Universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir a Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió de forma unánime impulsar una acción judicial para garantizar la vigencia de la norma aprobada por el Congreso y suspendida por el Ejecutivo. Docentes y especialistas advierten sobre una grave violación a la división de poderes.

El sistema universitario público argentino atraviesa un momento crítico frente al desfinanciamiento y la decisión del Gobierno nacional de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presidido por el rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, resolvió por unanimidad acudir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley.

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó Alpa, resumiendo el consenso alcanzado entre todas las universidades nacionales.

El rector pampeano advirtió que el incumplimiento de la normativa no solo afecta el funcionamiento académico, sino que también representa una amenaza al equilibrio institucional del país.

El decano anfitrión, Leandro Vergara (UBA), fue categórico:

“Un decreto no puede suspender una ley. Es grave para la institucionalidad democrática que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún cuando tiene amplia legitimidad social, institucional y política”.

A su vez, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades han actuado con “responsabilidad y seriedad”, priorizando los canales institucionales.

“Corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, afirmó.

“Una violación directa a la división de poderes”

El plenario recordó que el presidente Javier Milei había vetado la ley aprobada originalmente en agosto, pero el Congreso Nacional la ratificó el 2 de octubre, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla. Sin embargo, la Casa Rosada decidió suspender su aplicación, argumentando que el Congreso debía definir las fuentes de financiamiento, lo que para los rectores viola la división de poderes.

“Es una acción que vulnera directamente el sistema republicano y la independencia del Congreso, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, señaló Vergara.

Además de la presentación judicial, las y los representantes de las universidades resolvieron elevar al Congreso Nacional un pedido para que el Presupuesto 2026 contemple los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario, evitando nuevos recortes que pongan en riesgo la continuidad de las instituciones.

Malestar docente y reclamos en las calles

En paralelo a la reunión del CIN, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) realizó una manifestación en la Plaza San Martín de Santa Rosa, en el marco del segundo día de paro nacional universitario, en protesta por la falta de aplicación de la ley.

El dirigente gremial Santiago Audisio describió un panorama alarmante:

“La situación es de enojo, bronca y desilusión. Trabajamos por una ley con amplia mayoría en Diputados y el Senado, se vetó, se revirtió el veto y, aun así, el presidente nos dice ‘sí, pero no’. Promulga, pero no nos da financiamiento”.

Audisio denunció que las universidades ya sufren un desfinanciamiento del 40% en salarios y gastos de funcionamiento, y que el panorama laboral es desesperante:

“El 70% de la docencia está por debajo de la línea de pobreza, y la mitad de ellos incluso por debajo de la línea de indigencia. Aun así, siguen dando clases por las y los estudiantes”.

Además, anticipó que los gremios docentes también presentarán recursos judiciales propios para exigir la aplicación efectiva de la norma, y advirtió que el ajuste proyectado por el Ejecutivo para 2026 “significará otra pérdida del 40% en el poder adquisitivo y en el financiamiento educativo”.

Constitucionalistas alertan sobre “un precedente gravísimo”

Juristas y especialistas en derecho constitucional advirtieron que la suspensión de la ley constituye una violación a la división de poderes y un hecho sin precedentes.

El abogado pampeano Andrés Gil Domínguez sostuvo en declaraciones a La Nación que “la decisión del presidente Milei viola el proceso de formación y sanción de las leyes y afecta la institucionalidad de toda la sociedad”.

Coincidió con él Pedro Caminos, quien explicó que la Ley 24.629, invocada por el Gobierno, solo se aplica cuando hay un presupuesto vigente, lo que no sucede actualmente, ya que se continúa utilizando la prórroga del Presupuesto 2023.

“Las leyes especiales desplazan en su aplicación a las leyes generales. Lo que propone el Gobierno es un absurdo jurídico”, subrayó Caminos, agregando que “al negarse a reasignar partidas, el Presidente está neutralizando la división de poderes en materia de gasto público”.

Ambos especialistas remarcaron que es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien debe redistribuir los recursos disponibles para cumplir con la ley votada por el Congreso. De lo contrario, afirmaron, se está configurando una situación de incumplimiento constitucional.

Una defensa colectiva del sistema universitario y republicano

La resolución del CIN marca un punto de inflexión en la relación entre las universidades públicas y el Gobierno nacional. Por primera vez en décadas, el conjunto de rectoras y rectores se unifica detrás de una acción judicial, no solo por cuestiones presupuestarias, sino en defensa del principio republicano de gobierno y del respeto a la ley.

“Esto no es una cuestión partidaria ni corporativa. Es una cuestión de Estado y de respeto a la Constitución”, coincidieron los rectores al cierre del plenario.

En las próximas semanas, el CIN y los gremios universitarios presentarán sus respectivas acciones judiciales, mientras el debate por el presupuesto 2026 promete convertirse en un nuevo campo de disputa entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las instituciones que sostienen la educación pública en Argentina.