Hernán Camps: "Somos hijos de los sueños de nuestros abuelos, sueños que crecieron al amparo de un régimen de fomento como el de esta ley”

En un hecho de alto impacto para el sector cooperativo, el oficialismo se comprometió a retirar el artículo que proponía la derogación de la Ley 11.380, una normativa clave para el desarrollo y sostenimiento de las cooperativas en Argentina. La definición se dio en el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados de la Nación, donde representantes del sector expusieron su preocupación ante las posibles consecuencias de la medida.

Durante el encuentro, el winifredense Hernán Camps —vicepresidente de la Federación Pampeana de Cooperativas (FEPAMCO) y gerente de la Cooperativa de Electricidad de Winifreda (CEW)— junto al síndico Bruno Rodríguez, participaron activamente en representación del movimiento cooperativo, llevando la voz de instituciones de todo el país.

Un debate clave para el futuro del sistema cooperativo

El artículo en cuestión formaba parte del proyecto conocido como “Ley Hojarasca” y planteaba la derogación de la Ley 11.380, una herramienta fundamental que históricamente ha permitido el crecimiento del sistema cooperativo, fomentando inversiones, ampliación de servicios y desarrollo territorial.

Desde el sector advirtieron que su eliminación hubiera tenido consecuencias profundas, afectando la competitividad, frenando inversiones estratégicas y generando un fuerte impacto económico en miles de cooperativas que prestan servicios esenciales en todo el país.

En ese contexto, Camps fue contundente al exponer ante los legisladores:

“Nuestras cooperativas asociadas anteceden incluso a la formación del Estado pampeano. Han estado prestando servicios cuando no había nada. Somos hijos de los sueños de nuestros abuelos, sueños que crecieron al amparo de un régimen de fomento como el de esta ley”.

Advertencias sobre el impacto económico

El dirigente winifredense también calificó la iniciativa como un “error grosero” o incluso como un “impuestazo”, al advertir que implicaba una ampliación significativa de la base de cálculo impositiva, lo que repercutiría directamente en los costos operativos de las cooperativas.

“Esto afecta gravemente a las cooperativas. Genera pérdida de competitividad y un efecto muy importante como la desinversión. No se puede plantear seguir invirtiendo en servicios con estos cambios, porque nuestros asociados no pueden absorber el traslado de costos”, expresó.

Camps remarcó además que proyectos claves como el desarrollo de energía fotovoltaica, la expansión de la fibra óptica y la mejora de la infraestructura rural se verían seriamente comprometidos.

Un compromiso que trae alivio al sector

Tras escuchar los planteos, el oficialismo asumió el compromiso de retirar el artículo del dictamen, una decisión que fue recibida con alivio por parte del movimiento cooperativo, que venía manifestando su preocupación ante la posible aprobación de la medida.

La continuidad de la Ley 11.380 resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de un modelo que, en muchas localidades del interior del país —como Winifreda—, cumple un rol esencial en la prestación de servicios básicos y en el desarrollo comunitario.

Este avance en el ámbito legislativo no solo refleja la capacidad de articulación del sector cooperativo, sino también la importancia de generar espacios de diálogo donde las voces del interior puedan ser escuchadas en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de argentinos.