Atuel: la Corte reactivó la causa y dio 20 días para informar qué se hizo para cumplir el fallo

El máximo tribunal pidió a La Pampa, Mendoza y al Estado nacional que detallen los acuerdos y las acciones desarrolladas desde la sentencia de 2020. Aquella resolución fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial. El reclamo pampeano arrastra casi ocho décadas.

La disputa por el regreso del río Atuel a territorio pampeano volvió a tener movimiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante una resolución notificada el viernes 6 de noviembre, el tribunal otorgó 20 días a las jurisdicciones involucradas para informar si alcanzaron acuerdos parciales y qué actividades realizaron para avanzar en el cumplimiento de la sentencia de 2020.

El requerimiento comprende a La Pampa, Mendoza y al Estado nacional, que deberán dar cuenta de lo trabajado en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). El Gobierno pampeano celebró la reanudación del trámite, después de más de seis años de presentaciones y reclamos para que se avance en la ejecución de lo ordenado.

La novedad vuelve a poner bajo examen una pregunta central para el oeste provincial: qué se hizo, en términos concretos, para recuperar el escurrimiento del río y comenzar a recomponer el ambiente afectado por la falta de agua.

El pedido de informes constituye un nuevo paso procesal. Por sí mismo, no permite dar por resuelto el conflicto ni anticipar cuándo se alcanzará el caudal establecido.

Qué dispuso la sentencia de 2020

El 16 de julio de 2020, la Corte fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa, orientado a la recomposición del ecosistema pampeano.

La resolución también ordenó que ambas provincias, junto con el Estado nacional, determinaran dentro de la CIAI las acciones y obras de infraestructura necesarias para alcanzar ese objetivo. El programa debía precisar cuánto demandaría su ejecución y qué porcentaje de los costos asumiría cada jurisdicción.

El fallo incluyó, además, un sistema de monitoreo permanente. Su función era controlar tanto la provisión del agua como la evolución de las comunidades de seres vivos, la salinidad y los niveles de las aguas subterráneas. Los programas de obras y seguimiento ambiental debían presentarse ante la Corte para su aprobación en un plazo de 90 días.

En las negociaciones debía considerarse una propuesta del Estado nacional que Mendoza había aceptado en noviembre de 2019. El tribunal dejó prevista otra instancia: si las tres jurisdicciones no conseguían una solución acordada, sería la propia Corte la que definiría cómo continuar.

También instó a fortalecer el organismo de cuenca e incorporar a la Nación. Para ello, planteó considerar la conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), en reemplazo de la actual CIAI.

Una historia que marcó al oeste pampeano

Para La Pampa, el expediente judicial tiene detrás una historia de pobladores que perdieron el acceso al agua, campos que se deterioraron y familias que debieron abandonar sus lugares.

Uno de los momentos decisivos ocurrió en 1947, con la inauguración del primer dique El Nihuil, en Mendoza. El llenado de la represa interrumpió el último brazo del Atuel que todavía llegaba a territorio pampeano.

En agosto de aquel año, Ángel Garay, encargado del destacamento policial de Paso de los Algarrobos, envió un telegrama al entonces presidente Juan Domingo Perón. Allí denunció la falta de agua, la pérdida de animales y las dificultades que atravesaban los habitantes de la zona.

Los reclamos derivaron en la Resolución 50/49, dictada en 1949. La medida dispuso tres sueltas anuales de agua, de siete días cada una, destinadas a abastecer a las poblaciones y al ganado, regar praderas naturales y alimentar represas y lagunas. Sin embargo, no consiguió restablecer un escurrimiento regular.

Según las estimaciones sostenidas por La Pampa, el corte del río provocó la desertificación de alrededor de 1,5 millones de hectáreas y el éxodo de centenares de pobladores del oeste provincial.

Los fallos que antecedieron al nuevo requerimiento

La controversia llegó a la Corte Suprema en 1979. En diciembre de 1987, el tribunal reconoció el carácter interprovincial del Atuel y exhortó a las provincias a acordar un aprovechamiento razonable y equitativo de sus aguas. Aquel pronunciamiento, sin embargo, rechazó la acción posesoria pampeana y mantuvo los usos consuntivos que Mendoza tenía entonces.

En 2014, La Pampa inició una nueva demanda, esta vez por daño ambiental colectivo. El 1 de diciembre de 2017, la Corte rechazó el planteo mendocino de que el asunto ya había sido juzgado y ordenó avanzar en la determinación de un caudal apto para recomponer el ecosistema, acompañado por un programa de obras.

Esa etapa desembocó en la sentencia de julio de 2020, que estableció la referencia de 3,2 metros cúbicos por segundo y las obligaciones de planificación y monitoreo.

Ahora, las respuestas al nuevo requerimiento deberán mostrar qué acuerdos se concretaron y qué acciones se desarrollaron desde entonces. Para La Pampa, será otra instancia para insistir en que las decisiones judiciales se traduzcan en agua que llegue de manera permanente a su territorio.

Casi ocho décadas después de los primeros reclamos de los pobladores del oeste, la restitución del Atuel continúa pendiente de una solución definitiva.