Docentes universitarios anuncian paro nacional desde el 16 de marzo y reclaman recomposición salarial
- Nacionales

- 5 mar
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El sistema universitario argentino se encamina hacia una nueva medida de fuerza a nivel nacional. Docentes de distintas universidades del país anunciaron el primer paro universitario nacional del año, que comenzará el lunes 16 de marzo y, en principio, se extenderá hasta el viernes 20, con retorno a las actividades académicas el lunes 23 de marzo.

La protesta es impulsada por la CONADU Histórica y por gremios docentes de diversas casas de estudio, entre ellos el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), en reclamo por la recomposición salarial y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Reclamo salarial y conflicto con el Gobierno nacional
Uno de los ejes centrales de la medida es la exigencia de un aumento salarial del 51%, cifra que —según los gremios— surge de la diferencia entre los incrementos otorgados por el Gobierno nacional y el nivel de inflación acumulado.
De acuerdo con los representantes sindicales, los aumentos aplicados hasta ahora fueron definidos de manera unilateral por el Ejecutivo, lo que generó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios.
En este contexto, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires, Laura Carboni, explicó que la propuesta que impulsa su sindicato es profundizar el plan de lucha a nivel nacional.
“Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea para llevar ese mandato al congreso de la federación. La medida tiene que salir de manera nacional y, si no ocurre, comenzaremos el paro el 16 y el día 20 tendremos otra asamblea para definir cómo continuamos”, señaló en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
Debate sobre un paro por tiempo indeterminado
Dentro del movimiento gremial docente existe además una discusión abierta sobre extender la medida de fuerza más allá de la semana anunciada. Desde sectores de la UBA impulsan la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, que se mantendría hasta que el Gobierno cumpla con la normativa aprobada por el Congreso y otorgue la recomposición salarial reclamada.
Carboni explicó que la continuidad o ampliación del paro deberá ser definida por el congreso de la CONADU Histórica, órgano que reúne a los sindicatos docentes universitarios de todo el país.
En ese sentido, adelantó que el 20 de marzo se realizará una nueva asamblea, instancia en la que se evaluará el desarrollo del conflicto y se decidirá cómo continuar con las medidas.
El trasfondo: la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto también está vinculado con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso durante el año pasado. Según los gremios docentes, la norma fue vetada por el presidente Javier Milei, aunque posteriormente el Congreso reafirmó su vigencia.
Desde los sindicatos sostienen que el Gobierno intenta ahora modificar su aplicación, lo que —según denuncian— implicaría desconocer la deuda salarial acumulada con el sector.
En ese marco, Carboni cuestionó la propuesta oficial que contempla un aumento del 12% en tres cuotas, a pagarse hasta octubre de 2026.
“La nueva maniobra del Gobierno desconoce la deuda y propone un incremento del 12%, en lugar del 51% adeudado. Además pretende pagarlo en cuotas hasta octubre de 2026. Eso es inaceptable”, afirmó.
Posible marcha federal universitaria
Como parte del plan de lucha, desde la AGD también plantearon la posibilidad de convocar a una marcha federal universitaria, que se realizaría antes del tratamiento legislativo de las modificaciones vinculadas al financiamiento del sistema educativo superior.
“Planteamos la necesidad de una convocatoria a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso”, concluyó Carboni.
Mientras tanto, el paro previsto para la semana del 16 al 20 de marzo podría afectar el normal inicio o desarrollo de las actividades académicas en distintas universidades nacionales del país, en un escenario que vuelve a poner en primer plano el debate sobre el financiamiento del sistema universitario público y las condiciones laborales de sus docentes.




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