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Recuperan más de mil cabezas de ganado robadas en una estafa millonaria: operativo clave en Córdoba destapó una red de encubrimiento

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • 19 ene
  • 3 Min. de lectura

En un operativo judicial y policial de gran magnitud, la Justicia pampeana logró recuperar 1.060 animales que habían sido sustraídos mediante maniobras fraudulentas a la empresa San Jorge Cereales y Hacienda SA, en una causa que ya es considerada uno de los golpes más importantes contra el delito rural en la región.


El procedimiento se concretó entre los días 16 y 17 de enero en un establecimiento rural ubicado en Chaján, provincia de Córdoba, donde se investiga una presunta red de encubrimiento que habría permitido ocultar, engordar y preparar para su venta ilegal a la hacienda robada. La intervención llegó en un momento decisivo: según los investigadores, los animales estaban a punto de ser comercializados en feria para su posterior faena, lo que hubiera significado la pérdida definitiva de las pruebas.



Una estafa millonaria con múltiples ramificaciones

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en mayo de 2025, cuando se detectó una estafa estimada en 800 millones de pesos contra la firma pampeana, con sede en Rancul. Según la investigación, el fraude se habría concretado mediante la entrega de cheques sin fondos por parte de Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, representantes de San Pablo Oeste SA, ambos oriundos de General Pinto, provincia de Buenos Aires.


La pareja ya se encuentra imputada y formalizada en la causa, aunque actualmente permanece en libertad bajo medidas restrictivas, tras haber cumplido tres meses de prisión domiciliaria en General Pico.



El hallazgo que cambió el rumbo de la investigación

El descubrimiento de la hacienda robada abrió una nueva y decisiva arista en la investigación. De acuerdo a información recabada por el Ministerio Público Fiscal y registros del SENASA, los animales —vacas, vaquillonas preñadas y toros— fueron trasladados inicialmente a la provincia de Buenos Aires y, posteriormente, movilizados de manera sospechosa hacia un feedlot ubicado en Chaján.


El establecimiento, denominado “Carlos Tercero”, pertenece al reconocido feriero ganadero Carlos J. Lanser, y es administrado bajo la firma Agropecuaria La Madera SA. La hipótesis central de la fiscalía sostiene que Lanser habría actuado como encubridor, facilitando el resguardo y engorde de los animales para evitar su incautación y obtener luego ganancias millonarias mediante su venta.



Un allanamiento tenso y resistencia al accionar judicial

El procedimiento se realizó en el marco de un exhorto judicial firmado por el juez de Control de General Pico, Diego Ambrogetti, a solicitud del fiscal adjunto Matías Juan, y fue ejecutado a partir de una orden de allanamiento dictada por el juez de Control y Faltas de Río Cuarto, Diego Ortiz.


Según fuentes judiciales, el operativo estuvo marcado por momentos de alta tensión. El propietario del campo y algunos de sus puesteros adoptaron una actitud hostil y violenta contra los efectivos policiales de Chaján y de la unidad de investigaciones de Río Cuarto, con agresiones verbales y físicas e intentos de obstaculizar el procedimiento. Pese a ello, el accionar profesional de las fuerzas permitió asegurar el secuestro completo de la hacienda sin que se frustrara la medida judicial.



Restitución de la hacienda y próximos pasos judiciales

Por orden del juez Ortiz, los 1.060 vacunos recuperados fueron restituidos a la empresa damnificada, representada por los hermanos Ingaramo y Viano, quienes quedaron a cargo de los animales en carácter de depositarios judiciales. La hacienda fue trasladada a un campo de la firma en Fortuna, logrando recuperar casi la totalidad de los 1.133 animales denunciados originalmente.


En cuanto a la situación procesal, mientras Fiorini y Courreges continúan bajo medidas restrictivas, la Justicia evalúa citar a declarar en los próximos días a Carlos Lanser, quien podría ser imputado por el delito de encubrimiento.


La investigación continúa bajo la conducción del Fiscal General Armando Agüero y del fiscal adjunto Matías Juan, con la participación del abogado Alejandro Viano como querellante en representación de la empresa perjudicada. El caso sigue sumando elementos y promete nuevas definiciones judiciales en los próximos días.


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