La Libertad Avanza acelera la discusión de la reforma laboral: el Senado abre esta semana la comisión clave

El Gobierno nacional se dispone a enviar al Congreso su proyecto de reforma laboral y la vicepresidenta Victoria Villarruel ya preparó la primera parada legislativa: esta semana se abrirá en el Senado el debate en comisión. La Libertad Avanza (LLA) quiere que el proyecto, que busca modernizar el régimen de empleo y reducir los costos laborales, obtenga dictamen lo antes posible para llegar al recinto antes de fin de año. Sin embargo, el desafío político y sindical que enfrenta el oficialismo promete una batalla prolongada.

La batalla por la Comisión de Trabajo

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta será el escenario inicial de la discusión. Tendrá 17 miembros y, según fuentes legislativas, el peronismo contaría con seis lugares; La Libertad Avanza entre cuatro y cinco; y el resto se distribuirá entre la UCR, el PRO y bloques provinciales. Con esa composición, el oficialismo necesita aliados para lograr mayoría: su bloque suma 20 senadores (19 hasta que asuma Enzo Fullone) y para obtener quórum y aprobar la ley se requieren 37 votos. Por eso, Patricia Bullrich —designada para presidir temporalmente la comisión— trabaja para sumar el apoyo de los diez senadores radicales, los cinco del PRO y al menos dos provinciales.

La idea de Bullrich es abrir la discusión el jueves y tratar de dictaminar antes del 30 de diciembre, aunque en el propio oficialismo admiten que lo más probable es que la sanción llegue recién entre enero y febrero. La senadora radical Carolina Losada, una de las voces que podrían inclinar la balanza, sostuvo que “hay muchísimas posibilidades” de que el proyecto sea aprobado y aseguró que incluye “puntos súper favorables para los trabajadores y para las pymes”. En contraste, la iniciativa es rechazada por la bancada peronista, la CTA y la CGT, que alertan sobre la pérdida de derechos.

Los ejes del proyecto: indemnizaciones, fondos y nuevas reglas laborales

La propuesta que el Gobierno enviará al Senado retoma varios puntos debatidos en el Consejo de Mayo y busca modernizar las relaciones laborales.

Estos son algunos de sus aspectos centrales:

• Redefinición de la remuneración y cálculo de indemnizaciones. El texto aclara que la “remuneración” incluye solo lo devengado y pagado cada mes; excluye conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales. Así, la indemnización por despido sin causa se seguirá calculando sobre un mes de sueldo por año de servicio, pero con una base más acotada. En paralelo se habilita el pago de salarios en pesos o moneda extranjera y la incorporación de componentes “dinámicos” ligados al mérito.

• Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El proyecto crea fondos de asistencia laboral destinados a facilitar el pago de indemnizaciones. Cada empleador deberá constituir una cuenta de patrimonio separado y aportar mensualmente un 3 % de las remuneraciones que se toman como base para las contribuciones al sistema previsional. A cambio, las empresas acceden a una reducción de tres puntos en su contribución patronal al SIPA.

• Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Para incentivar el empleo formal, se propone por un año un régimen que reduce las alícuotas de las contribuciones patronales: 2 % al SIPA, FNE y RNAF; 3 % al INSSJP; y 3 % al FAL durante los primeros 48 meses de una nueva relación laboral. Este incentivo apunta a nuevos trabajadores que no hayan estado registrados o hayan estado desempleados.

• Banco de horas y vacaciones fraccionadas. Se habilita un “banco de horas” voluntario para acumular horas extras y compensarlas con días libres en el futuro y se permite fraccionar las vacaciones en períodos de al menos siete días. El empleador deberá notificar la fecha con 45 días de anticipación.

• Cambios en los convenios colectivos. La reforma elimina la ultraactividad: una vez vencido un convenio, solo permanecen vigentes las cláusulas normativas hasta que entre en vigor un nuevo acuerdo. Además, se altera la prelación: los convenios de ámbito menor (por empresa) pasan a prevalecer sobre los de ámbito mayor.

• Límites a la acción sindical. Las asociaciones sindicales deberán pedir autorización al empleador para realizar asambleas, indicando horario y duración; los trabajadores no cobrarán salario durante la reunión. Se consideran infracciones graves los bloqueos y tomas de establecimientos y se reduce de 10 horas mensuales el crédito horario de los delegados. También se amplía la lista de servicios esenciales, obligando a garantizar hasta 75 % de la prestación en caso de huelga.

• Beneficios al empleo ya registrado. El proyecto contempla reducir gradualmente las cargas patronales para el stock de trabajadores: en servicios y comercio con facturación alta, la alícuota bajará del 20,40 % al 17,40 % y para el resto del sector privado del 18 % al 15 %. Asimismo, el aporte del empleador a las obras sociales descenderá del 6 % al 5 %.

Choque con el sindicalismo y futuro del debate

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resumió que la “modernización laboral” se centra en la eliminación de la ultraactividad, la prioridad de los convenios de empresa y la reducción de la carga fiscal. No obstante, los gremios sostienen que la reforma recorta derechos históricos y anunciaron movilizaciones. La ampliación de los servicios esenciales —que incluye la educación y el cuidado de menores— es uno de los puntos más polémicos, porque limita el alcance de las huelgas.

Por ahora, la atención se focaliza en la negociación política. La Casa Rosada apuesta a un rápido dictamen en comisión y a sumar los votos necesarios en la UCR, el PRO y los bloques provinciales. El resultado del debate en el Senado no solo definirá el futuro de la reforma laboral, sino que también será una prueba de fuego para la capacidad del oficialismo de articular mayorías en un Congreso fragmentado. Como advirtió Losada, “quizás a lo que tienen miedo [los sindicatos] es que en alguna reforma se les termine algún curro o beneficio”. El conflicto entre la promesa de generación de empleo y la defensa de los derechos laborales promete intensificarse en las próximas semanas.