El INTA exoneró a Virginia Aparicio y Bases Federadas reclama su reincorporación

La investigadora coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT, que estudió la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y en personas. El organismo fundamentó su decisión en presuntas irregularidades administrativas y conflictos de intereses. Bases Federadas repudió la medida y advirtió sobre sus consecuencias para la investigación pública.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dispuso la exoneración de Virginia Carolina Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce y coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT. La decisión, formalizada en la Resolución 366 del lunes 26 de octubre, cerró un sumario iniciado en diciembre de 2023 y provocó el rechazo de Bases Federadas, que exige revocar la sanción y reincorporar a la científica.

El caso reúne dos posiciones enfrentadas. Mientras el INTA sostiene que existieron incumplimientos administrativos, uso indebido de recursos públicos y un conflicto de intereses, la organización rural advierte que una sanción de esta magnitud puede intimidar a quienes investigan temas sensibles para la producción agropecuaria.

Aparicio investigó durante años la presencia de residuos de agroquímicos en suelos, agua, alimentos y muestras humanas. Su participación en SPRINT quedó en el centro de una controversia que incluyó la suspensión de una presentación de resultados, la salida del INTA del consorcio internacional y, finalmente, su desvinculación.

Los fundamentos del INTA

La resolución aplica la exoneración por considerar comprobada la violación de dos prohibiciones previstas en la ley marco de empleo público: utilizar las facultades del cargo para fines ajenos a la función y hacer un uso indebido del patrimonio estatal.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la participación de José Luis Costa, investigador retirado del INTA y conviviente de Aparicio, según la documentación citada por el organismo.

El Consejo Directivo sostiene que la científica le otorgó una intervención en el proyecto y acceso a datos reservados sin contar con autorización institucional ni formalizar el conflicto de intereses para su evaluación. Señala, además, que Costa carecía de un vínculo vigente con el instituto, aunque aparecía entre las personas habilitadas para inspeccionar información de los voluntarios, incluso sin codificar.

Otro eje del sumario fue el envío de muestras a los Países Bajos para su análisis. Según la resolución, Aparicio impulsó esa decisión sin la autorización institucional exigible.

El documento registra ingresos del proyecto por 5.661.483,83 pesos, egresos por 5.527.359,58 pesos y un saldo de 134.124,25 pesos. Entre los gastos menciona un pago de 1.688.445,82 pesos a World Courier, realizado en julio de 2022 por el traslado de las muestras.

Sin embargo, el propio Consejo Directivo aclara que esos montos no constituyen, por sí mismos, un perjuicio fiscal acreditado. También reconoce que no se comprobó un beneficio económico personal y que la investigadora no tenía antecedentes disciplinarios. Aun así, consideró que esas circunstancias no alcanzaban para atenuar la gravedad de las faltas que le atribuyó.

Cuestionamientos al procedimiento y rechazo de la defensa

El INTA también objetó el reemplazo del comité de ética previsto en el acuerdo de subvención por el del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin intervención de los órganos correspondientes del instituto.

Además, señaló diferencias entre la cantidad de participantes prevista en el protocolo —72 personas, distribuidas en tres grupos de 24— y la informada en una presentación de junio de 2023, que consignó 20 productores, 28 vecinos y 25 consumidores.

Aparicio había solicitado la nulidad del sumario y denunciado indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó esos planteos al sostener que se respetó el procedimiento y que la investigadora pudo ejercer su defensa con asistencia letrada.

También desestimó que el conocimiento y aval operativo de la coordinadora general de SPRINT, Violette Geissen, fueran suficientes para reemplazar las autorizaciones institucionales cuestionadas.

Qué dice la resolución sobre los resultados científicos

El proyecto SPRINT fue financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen. El INTA había aprobado su participación en mayo de 2020.

La resolución incluye referencias a un informe del proyecto publicado en febrero de 2023. Según el documento citado, las estimaciones de ingesta de glifosato no superaron la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos estudiados. También recoge que los datos de salud disponibles no eran adecuados para realizar un análisis epidemiológico.

Ese señalamiento tiene un alcance específico: se refiere a las estimaciones de exposición al glifosato y al criterio utilizado en ese informe. No permite extender la conclusión a todos los agroquímicos estudiados ni resolver, por sí solo, el debate sobre sus posibles efectos ambientales y sanitarios.

Bases Federadas: “La ciencia pública no se disciplina”

Tras conocerse la sanción, Bases Federadas difundió un comunicado de repudio y exigió su revisión inmediata, la revocación de la medida y el regreso de Aparicio al organismo.

“La ciencia pública no se disciplina. La investigación no se castiga”, expresó la organización, que consideró que la decisión afecta tanto los derechos de la investigadora como la libertad académica y la capacidad del Estado para producir conocimiento independiente.

En su pronunciamiento, defendió la necesidad de investigar las consecuencias de las tecnologías utilizadas en el campo y sostuvo que los productores necesitan esa información para tomar decisiones.

También advirtió sobre el riesgo de que la sanción se convierta en un mensaje intimidatorio para quienes trabajan sobre asuntos cuyos resultados puedan incomodar a intereses económicos. Esa es la interpretación de Bases Federadas sobre la medida, mientras que el INTA la fundamenta en las faltas administrativas atribuidas a la científica.

La organización reclamó, además, conocer los resultados de los estudios realizados por Aparicio.

Un conflicto que comenzó en 2023

La disputa tuvo un momento decisivo el 15 de junio de 2023, cuando el INTA ordenó suspender una reunión en la que la investigadora iba a presentar los datos del proyecto. En diciembre de ese año, el Consejo Directivo resolvió abandonar SPRINT y abrir el sumario.

Antes de la resolución definitiva, Aparicio había expresado públicamente el impacto que tendría su salida. En declaraciones a Bichos de Campo, sostuvo que la exoneración significaba “quitarme la identidad científica”.

El 15 de octubre presentó los resultados de sus mediciones, a título personal, en el Concejo Deliberante de Balcarce. En paralelo, APINTA y ATE Conicet impulsaban una campaña contra su exoneración.

El sumario también alcanzó a otros trece agentes. Facundo Quiroz, director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, recibió quince días de suspensión, y Eduardo De Gerónimo, veinticinco. Los restantes quedaron eximidos de sanción.

La resolución dispuso comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción ante la eventual existencia de delitos de acción pública y solicitar un informe para evaluar si corresponde iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Estas disposiciones no equivalen a una condena penal ni a la acreditación de un daño económico.

Por su parte, en un comunicado institucional, el INTA reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los protocolos científicos, éticos y administrativos, y sostuvo que fortalecerá sus capacidades analíticas. La declaración no mencionó a Aparicio por su nombre.

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