Ley de Tierras: el límite político que Milei encontró en la soberanía

El Gobierno retiró del proyecto de Propiedad Privada el capítulo que flexibilizaba la compra de campos por parte de extranjeros. La falta de votos en el Senado convirtió un debate económico en una derrota política para el oficialismo y dejó al descubierto una discusión de fondo: si la tierra debe ser tratada únicamente como una mercancía o también como un recurso estratégico para el país.

La discusión sobre la extranjerización de las tierras rurales terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que una modificación legal. En pocas semanas, el Gobierno nacional pasó de proponer la eliminación de prácticamente todas las restricciones, a ofrecer un límite del 25% y, finalmente, a retirar por completo el capítulo ante la certeza de que sería rechazado en el Senado.

La decisión fue tomada este miércoles 5 de agosto, luego de una reunión encabezada por Patricia Bullrich con legisladores de bloques dialoguistas. El oficialismo mantendrá la sesión prevista para este jueves, pero intentará avanzar solamente con los capítulos vinculados a expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego. La reforma de la Ley de Tierras quedó afuera, al menos por ahora, y podría regresar más adelante mediante una iniciativa separada. TN informó que la retirada respondió a la presión de aliados y gobernadores.

No fue una concesión menor ni un simple cambio de agenda. Se trató de un retroceso político obligado por la falta de votos. El Gobierno comprobó que la defensa irrestricta de la propiedad privada encuentra un límite cuando la discusión involucra tierra productiva, agua, minerales, bosques, pasos fronterizos y grandes extensiones territoriales.

Una ley que no prohíbe, sino que establece límites

La Ley 26.737, sancionada en 2011, no impide que una persona o una empresa extranjera compre tierras rurales en la Argentina. Lo que hace es establecer una serie de restricciones destinadas a evitar una concentración excesiva.

La legislación vigente determina que las tierras rurales en manos extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie nacional, provincial y departamental o municipal. También dispone que los titulares de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo y fija, para cada propietario extranjero, un máximo equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva.

A esas barreras se suman controles especiales sobre campos que contienen cuerpos de agua importantes o se encuentran en zonas fronterizas.

Por eso, presentar el debate como una elección entre permitir o prohibir inversiones extranjeras resulta engañoso. Las compras ya están permitidas. La verdadera discusión es cuánto territorio puede quedar bajo propiedad foránea, en qué lugares, con qué grado de concentración y bajo qué controles estatales.

Del límite cero al 25% y, finalmente, la retirada

El proyecto original de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, eliminaba buena parte de esas restricciones y trasladaba a las provincias la posibilidad de autorizar, regular o impedir las operaciones.

Ante la resistencia parlamentaria, el oficialismo presentó sucesivas modificaciones. La última propuesta anunciada por Bullrich abandonaba la liberalización absoluta y elevaba el límite del 15% al 25% de la superficie nacional y provincial. Sin embargo, al mismo tiempo, desaparecían controles relevantes, como el máximo de hectáreas por comprador y el límite de concentración por nacionalidad.

Era una concesión en el discurso, pero una flexibilización muy amplia en los hechos.

El Gobierno defendió la propuesta con un argumento conocido: para desarrollar proyectos agrícolas, energéticos o mineros hacen falta capitales y grandes extensiones de tierra. Según esa visión, reducir las restricciones ofrecería seguridad jurídica, movilizaría operaciones inmobiliarias y atraería inversiones internacionales.

El problema es que comprar tierra no equivale necesariamente a invertir en producción. Una operación puede generar empleo, infraestructura y exportaciones, pero también puede responder a una estrategia especulativa, a la búsqueda de reservas de valor o al control futuro de recursos escasos. Sin obligaciones concretas de inversión, plazos de ejecución y compromisos laborales, la promesa de desarrollo queda librada a la voluntad del comprador.

El dato que debilitó la urgencia oficial

Actualmente existen alrededor de 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas o sociedades extranjeras. Representan casi el 5% de la superficie computada por el Registro Nacional de Tierras Rurales, lejos del límite nacional del 15%.

Desde 2018, la superficie extranjerizada aumentó aproximadamente un 6,25%, mientras que durante la gestión de Javier Milei se otorgaron 111 certificados de habilitación para operaciones de compra. Es decir, la ley vigente no cerró completamente el mercado ni impidió todas las inversiones. Los datos fueron informados por el Ministerio de Justicia y recopilados por Chequeado.

La preocupación aparece cuando se observa cómo están distribuidas esas propiedades. Aunque ninguna provincia supera actualmente el porcentaje máximo, numerosos departamentos ya se encuentran por encima del 15%. La concentración se registra especialmente en zonas cordilleranas, fronterizas y territorios vinculados con agua, minería, bosques o corredores logísticos.

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, identificó situaciones críticas en distintas regiones del país y señaló que Estados Unidos encabeza la lista de nacionalidades propietarias, con alrededor de 2,7 millones de hectáreas. El mapa elaborado por el organismo muestra que la extranjerización no es uniforme y se concentra en áreas estratégicas.

Esa diferencia es fundamental. Un porcentaje nacional relativamente bajo puede esconder concentraciones muy elevadas en lugares especialmente sensibles.

La soberanía no desaparece con una escritura, pero tampoco es una abstracción

Patricia Bullrich sostuvo que la compra de un campo por parte de un extranjero no convierte ese territorio en parte de otro país. Desde un punto de vista jurídico, la afirmación es correcta: el inmueble continúa bajo las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina.

Pero el debate no termina allí.

La soberanía no consiste solamente en mantener una bandera o una frontera formal. También implica conservar capacidad de decisión sobre los recursos, garantizar accesos, ordenar el territorio, controlar la explotación económica y evitar que determinadas áreas queden concentradas en actores con un poder superior al de las comunidades locales.

Un propietario extranjero no ejerce soberanía estatal, pero sí puede adquirir capacidad económica, territorial y política. Esa diferencia obliga a abandonar tanto las consignas fáciles como la idea de que todas las operaciones inmobiliarias son neutras.

No toda inversión extranjera representa una amenaza. Tampoco toda compra garantiza desarrollo. La tarea del Estado consiste precisamente en distinguir una cosa de la otra.

Un revés que atravesó a los bloques aliados

La principal repercusión política fue la ruptura del esquema de apoyos que el oficialismo suele construir con sectores de la UCR, el PRO y los partidos provinciales.

Gobernadores y legisladores que acompañaron otras reformas comenzaron a tomar distancia. La extranjerización de tierras resultó un asunto difícil de defender en sus provincias, especialmente en aquellas donde existen conflictos por el agua, la minería, los bosques, la producción agropecuaria o la ocupación de zonas fronterizas.

El Gobierno intentó transformar la discusión en una defensa de la inversión y la propiedad privada. La oposición, las organizaciones sociales y distintos mandatarios provinciales lograron colocarla en el terreno de la soberanía. En esa disputa política y cultural, el oficialismo quedó a la defensiva.

La reacción también mostró los límites del poder parlamentario libertario. La Casa Rosada puede negociar presupuestos, fondos, obras o cargos, pero existen temas cuya carga simbólica vuelve más costoso cualquier acuerdo. Ningún gobernador quiere regresar a su provincia cargando con la acusación de haber entregado el territorio.

La Pampa también hizo pesar su posición

La representación pampeana quedó involucrada directamente en el desenlace. Daniel Kroneberger, de la UCR, anticipó que votaría en contra de los cambios y aseguró que ya había comunicado su decisión al bloque. María Victoria Huala, del PRO, también manifestó reparos, mientras que el justicialista Daniel Bensusán mantenía su rechazo.

La postura de Kroneberger tuvo una importancia que excedió su voto individual. Su definición ayudó a profundizar las dudas dentro del radicalismo y dejó a otros legisladores aliados ante el costo de acompañar una iniciativa cada vez más resistida. La posición del senador pampeano fue confirmada antes de que el Gobierno retirara el capítulo.

Para una provincia como La Pampa, cuya economía, identidad y desarrollo están profundamente ligados a la tierra y al agua, el tema difícilmente podía reducirse a una cuestión inmobiliaria. La histórica defensa de los recursos hídricos y la importancia de la producción agropecuaria convierten cualquier modificación territorial en una discusión especialmente sensible.

Una derrota momentánea, no el final del debate

El retiro del capítulo representa una derrota para el Gobierno, pero no significa que la discusión haya terminado. El oficialismo dejó abierta la posibilidad de presentar una ley específica y buscar nuevos acuerdos.

La primera batalla, sin embargo, dejó varias señales. La estrategia de introducir reformas estructurales dentro de proyectos amplios volvió a encontrar resistencia. También quedó demostrado que los aliados parlamentarios no están dispuestos a acompañar todas las iniciativas sin medir primero el costo político en sus territorios.

La oposición, por su parte, consiguió una victoria concreta, aunque tendrá ahora el desafío de transformar el rechazo en una propuesta. Defender la ley vigente no debería impedir revisar sus fallas, actualizar los registros, transparentar las operaciones y mejorar los controles sobre sociedades, fideicomisos y estructuras empresariales utilizadas para ocultar a los verdaderos propietarios.

La Argentina necesita inversiones, pero también necesita reglas. Puede recibir capital extranjero sin renunciar a planificar su territorio. Puede proteger la propiedad privada sin convertir cada recurso estratégico en una mercancía disponible para el mejor postor.

La tierra no es solamente una extensión medida en hectáreas. Es producción, alimentos, agua, energía, ambiente, frontera y arraigo. Por eso, detrás de cada porcentaje hay una decisión política sobre quién tendrá capacidad de controlar una parte del futuro argentino.

El Gobierno retiró el capítulo porque no tenía los votos. Pero la razón más profunda del retroceso fue otra: descubrió que, cuando se discute la tierra, buena parte de la sociedad todavía considera que la soberanía no tiene precio.

AXEL JUNCOS