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Geriátrico clausurado: la responsable admitió su culpa por abandono de persona y deberá pagar $2 millones a los denunciantes

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • hace 18 horas
  • 4 Min. de lectura

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en geriátricos de Eduardo Castex registró un avance significativo. María Elena Cura, titular del geriátrico “Luz de Vida”, reconoció su responsabilidad en una causa por abandono de persona, aceptó someterse a una suspensión de juicio a prueba (probation) y deberá abonar una reparación económica de 2 millones de pesos a los denunciantes para evitar la realización de un juicio oral.


El acuerdo fue homologado el pasado 12 de marzo durante una audiencia realizada en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde el juez de Control Gabriel Tedín formalizó la imputación contra la castense por el delito previsto en el artículo 106 del Código Penal. En la audiencia participaron además el fiscal adjunto de Eduardo Castex, Carlos Alberto Álvarez Ciaffoni, y la defensora particular Marcela Rita Chaves.



Una investigación que comenzó tras denuncias públicas

La causa tuvo su origen a fines de 2024, luego de una investigación periodística difundida por medios locales que reveló que los geriátricos “Luz de Vida” y “Los Nonos” no figuraban en el Registro Provincial de Residencias y Centros de Día, pese a que el municipio de Eduardo Castex se encuentra adherido al sistema de control establecido por la Ordenanza Municipal Nº 10/2020.


A raíz de esas publicaciones y de las denuncias realizadas por familiares de adultos mayores alojados en ambos establecimientos, la Justicia inició una investigación por presuntos malos tratos y abandono de personas.


En enero de 2025, efectivos policiales y funcionarios judiciales llevaron adelante allanamientos simultáneos en el geriátrico “Luz de Vida”, ubicado sobre calle Italia 1036, y en “Los Nonos”, situado en Sargento Cabral 686.


Durante esos procedimientos se secuestró documentación considerada relevante para la causa y, según trascendió de la investigación, se pudieron constatar a simple vista algunas de las situaciones denunciadas por familiares de los residentes.



Denuncias por alimentación deficiente y falta de controles

Los denunciantes afirmaron que los establecimientos funcionaban de manera irregular y señalaron que las personas alojadas atravesaban condiciones preocupantes. Entre los cuestionamientos más graves figuraban deficiencias en la alimentación y presuntos tratos inadecuados hacia los adultos mayores.


Asimismo, sostuvieron que habían intentado plantear la situación ante autoridades municipales, aunque aseguraron no haber obtenido respuestas satisfactorias, motivo por el cual decidieron acudir a la Justicia.


La investigación también habría determinado la existencia de incumplimientos normativos vinculados con la falta de controles destinados a verificar el correcto funcionamiento de los geriátricos.


Tras los allanamientos, el municipio confirmó oficialmente que ambas residencias carecían de habilitación municipal y dispuso su clausura preventiva.



Qué implica la probation

Luego de varios meses sin avances significativos, el expediente volvió a registrar movimientos a fines del año pasado y desembocó en la reciente resolución judicial.


En este contexto, el juez Tedín resolvió conceder a Cura la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. La medida le permitirá evitar el juicio oral siempre que cumpla estrictamente las condiciones impuestas hasta el 18 de mayo de 2027.


La probation es una herramienta legal prevista para personas sin antecedentes penales que posibilita suspender el proceso judicial a cambio de cumplir determinadas reglas de conducta y reparar el daño ocasionado.


Entre las obligaciones impuestas, Cura deberá fijar y mantener actualizado un domicilio, someterse al control de la Unidad de Monitoreo de Suspensión de Juicio a Prueba con sede en Santa Rosa, cumplir con las disposiciones que le indiquen la Fiscalía o el Juzgado de Paz de Eduardo Castex y abstenerse de cometer nuevos delitos durante el período establecido.



Reparación económica para los denunciantes

Como parte central del acuerdo, la imputada deberá pagar una reparación económica total de 2 millones de pesos. El monto será abonado en dos cuotas iguales y consecutivas de un millón de pesos cada una, durante los meses de mayo y junio.


Además, las partes acordaron renunciar a los plazos de impugnación, por lo que la resolución quedó firme.


Desde el ámbito judicial aclararon que la compensación económica alcanza a quienes participaron de las denuncias y representan a los damnificados incluidos en esta instancia del proceso. Sin embargo, señalaron que cualquier otra persona que considere haber sufrido perjuicios y no haya sido incorporada al acuerdo conserva el derecho de iniciar futuras acciones civiles para reclamar una eventual indemnización.


“En principio, todos los denunciantes representan a los damnificados y son quienes quedarán, de alguna manera, indemnizados con esta suma que ofrece la señora Cura”, explicaron fuentes judiciales.



La situación de “Los Nonos” continúa bajo investigación

Mientras la situación judicial de “Luz de Vida” comenzó a encaminarse con esta resolución, la causa vinculada al geriátrico “Los Nonos” continúa abierta y presenta una complejidad mayor.


Según trascendió, la Justicia estaría realizando distintas pericias para determinar si en al menos uno de los casos investigados podría configurarse el delito de abandono de persona seguido de muerte, una figura penal considerablemente más grave.


Por ese motivo, el expediente continúa en etapa investigativa y aún no existen definiciones judiciales sobre las responsabilidades que podrían surgir de esa causa.



Una causa que expuso falencias en el control de residencias para adultos mayores

El caso generó una fuerte repercusión en Eduardo Castex y volvió a poner en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre residencias geriátricas y centros de atención para adultos mayores.


Las denuncias de familiares, las inspecciones realizadas por la Justicia y la posterior clausura de los establecimientos dejaron al descubierto presuntas irregularidades que ahora continúan siendo analizadas por los organismos competentes, mientras avanza la investigación para determinar todas las responsabilidades involucradas.


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