente en la provincia en materia de responsabilidad institucional frente al delito de trata de personas.