El Tribunal de Cuentas sancionó a Maisonnave, Agustoni, Speluzzi y Loventuel por graves irregularidades en el manejo de fondos públicos

Millonarios cargos, multas y advertencias a funcionarios comunales por gastos indebidos, omisiones contables y uso irregular de recursos

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa (TdeC) publicó una serie de sentencias condenatorias que exponen graves desmanejos administrativos en distintas Comisiones de Fomento, imponiendo multas personales y cargos millonarios de restitución de fondos a los responsables de Maisonnave, Agustoni, Speluzzi y Loventuel.

Las resoluciones, difundidas a través del Boletín Oficial, revelan un patrón de falta de justificación documental, pagos indebidos, omisiones contables y uso irregular de fondos públicos, en algunos casos reiterados durante varios meses consecutivos.

Maisonnave: pagos indebidos por alimentación animal y más de $213 millones sin rendir

La situación más grave fue detectada en la Comisión de Fomento de Maisonnave, bajo la responsabilidad de Rodecia Maribel Bernelli (presidenta) y Jimena Rinaudo (secretaria-tesorera).El TdeC formuló cargos por $11.810.025 y aplicó multas de $354.397 a cada funcionaria, luego de constatar que más de $11,6 millones se destinaron al pago de maíz y rollos para alimentación animal, pese a que existía un contrato de capitalización de invernada que establecía expresamente que “el ganadero se hace cargo de la atención y alimentación del ganado”.

La auditoría consideró este gasto como improcedente e incompatible con el contrato firmado, lo que derivó en la Sentencia N° 2710.En la Sentencia N° 2714, el organismo aplicó otro cargo de $743.961,72 y una nueva multa de $354.397, debido a pagos duplicados, facturas tipo “B” no válidas y comprobantes faltantes.

Los saldos pendientes de rendición son igualmente alarmantes:

• $111.878.909,05 en el balance de junio de 2024, con erogaciones aprobadas por $33.748.832,84.

• $102.153.543,61 en el balance de mayo de 2024, con gastos aprobados por $56.235.023,14.

En total, más de $213 millones quedaron sin justificar.El Tribunal también advirtió a las responsables que en adelante deberán incluir la contratación del dominio anual web radio en los servicios de comunicación, luego de detectar omisiones en ese rubro.

Agustoni: reiteradas sanciones y conducta “recurrente” de incumplimiento

La Comisión de Fomento de Agustoni, presidida por Federico Bogarín y con Alexis Priani como secretario-tesorero, figura entre las administraciones más observadas por el Tribunal.El organismo dictó varias sentencias (N° 2563, 2564, 2704 y 2705) aplicando multas reiteradas de $354.397 por la falta de presentación de las rendiciones de abril y mayo de 2025, además de confirmar cargos millonarios por gastos sin respaldo válido en períodos anteriores.

Entre las principales observaciones, el TdeC formuló un cargo de $5.001.350,03 en el balance de agosto de 2024, por pagos sin documentación respaldatoria, facturas ausentes y la no incorporación al inventario de bienes adquiridos, entre ellos un aire acondicionado de $1.495.500.En el mismo período, la comuna registró un giro de $132.741.023,97, aprobando erogaciones por $64.852.404,71 y dejando un saldo pendiente de $62.887.269,23.

También se confirmaron cargos anteriores:

• $6.599.814,64 (marzo 2024), por gastos extraordinarios y mora en pagos.

• $181.926,33 (junio 2024), por observaciones contables.

• $122.379,31 (mayo 2024) y $59.050 (abril 2024), por intereses y gastos de combustible sin respaldo.

El Tribunal calificó la gestión de Agustoni como de “conducta recurrente de incumplimiento”, destacando la reiteración de faltas y la resistencia a corregir observaciones previas.

Speluzzi: cargos por transferencias sin respaldo y multas por omisión de documentación

En Speluzzi, el balance de diciembre de 2023 también derivó en sanciones. La auditoría detectó un giro de $98.399.312,54, de los cuales se aprobaron erogaciones por $52.929.895,37, quedando un saldo sin rendir de $45.386.037,38.

El Tribunal formuló un cargo de $83.379,79 a Martín Lisotti y Agustina Márquez, por una transferencia sin registro contable ni documentación de respaldo, además de intereses por pagos fuera de término. Se aplicaron dos multas adicionales de $354.397 cada una: una a Lisotti y Márquez por falta de documentación requerida, y otra a Luis Fredes y Germán Sánchez por no haber cumplido con los pedidos de antecedentes.

El organismo también recordó la obligación de contar con convenios vigentes con el Ministerio de Salud para los pagos de prestaciones médicas, y exigió que en futuros ejercicios se dicte el acto administrativo aprobatorio del Presupuesto de Gastos.

Loventuel: fondos comunales usados para pagar la defensa penal del presidente

El caso de Loventuel sorprendió por el tipo de irregularidad detectada. Mediante la Sentencia N° 2702, el Tribunal de Cuentas impuso un cargo de $600.000 al presidente Oscar Hugo Martínez y a la tesorera Cecilia Figueroa, luego de comprobar que fondos de la Comisión fueron utilizados para pagar honorarios de un abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad en la que Martínez fue imputado.

El fallo fue contundente:

“La responsabilidad penal es de carácter personal e intransferible. La Comisión de Fomento no puede asumir con fondos públicos los gastos derivados de un proceso penal individual”.

A los funcionarios se les aplicó además una multa superior a los $354.000, sumando otra observación al extenso listado de incumplimientos detectados.

Transparencia y control: una advertencia al interior pampeano

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas pampeano vuelven a poner en primer plano la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en las pequeñas administraciones comunales del interior provincial.

Con millones de pesos sin rendir, gastos sin respaldo, pagos duplicados y bienes no inventariados, los fallos dejan en evidencia deficiencias graves en la gestión y en el cumplimiento de las normas contables básicas.

El organismo recordó a los funcionarios que cada peso administrado debe ser debidamente justificado y documentado, y que el uso correcto de los fondos públicos es una obligación legal y ética que debe regir todas las gestiones comunales.