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Crisis institucional en Santa Isabel: suspenden por 60 días al intendente Guillermo Farana y crece la tensión política
- La Pampa
- hace 15 horas
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La localidad pampeana de Santa Isabel atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, luego de que el Concejo Deliberante resolviera, en una sesión extraordinaria cargada de tensión, la suspensión por 60 días del intendente Guillermo Farana. La medida, aprobada por unanimidad, se da en medio de un fuerte conflicto con trabajadores municipales y en un contexto de serios cuestionamientos a la gestión administrativa y financiera del Ejecutivo local.
La decisión del cuerpo deliberativo incluyó además la conformación de una comisión investigadora, que tendrá como objetivo auditar el área contable del municipio y analizar los movimientos de fondos de los últimos meses. En particular, se busca esclarecer las razones detrás del atraso en el pago de salarios y determinar si existieron irregularidades administrativas.
El conflicto con los empleados municipales fue uno de los detonantes principales de la crisis. Durante los últimos días, trabajadores y trabajadoras realizaron protestas frente al edificio comunal ante la falta de pago de sus haberes, lo que profundizó el malestar social. Si bien el intendente aseguró que los sueldos fueron finalmente abonados, el retraso generó un fuerte impacto político y social en la comunidad.
En este escenario, y tras la suspensión del jefe comunal, la viceintendenta María Cabral asumió de manera inmediata la conducción del Ejecutivo local, en un intento por garantizar la continuidad institucional mientras avanza la investigación.
No obstante, la medida no está exenta de controversias. El propio Farana cuestionó la legalidad del procedimiento y aseguró que su suspensión “está floja de papeles”, al considerar que no se respetaron los pasos establecidos por la Ley Orgánica de
Municipalidades. Según su versión, no se le otorgó la posibilidad de ejercer su derecho a defensa ni se cumplieron los plazos formales requeridos para este tipo de decisiones, lo que podría derivar en una judicialización del caso.
De acuerdo a lo estipulado por la normativa vigente, la suspensión de un intendente requiere la previa conformación de una comisión investigadora, la convocatoria a una sesión especial con al menos ocho días hábiles de anticipación y la notificación formal al jefe comunal con los motivos de la citación. Sin embargo, según denunció Farana, estos requisitos no habrían sido cumplidos, lo que abre un nuevo frente de conflicto institucional.
A este panorama se suma que el intendente ya enfrentaba pedidos de informes y una denuncia penal en etapa investigativa, lo que incrementa la gravedad de la situación y pone en duda la estabilidad de su gestión.
Como dato político significativo, el escenario actual presenta una marcada paradoja: en 2021, cuando se desempeñaba como concejal, el propio Farana fue uno de los impulsores de la destitución de la entonces intendenta Marta Paturlane. Cinco años después, es él quien queda apartado del cargo en medio de una crisis institucional de similares características.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en Santa Isabel. Aunque el pago de salarios habría sido regularizado, el clima social continúa enrarecido y la comunidad permanece a la expectativa de los resultados de la auditoría, que serán determinantes para el futuro político del intendente suspendido.
La resolución del Concejo Deliberante marca, sin dudas, un punto de inflexión en la gobernabilidad de la localidad, en un escenario donde las tensiones políticas, económicas y sociales se entrelazan y mantienen en vilo a toda la población.
