La Pampa pierde las regalías de Los Nihuiles y prepara una respuesta judicial contra Nación

El Gobierno nacional dispuso que Mendoza reciba la totalidad de los recursos del complejo hidroeléctrico. La decisión elimina un reparto vigente desde 1973 y motivó una fuerte reacción de Sergio Ziliotto, quien ordenó avanzar con una presentación judicial.

La disputa por el río Atuel suma un nuevo capítulo, esta vez con consecuencias directas sobre los ingresos pampeanos. El Gobierno nacional resolvió que Mendoza perciba el 100% de las regalías hidroeléctricas del Sistema Los Nihuiles, dejando a La Pampa fuera del esquema de distribución que ambas provincias compartían desde hace más de cinco décadas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma deja sin efecto el régimen establecido por el Decreto 1560/73, que disponía el reparto en partes iguales de esos recursos. Boletín Oficial.

La respuesta del Gobierno pampeano no se hizo esperar. Por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, la Fiscalía de Estado trabaja en la redacción de una presentación judicial para cuestionar el cambio y defender la participación provincial en las regalías.

“No solo Mendoza nos robó un río. Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos!”, expresó el mandatario.

Sus palabras reflejan el lugar que ocupa el Atuel en la agenda pampeana: una controversia que atraviesa gobiernos y generaciones, y que ahora vuelve a enfrentar a las dos provincias por los recursos económicos vinculados al aprovechamiento del río.

Hasta este cambio, el régimen contemplaba una regalía del 12% sobre la base de cálculo correspondiente a la energía vendida, distribuida por mitades. A La Pampa le correspondían seis puntos porcentuales y a Mendoza, los otros seis. Con la nueva disposición, la participación pampeana queda eliminada y la provincia cuyana pasa a concentrar la totalidad.

Para las cuentas provinciales, esto representa la pérdida de una fuente de ingresos que formaba parte del esquema de recursos disponibles. La información difundida no precisa todavía el monto anual del perjuicio, por lo que no es posible establecer qué peso tendrá sobre el presupuesto ni atribuirle recortes concretos en obras o servicios.

El antecedente que La Pampa buscará defender se remonta a 1973. Aquel reparto tuvo continuidad en un acuerdo celebrado en 1992 entre el Estado nacional, Mendoza y La Pampa, homologado por la Corte Suprema de Justicia. Ese recorrido será uno de los puntos centrales de la controversia sobre la decisión de modificar el régimen.

La posición nacional se apoya en una interpretación diferente: distingue el carácter interprovincial del río de la ubicación del aprovechamiento hidroeléctrico. Bajo ese criterio, considera que las regalías corresponden a Mendoza porque el complejo está situado íntegramente en su territorio. No se trata de asignarlas a un municipio, sino de determinar qué provincia tiene derecho a percibirlas. Diario Mendoza.

Hay, además, una distinción relevante en los fundamentos del decreto. El Ejecutivo reconoce que la norma de 1973 era válida y legítima, y rechaza su nulidad, pero decide dejarla sin efecto hacia adelante. De ese modo, diferencia la legalidad del reparto aplicado hasta ahora de su continuidad futura. Precisamente, la posibilidad de terminar ese esquema mediante una decisión nacional será parte del debate jurídico. Boletín Oficial.

En Mendoza, la noticia fue recibida con satisfacción. El gobernador Alfredo Cornejo celebró la asignación total de las regalías y sostuvo que permitirá ampliar la inversión, la infraestructura y el desarrollo provincial. Para su administración, representa la recuperación de recursos que considera propios; para La Pampa, supone la eliminación de una participación histórica.

La decisión también coincide con el proceso de renovación de las concesiones de Los Nihuiles. Nación invoca la necesidad de dar previsibilidad jurídica y económica a quienes participen de la licitación, un argumento que no desactiva el rechazo pampeano ni resuelve la controversia entre ambas jurisdicciones. Diario Mendoza.

La atención queda puesta ahora en la presentación que prepara la Fiscalía de Estado. Su contenido permitirá conocer los fundamentos del reclamo y las medidas que solicitará la Provincia. Por el momento, lo anunciado es la preparación de esa acción, sin que ello implique que exista una resolución judicial que suspenda el decreto.

Para La Pampa, la discusión vuelve a reunir dos reclamos estrechamente ligados a su historia: la defensa del Atuel y la participación en los beneficios de su aprovechamiento. Con el nuevo reparto dispuesto por Nación, esa disputa incorpora una urgencia económica y abre otro frente judicial.