Fiebre aftosa: La Pampa vuelve a advertir sobre los riesgos de flexibilizar el sistema de vacunación
- Axel Juncos

- hace 53 minutos
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Mientras entidades rurales bonaerenses rechazaron los cambios impulsados por el Senasa, la Coprosa pampeana recordó que la nueva normativa podría afectar los controles, la cadena de frío, la logística de las campañas y la continuidad de las fundaciones sanitarias que trabajan desde hace más de 25 años.

La flexibilización del sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) continúa generando cuestionamientos en diferentes provincias y abrió un fuerte debate sobre el futuro de uno de los pilares sanitarios de la ganadería argentina.
La controversia se originó a partir de la Resolución 201/2026, mediante la cual el organismo nacional introdujo modificaciones en el esquema de vacunación y en la organización de las campañas sanitarias.
Las críticas no provienen únicamente de los gobiernos provinciales. También comenzaron a expresarse organizaciones rurales que consideran que la flexibilización podría debilitar un modelo construido durante más de dos décadas mediante la articulación entre el Estado, los productores, los veterinarios y las fundaciones encargadas de ejecutar las campañas.
En La Pampa, la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) ya había advertido en marzo sobre los posibles riesgos de avanzar con modificaciones sin contemplar las particularidades productivas, territoriales y logísticas de cada provincia.
El rechazo de las entidades rurales bonaerenses
La discusión volvió a cobrar fuerza luego de que 16 entidades rurales de la provincia de Buenos Aires manifestaran su rechazo a la desregulación impulsada por el Senasa.
Según reflejó La Política Online, las organizaciones consideran que las modificaciones ponen en riesgo un sistema sanitario reconocido internacionalmente y generan incertidumbre respecto de quién garantizará el cumplimiento efectivo de las campañas de vacunación.
Las entidades sostienen que el esquema vigente permitió que la Argentina mantuviera durante más de quince años la ausencia de circulación viral y conservara su reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa.
Para el sector rural, no se trata solamente de una discusión administrativa o de una modificación en la modalidad de aplicación de las vacunas. En juego se encuentra la continuidad de una estructura sanitaria que resulta fundamental para proteger la producción ganadera y sostener el acceso de las carnes argentinas a los mercados internacionales.
Quienes cuestionan la resolución nacional advierten que cualquier cambio debería fortalecer y preservar el entramado institucional existente, en lugar de desarticular las organizaciones que durante años asumieron tareas de logística, control, seguimiento y aplicación de las vacunas.
La Pampa había advertido sobre los riesgos
La preocupación expresada ahora por las rurales bonaerenses coincide con las advertencias realizadas meses atrás por la Coprosa de La Pampa.
El organismo provincial está integrado por el Gobierno pampeano, las 24 fundaciones sanitarias que trabajan en el territorio, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Colegio Médico Veterinario, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y las principales entidades representativas del sector rural.
También participan la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Coninagro, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina.
Durante una reunión extraordinaria encabezada en marzo por la ministra de la Producción, Fernanda González, los integrantes de la Coprosa coincidieron en defender el esquema sanitario vigente y alertaron sobre las consecuencias que podría provocar la aplicación de la nueva normativa.
Entre las principales preocupaciones se mencionaron las posibles dificultades para garantizar los controles sanitarios, mantener la cadena de frío de las vacunas, organizar la logística en zonas rurales alejadas y establecer con claridad las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados.
También se advirtió sobre la sostenibilidad económica e institucional de las fundaciones sanitarias, que durante más de 25 años tuvieron un papel central en la planificación y ejecución de las campañas de vacunación en toda la provincia.
Un sistema construido durante décadas
Desde la Coprosa remarcaron que el estatus sanitario alcanzado por la Argentina no fue producto de una medida aislada, sino el resultado de una política sostenida durante décadas.
El sistema se consolidó mediante el aporte económico de los productores, la participación de los organismos públicos, el trabajo de los profesionales veterinarios y la estructura territorial desplegada por las fundaciones sanitarias.
Ese entramado permitió organizar las campañas, conservar adecuadamente las vacunas, llegar a establecimientos ubicados a grandes distancias de los centros urbanos y mantener registros sobre la hacienda inmunizada.
La principal preocupación es que una flexibilización excesiva pueda generar diferencias en la aplicación de las vacunas, debilitar la trazabilidad de las campañas y reducir la capacidad de control en distintas regiones productivas.
Una eventual falla sanitaria no solo podría afectar a un establecimiento o a una provincia, sino comprometer el estatus sanitario de todo el país y provocar consecuencias comerciales para la cadena ganadera.
Reclamo por las particularidades del interior productivo
El subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, Ricardo Baraldi, sostuvo que la resolución nacional no contempla adecuadamente las características del interior productivo.
El funcionario recordó la inversión realizada durante décadas por los productores para alcanzar el actual estatus sanitario y destacó el trabajo desarrollado por los entes encargados de ejecutar las campañas.
En una provincia extensa como La Pampa, con establecimientos rurales alejados y grandes distancias entre localidades, la organización logística resulta determinante para asegurar que las vacunas lleguen en condiciones adecuadas y sean aplicadas dentro de los plazos establecidos.
Por ese motivo, desde la Coprosa consideran que cualquier modificación debe tener en cuenta las diferentes realidades territoriales del país y evitar la implementación de un esquema uniforme que no contemple las dificultades existentes en cada región.
Un documento enviado al Gobierno nacional
Tras analizar los alcances de la Resolución 201/2026, la Comisión Provincial de Sanidad Animal resolvió elaborar y elevar un documento al Gobierno nacional.
En esa presentación se expresaron las preocupaciones de los distintos sectores que integran la Coprosa y se solicitó preservar el rol de las fundaciones y los entes sanitarios.
El planteo pampeano apuntó a mantener una estructura que, más allá de las eventuales actualizaciones que puedan realizarse, continúe garantizando el cumplimiento efectivo de las campañas, la trazabilidad de las vacunaciones y la protección del rodeo provincial.
La discusión abierta por la normativa del Senasa vuelve ahora al centro de la agenda ganadera. El rechazo de las entidades bonaerenses refuerza las advertencias realizadas previamente desde La Pampa y demuestra que la preocupación por el futuro del sistema sanitario atraviesa a productores, profesionales, organizaciones rurales y gobiernos provinciales.
El desafío será avanzar en eventuales cambios sin poner en riesgo una política sanitaria construida durante más de 25 años, que permitió mantener controlada la fiebre aftosa y consolidar la credibilidad internacional de la producción ganadera argentina.




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