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La Justicia investiga a dos docentes por presentar certificados médicos falsos para obtener licencias
- La Pampa
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La Justicia de Santa Rosa avanza en una investigación que involucra a dos docentes acusadas de haber presentado certificados médicos falsificados para justificar inasistencias laborales, en un caso que podría derivar en severas consecuencias penales y administrativas.
La causa se encuentra en etapa de investigación fiscal preparatoria y tuvo un importante avance tras una audiencia realizada en la Sala 2 de la Oficina Judicial, donde la jueza María Florencia Maza dio formal impulso al proceso contra Laura Andrea Emilio y Valeria Marina Elizalde.
Cómo se descubrió la maniobra
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Personal, que detectó inconsistencias en la documentación médica presentada por ambas docentes para justificar licencias.
De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal Guillermo Sancho, Laura Emilio —quien además trabajaría en el centro Torre Médica— habría utilizado su conocimiento o acceso a ese ámbito para confeccionar certificados apócrifos. En total, presentó diez documentos ante el organismo estatal y también habría facilitado al menos uno a su colega Elizalde.
El esquema comenzó a desmoronarse cuando desde la Dirección de Personal decidieron contactar a las médicas cuyas firmas figuraban en los certificados. La respuesta fue categórica: ninguna de las profesionales había atendido a las imputadas, y tanto las firmas como los sellos no correspondían a prácticas médicas reales.
Delitos imputados y posibles penas
Las dos docentes enfrentan cargos de distinta gravedad según su presunta participación en la maniobra:
Laura Andrea Emilio: imputada por falsificación de instrumento privado y fraude a la administración pública.
Valeria Marina Elizalde: imputada por uso de certificado médico falso y fraude a la administración pública.
Las penas en expectativa no son menores.
La falsificación de instrumento privado contempla entre 1 y 6 años de prisión, mientras que el fraude a la administración pública prevé condenas de 2 a 6 años de reclusión.
Allanamientos y pruebas clave
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en los domicilios de ambas imputadas, donde se secuestraron elementos considerados de interés para la causa.
Sin embargo, una de las medidas más relevantes dispuestas por la jueza Maza, a pedido del fiscal Sancho, fue la apertura de los teléfonos celulares de las acusadas. El objetivo es analizar posibles comunicaciones que permitan establecer si existió coordinación en la confección y entrega de los certificados, o si hay otras personas involucradas en la maniobra.
Consecuencias administrativas en marcha
Más allá del proceso penal, ambas docentes también enfrentan un sumario administrativo en el ámbito del Ministerio de Educación, lo que podría derivar en sanciones laborales, incluyendo eventuales cesantías.
Las imputadas son asistidas por los abogados particulares Benjamín Ortiz y José Mario Aguerrido.
Un caso que genera preocupación
El caso genera preocupación en el ámbito educativo y administrativo, ya que pone en foco el uso indebido de licencias médicas y la posible existencia de mecanismos irregulares para obtener beneficios laborales. La investigación continúa su curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
