General Pico: denuncian una posible apropiación ilegal de un niño y disponen su resguardo estatal

Una pareja habría recibido al niño de su progenitora a cambio de dinero, en un contexto de vulnerabilidad. La situación fue denunciada ante la Justicia, que también fue informada sobre un posible cambio de nombre. El niño permanece bajo el cuidado de un dispositivo estatal especializado.

Una situación que podría configurar la apropiación ilegal de un niño motivó la intervención urgente de los organismos de protección de derechos en General Pico. Según informó la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, una pareja habría recibido al niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero.

El organismo provincial tomó conocimiento de lo ocurrido la semana pasada y activó las medidas de protección correspondientes. El niño se encuentra actualmente bajo cuidado y resguardo estatal, mientras los hechos fueron puestos en conocimiento de la Justicia para determinar si existieron conductas delictivas.

De acuerdo con la información oficial, la intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos derivó en una denuncia penal presentada el 3 de septiembre.

Ese mismo día, la pareja involucrada acudió al Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico con el propósito de regularizar judicialmente la situación. Sin embargo, el Juzgado rechazó la petición y dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal, ante la posible existencia de una conducta delictiva vinculada con la apropiación del niño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

Durante las actuaciones también se detectaron elementos que podrían indicar que el nombre del niño habría sido modificado mientras permanecía al cuidado de la pareja. Esa circunstancia fue comunicada a la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.

Tanto la presunta entrega a cambio de dinero como la posible modificación del nombre forman parte de las situaciones informadas a las autoridades judiciales. El comunicado no establece responsabilidades penales, que deberán determinarse en el ámbito de la Justicia.

Frente a este escenario, los organismos intervinientes adoptaron con carácter urgente una medida excepcional prevista en la normativa de protección integral de derechos. A partir de esa decisión, el niño quedó al cuidado de un dispositivo estatal especializado.

La Subsecretaría remarcó que las entregas directas de niñas y niños entre particulares, por fuera de los procedimientos legales, no constituyen una vía válida para establecer vínculos de filiación o adopción. Además, advirtió que estas prácticas pueden configurar conductas delictivas que deben ser investigadas.

En ese sentido, el organismo recordó que los procesos de adopción requieren la intervención de las autoridades competentes y de la Justicia, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Enmarcó estas exigencias en la Convención sobre los Derechos del Niño, los tratados internacionales y la legislación nacional y provincial vigente.

La advertencia apunta especialmente a la protección del derecho a la identidad y del interés superior de niñas y niños, que pueden verse vulnerados cuando se intenta establecer una guarda o una adopción al margen de los mecanismos legales.

Desde la Subsecretaría reiteraron que la prioridad es garantizar la protección integral del niño, con especial atención al contexto de vulnerabilidad detectado y al cumplimiento de las normas que resguardan sus derechos.