Crisis en la Escuela Rural de El Destino: familias denuncian malos tratos y reclaman que se reabra la investigación
- Winifreda

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El conflicto comenzó en 2024 y alcanzó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que archivó las actuaciones por falta de elementos suficientes. Tras una mediación realizada el 21 de agosto que no logró acercar a las partes, las familias denunciantes piden una nueva intervención de las autoridades educativas y de los organismos de protección de la niñez.

La Escuela Rural N° 100 de Colonia El Destino, una institución profundamente ligada a la historia y a la vida de esa zona rural de Winifreda, atraviesa una delicada crisis interna. Familias de estudiantes denunciaron presuntos malos tratos hacia los niños por parte de integrantes del personal y aseguran que, pese a los reclamos iniciados hace dos años, todavía no encontraron una respuesta que permita recomponer la confianza.
Según publicó El Diario de La Pampa, se trata de acusaciones formuladas por las familias, mientras que una investigación administrativa posterior fue archivada al considerarse que no había pruebas suficientes para acreditar las irregularidades denunciadas.
La escuela se encuentra sobre la ruta provincial 10 y actualmente cuenta con una matrícula cercana a los 16 alumnos. Dos familias impulsaron formalmente las denuncias, aunque sostienen que existirían relatos coincidentes aportados por integrantes de otras cinco familias.
De acuerdo con esos testimonios, algunos niños comenzaron a manifestar miedo, angustia y resistencia a concurrir al establecimiento. La situación también habría repercutido en el nivel inicial: las familias afirman que los pequeños que asistían al jardín dejaron de hacerlo porque no querían regresar a la institución.
Un conflicto que comenzó en 2024
Los primeros reclamos se remontan a 2024, cuando algunos padres comenzaron a escuchar en sus hogares relatos sobre gritos, retos y situaciones que los chicos vivían con temor.
Las familias señalaron que inicialmente intentaron resolver el problema dentro de la propia escuela. Primero dialogaron con la docente de grado y, al no encontrar una respuesta satisfactoria, trasladaron sus planteos a la dirección. Posteriormente recurrieron a la Coordinación de Área del Ministerio de Educación de La Pampa.
Durante ese recorrido intervinieron distintas autoridades educativas. Sin embargo, las madres denunciantes aseguran que nunca se sintieron verdaderamente escuchadas y que tampoco advirtieron modificaciones concretas en la convivencia cotidiana.
Lejos de solucionarse, el vínculo entre la escuela y una parte de la comunidad fue deteriorándose. Lo que comenzó con reclamos puntuales terminó convirtiéndose en una ruptura profunda de la confianza.
La comunicación, otro foco de conflicto
Uno de los aspectos que generó mayor malestar fue la interrupción de los canales digitales de contacto. Según relató una de las madres, las docentes bloquearon los números particulares de algunos familiares, por lo que cualquier comunicación quedó limitada al teléfono fijo de la escuela —que, según indicaron, no siempre funciona— o a las notas enviadas mediante el cuaderno de comunicaciones.
Para quienes viven en una zona rural, donde las distancias dificultan la comunicación presencial y pueden presentarse urgencias, la posibilidad de mantener un contacto rápido con la institución resulta fundamental.
Las familias interpretaron esa restricción como una barrera que profundizó el aislamiento y volvió todavía más difícil abordar los problemas de manera conjunta.
La denuncia ante la FIA y el archivo de las actuaciones
Ante la falta de respuestas, en 2025 las familias llevaron el caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa. La presentación solicitaba que se investigaran posibles irregularidades en el desempeño del personal directivo, docente y no docente de la Escuela N° 100.
La FIA inició una investigación administrativa y dio intervención al Tribunal de Disciplina. No obstante, el 30 de julio de 2026 se resolvió archivar las actuaciones por considerar que no existían elementos suficientes para acreditar las conductas denunciadas.
Según explicaron las familias, buena parte de la presentación estaba basada en los relatos de los propios niños y en las manifestaciones posteriores de sus padres. También cuestionaron la forma en que se desarrolló la investigación: sostienen que ningún representante de la FIA se trasladó hasta la escuela y que tampoco fueron convocados todos los testigos que habían propuesto.
Aunque dispuso el archivo, el Tribunal recomendó a la Dirección General de Educación Primaria y a la Coordinación de Área iniciar una mediación para intentar reconstruir el vínculo entre la institución y las familias.
Una mediación que terminó profundizando las diferencias
La instancia de mediación se realizó el 21 de agosto, pero no tuvo el resultado esperado. Las madres denunciantes afirmaron que durante la reunión se sintieron expuestas, cuestionadas y sin la protección que esperaban encontrar.
También consideraron que se restó importancia a situaciones que, según sostienen, ya habían sido informadas a las autoridades. La reunión que debía servir para acercar posiciones terminó ampliando las diferencias y dejando a las familias con la sensación de que el conflicto buscaba cerrarse sin una revisión más profunda.
Una de las madres cuestionó particularmente la actuación de la coordinadora y manifestó sus dudas sobre la voluntad de avanzar con nuevas averiguaciones. Las denunciantes también aseguraron que durante el encuentro se les advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones en su contra, algo que —según expresaron— volvió inviable cualquier intento de diálogo en esas condiciones.
Por ese motivo, ahora solicitan que se retome la denuncia inicial y que una nueva autoridad intervenga en el caso.
El temor expresado por los niños
Más allá de los expedientes administrativos, el principal motivo de preocupación son los relatos que los chicos llevan a sus hogares.
De acuerdo con las familias, algunos alumnos aseguran que reciben gritos frecuentes, que no pueden jugar libremente y que sienten temor de hacer preguntas cuando no comprenden una actividad. Esa inseguridad habría llevado a varios niños a permanecer callados para evitar retos o situaciones incómodas.
Los padres explicaron que incluso debieron cambiar las recomendaciones que les hacen antes de asistir a clases. En lugar de hablarles únicamente sobre aprender, compartir y disfrutar la jornada, comenzaron a pedirles que no corran, no hablen demasiado y procuren evitar cualquier conducta que pudiera desencadenar un conflicto.
Una madre denunció, además, que después de enviar una nota solicitando que las cuestiones relacionadas con la salud de su hijo fueran comunicadas directamente a los adultos, el niño habría sido apartado e interrogado por dos docentes. Según su relato, el menor regresó asustado y la familia nunca recibió una comunicación personal sobre aquella nota.
Reclamos por la alimentación
Según el informe de EL DIARIO, las quejas también incluyen el servicio de alimentación. Los padres aseguraron que en algunas oportunidades los niños recibieron pizza o pan todavía fríos o congelados y que, en ocasiones, comieron sentados en sus propios pupitres.
También plantearon situaciones relacionadas con la leche servida durante el desayuno. Según manifestaron, no siempre se consulta a los alumnos cuánto desean tomar y, cuando alguno no termina el contenido de la taza, puede recibir recriminaciones.
Estos episodios forman parte del conjunto de situaciones que las familias presentaron ante las autoridades y que, de acuerdo con su postura, deberían ser revisadas nuevamente.
Alumnos trasladados a escuelas de Winifreda
El desgaste acumulado ya tuvo consecuencias concretas. Varias familias decidieron retirar a sus hijos al comienzo del ciclo lectivo 2026 y trasladarlos diariamente a establecimientos educativos de Winifreda.
La decisión implica afrontar mayores distancias y reorganizar la vida cotidiana, pero los padres sostienen que fue la única alternativa que encontraron para preservar el bienestar emocional de los niños.
Quienes continúan reclamando remarcan que no buscan mantener una confrontación personal con las trabajadoras señaladas. Su pedido es que las autoridades provinciales vuelvan a escuchar los testimonios, revisen el procedimiento seguido y garanticen un ámbito escolar seguro.
También solicitan la intervención de organismos especializados, entre ellos la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, para que los relatos de los estudiantes sean considerados de acuerdo con su derecho a ser oídos.
Según el informe de El Diario, el archivo administrativo determinó que no había elementos suficientes para acreditar las irregularidades investigadas, pero no consiguió resolver el conflicto que atraviesa a la comunidad educativa. Después del fracaso de la mediación, las familias esperan una nueva instancia institucional que permita esclarecer lo ocurrido y, sobre todo, devolverles tranquilidad a los chicos.
Por tratarse de señalamientos graves que involucran a trabajadoras de la institución, queda abierto el espacio para que las personas mencionadas y las autoridades del Ministerio de Educación puedan ofrecer su versión y ejercer su derecho a responder.



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