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Una policía deberá pagar $755 mil por la pérdida de su arma reglamentaria
- La Pampa
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La Cabo Primero fue sancionada tras un sumario administrativo y acordó reintegrar el monto en diez cuotas que serán descontadas de su salario
La pérdida de un arma reglamentaria por parte de una integrante de la Policía de La Pampa derivó en una sanción administrativa y en la obligación de resarcir económicamente al Estado provincial por el perjuicio ocasionado. La agente, una Cabo Primero de la fuerza, deberá afrontar el pago de $755.000, suma correspondiente al valor de reposición del arma extraviada, mediante un plan de diez cuotas mensuales que serán descontadas directamente de sus haberes.
La medida fue adoptada luego de una investigación administrativa que se inició a partir de la desaparición del arma oficial. El caso fue analizado en el ámbito de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y posteriormente elevado al Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo encargado de determinar la existencia de un eventual daño patrimonial al Estado y fijar las responsabilidades correspondientes.
Según surge de la resolución, durante el sumario se estableció responsabilidad disciplinaria para la uniformada por una falta contemplada en el artículo 58, inciso 15, de la Norma Jurídica de Facto N.º 1034/80. A partir de ello, las actuaciones fueron remitidas al Tribunal de Cuentas, que dio intervención a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad con el objetivo de cuantificar el perjuicio económico ocasionado por la pérdida del equipamiento policial.
Para determinar el monto del daño, se solicitó información al Departamento Logística de la Policía de La Pampa respecto del valor de reposición de una pistola reglamentaria marca FM HI Power calibre 9 milímetros, incluyendo su cargador. El informe estableció que el costo total de reposición ascendía a $755.000.
Con esa valoración, el Tribunal de Cuentas dispuso la apertura formal de un Juicio de Responsabilidad y notificó a la agente involucrada. Además, se fijó una audiencia para el 30 de abril de 2026, instancia en la que la presunta responsable tendría la posibilidad de presentar pruebas o formular observaciones exclusivamente vinculadas al monto del perjuicio económico atribuido.
Durante esa audiencia, la Cabo Primero reconoció expresamente el valor estimado por las autoridades y manifestó su conformidad con la cifra establecida. Asimismo, solicitó la posibilidad de cancelar la deuda mediante un esquema de pago en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de $75.500 cada una, las cuales serán descontadas directamente de su sueldo a través de la Contaduría General de la Provincia.
Posteriormente, la Jefatura de Juicio de Responsabilidad elevó sus conclusiones al Tribunal de Cuentas, recomendando la formulación del cargo patrimonial por el monto total del perjuicio. El organismo coincidió con esa recomendación y resolvió hacer lugar al pedido de pago en cuotas, teniendo en consideración el carácter alimentario del salario de la trabajadora estatal.
De esta manera, quedó formalmente establecido el resarcimiento económico por la pérdida del arma reglamentaria y se dio por concluido el Juicio de Responsabilidad. El caso vuelve a poner de relieve la importancia de los controles internos y de los mecanismos administrativos destinados a garantizar la correcta custodia de los bienes pertenecientes al Estado, especialmente cuando se trata de elementos sensibles vinculados a la seguridad pública.
