La Pampa apeló el rechazo de la cautelar contra la reforma de la Ley de Glaciares

El Gobierno de la Provincia de La Pampa presentó un recurso de apelación contra el rechazo de la medida cautelar vinculada a la reforma de la Ley de Glaciares, en una nueva ofensiva judicial que busca frenar la aplicación del nuevo régimen mientras se resuelve la cuestión de fondo. La acción fue impulsada de manera conjunta junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

La apelación será elevada a la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca y apunta directamente contra la resolución del Juzgado Federal que había rechazado la medida cautelar solicitada por los demandantes. Según se explicó en la nueva presentación judicial, el fallo incurrió en “un error sustancial” al no analizar la controversia desde una perspectiva ambiental, dejando de lado principios fundamentales del derecho ambiental moderno.

Entre esos principios, los impulsores de la demanda remarcaron el precautorio, el de prevención y el de no regresión, pilares jurídicos que obligan a actuar anticipadamente frente a posibles daños ambientales graves o irreversibles. En ese sentido, sostuvieron que la sentencia recurrida utilizó jurisprudencia y criterios que consideran inaplicables para este tipo de procesos ambientales.

Un reclamo centrado en la defensa del agua y el ambiente

Desde los organismos y entidades que impulsan la demanda reafirmaron una postura institucional firme frente a la reforma cuestionada. Señalaron que cuando están en juego recursos estratégicos como el agua, el ambiente y los derechos de las generaciones futuras, el Estado debe utilizar todas las herramientas legales disponibles para evitar retrocesos en materia de protección ambiental.

La apelación sostiene además que el fallo judicial realizó una interpretación “restrictiva e inadecuada” del requisito de peligro en la demora. Según argumentan, el riesgo no se limita únicamente a la existencia de un daño ambiental ya consumado, sino que también alcanza la posibilidad de que se habiliten futuras decisiones, autorizaciones o actividades bajo estándares ambientales debilitados respecto del régimen anterior.

En ese marco, advirtieron que podrían aprobarse intervenciones potencialmente dañinas sobre ecosistemas glaciares y periglaciares, cuyos impactos luego resultarían extremadamente difíciles —o incluso imposibles— de revertir.

Críticas al criterio del juez federal

Uno de los ejes más fuertes del recurso apunta al criterio adoptado por el magistrado al exigir la demostración de un perjuicio concreto, inmediato y plenamente individualizado para justificar la cautelar.

Los demandantes sostienen que esa interpretación contradice la lógica del derecho ambiental, ya que esperar la consumación efectiva del daño implicaría llegar demasiado tarde. Según remarcaron, para cuando exista una sentencia definitiva, los efectos derivados de la aplicación del nuevo régimen podrían encontrarse consolidados y materialmente irreversibles.

Además, la presentación judicial cuestiona la conclusión del juez respecto de la falta de “verosimilitud del derecho”, al entender que la demanda sí expuso con claridad las modificaciones regresivas introducidas por la reforma.

Qué cuestiona La Pampa sobre la nueva ley

En la apelación se señala que el nuevo esquema normativo reduce el alcance de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, debilitando el sistema nacional uniforme que regía hasta ahora.

También se advirtió que el Inventario Nacional de Glaciares pierde centralidad técnico-científica, que se relativiza el rol del IANIGLA y que se amplían los márgenes de discrecionalidad para autorizar actividades potencialmente lesivas para el ambiente.

De acuerdo con el planteo judicial, no se trata de una simple diferencia política respecto de la reforma, sino de un cambio profundo entre dos modelos jurídicos claramente distintos: uno anterior, basado en una protección uniforme, técnica y nacional; y otro posterior, que descentraliza decisiones clave y reduce los estándares de tutela ambiental.

Por ello, la Provincia sostiene que existe una “probabilidad jurídica seria” de que la reforma altere el sistema constitucional de protección ambiental vigente en Argentina.

Qué busca ahora la Provincia

Tal como fue reiterado en la apelación, la medida cautelar pretende suspender la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, impedir la emisión o ejecución de actos administrativos basados en el nuevo régimen y mantener vigente, de manera provisoria, el sistema de protección establecido por la Ley Nacional 26.639 hasta que exista una sentencia definitiva.

En esta nueva etapa judicial, el objetivo central será que la Cámara de Apelaciones revise el rechazo dispuesto en primera instancia y otorgue una protección urgente frente a los posibles efectos ambientales que podría generar la aplicación de la reforma cuestionada.

Fuente : APN