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Fiscal y Juez recibieron amenazas de muerte durante una audiencia por violencia de género

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • 23 nov 2024
  • 2 Min. de lectura

La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFMPF) manifestó su enérgico repudio a las amenazas de muerte recibidas por la fiscal de Género, Cecilia Molinari, y el juez Carlos Ordás durante una audiencia realizada este viernes en el Centro Judicial Santa Rosa.


El incidente ocurrió cuando el acusado Dardo Hernández, imputado por violencia de género, lesiones y amenazas contra su propia familia, reaccionó violentamente al dictamen de prisión preventiva hasta el 20 de diciembre. Según informaron, el hombre lanzó graves amenazas hacia los funcionarios y sus familias, expresando: “Ya los voy a ver en la calle y a sus familias, los voy a degollar”.


La AFMPF expresó su preocupación por la habitualidad de estas situaciones en el ejercicio de las funciones judiciales. En un comunicado, destacaron:"Repudiamos la situación atravesada por nuestra colega y advertimos que estas situaciones violentas suceden a menudo en las audiencias. Aunque las amenazas no han llegado a materializarse, estas circunstancias forman parte de lo que se vive diariamente en el trabajo de las y los fiscales, independientemente de la temática en que se desempeñen”.


La audiencia estuvo presidida por el juez Carlos Ordás, quien avaló el pedido de la fiscal Molinari de imponer la prisión preventiva hasta el 20 de diciembre, medida tomada con el objetivo de proteger a las víctimas y evitar riesgos adicionales.


Un llamado a la reflexión y a garantizar la seguridad

Este tipo de hechos pone en evidencia la presión y los riesgos a los que están expuestos los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones, especialmente en temáticas sensibles como los casos de violencia de género.


La AFMPF llamó a reforzar las medidas de seguridad para garantizar la integridad de quienes trabajan en la justicia y evitar que actos intimidatorios interfieran en la aplicación de la ley.


El caso ha despertado solidaridad entre colegas del Poder Judicial y la sociedad en general, quienes condenan cualquier tipo de violencia o intimidación hacia los encargados de impartir justicia.

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