Imanes en el Congreso: entre la desinformación y la urgencia de sostener la vacunación

El jueves 27 de noviembre, en una sala del Anexo de la Cámara de Diputados, se desarrolló un encuentro con un título que sonaba científico –«¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID‑19?»–, pero que terminó convertido en una función de circo antivacunas.

La actividad fue promovida por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz, quien, a pocos días de finalizar su mandato, presentó la convocatoria como un ateneo para debatir supuestos efectos adversos de la inoculación. Allí, un hombre se quitó la remera y, tras varios intentos fallidos, mostró cómo se le pegaba un imán al pecho, atribuyendo el fenómeno a la vacuna contra el coronavirus. Esa imagen, grabada y difundida en redes sociales, alimentó una narrativa que ya había circulado en la pandemia y que la ciencia desmintió reiteradamente.

El mito de la magnetización y lo que dice la ciencia

El sitio Chequeado explicó que la aparente «magnetización» no tiene relación con las vacunas: se trata de un fenómeno físico conocido como tensión superficial. La piel contiene grasas naturales y humedad que pueden generar adherencia momentánea; basta con espolvorear la zona con talco para que el presunto magnetismo desaparezca.

La licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Biológicas María Noelia Lardizábal señaló que no está demostrado que las vacunas generen dicho efecto y que las formulaciones no contienen metales en cantidades ni especificidad capaces de producirlo. El biólogo Fabricio Ballarini recordó que los objetos se adhieren al cuerpo por la fricción y la tensión superficial del agua, un fenómeno tan cotidiano que puede sostener clips y agujas.

Además, las vacunas contra la COVID‑19 no contienen metales pesados ni componentes magnéticos, como demuestran las fichas técnicas de AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm y Pfizer. El físico Alberto Nájera, profesor de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Castilla‑La Mancha, subrayó que, aun en el hipotético caso de que hubiese un componente magnético, la dosis sería demasiado pequeña para sostener un imán y la vacuna no sería transparente. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos coincidieron en que recibir una vacuna no vuelve magnética a la persona.

Reacción política y científica

La jornada en el Congreso no solo exhibió desinformación sino que encendió alarmas en el sistema de salud. La diputada Quiroz, empresaria del turismo, asumió su banca en diciembre de 2021 y días después de la polémica presentó un proyecto para revisar la obligatoriedad de la vacunación establecida en la Ley 27.491, argumentando que colisiona con los principios de autonomía y consentimiento informado de la Ley Nicolás de 2024. Su cruzada coincidió con un momento delicado: Argentina atraviesa un rebrote de sarampión y tos convulsa debido al descenso de las coberturas de inmunización. Ante la noticia del encuentro, legisladores convocaron un plenario en defensa de la vacunación y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, remarcó que el Calendario Nacional se basa en evidencia científica y décadas de uso seguro.

La reacción no se limitó al Poder Legislativo. El Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias de 22 provincias, entre ellas La Pampa, emitieron un comunicado conjunto para respaldar el Calendario Nacional de Vacunación y reforzar la confianza pública frente al avance de discursos negacionistas. Señalaron que cada vacuna cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y atraviesa evaluaciones rigurosas antes de incorporarse al calendario. El mensaje insistió en que la aplicación efectiva de las vacunas es una responsabilidad compartida entre la Nación, encargada de la adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la aplicación. «El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad», enfatizaron. El comunicado fue firmado por las autoridades sanitarias nacionales y los ministerios de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 21 distritos del interior, conformando un posicionamiento federal en defensa de la inmunización.

La alarma de los pediatras: caída histórica de la cobertura

A la controversia se sumó un informe interno de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que advirtió sobre una caída histórica en las coberturas de vacunación y consideró que la salud infantil atraviesa una de las crisis más severas en décadas. Según datos oficiales del Ministerio de Salud y del Observatorio de la Infancia y Adolescencia, el regreso de enfermedades graves ya dejó siete muertes por coqueluche en los últimos meses. La SAP alertó que los niveles actuales de cobertura dejan en riesgo la inmunidad colectiva y permiten el resurgimiento de patologías que estaban controladas.

El sanitarista Eduardo Arellano, director de RCP Argentina, describió un «escenario de fragilidad inmunológica colectiva» en el país. Explicó que los bebés menores de 18 meses son el grupo más afectado, con la proporción más alta de hospitalizaciones y muertes evitables. Para Arellano, la situación está ligada al desmantelamiento del área de inmunizaciones durante los últimos dos años: se eliminaron programas territoriales de vacunación, se despidió a unos 2.600 trabajadores esenciales —incluidos equipos de vacunación, salud sexual y control prenatal— y no se hicieron nuevas compras de vacunas. Las dosis aplicadas en los últimos meses corresponden a partidas adquiridas en la gestión previa. De esta manera, Argentina pasó de tener «uno de los calendarios más completos del mundo, con 19 vacunas gratuitas y obligatorias» a enfrentar brotes activos y el retorno de enfermedades que se consideraban erradicadas.

Una disputa que pone en juego la salud pública

El episodio del imán en el Congreso evidencia cómo la desinformación puede desviarnos de los problemas reales. Mientras se cuestiona la composición de las vacunas con argumentos pseudocientíficos, los brotes de enfermedades prevenibles y el descenso en la cobertura exigen respuestas urgentes. La evidencia científica confirma que las vacunas son seguras, eficaces y necesarias; el acuerdo federal de ministros y la voz de los pediatras remarcan la importancia de sostener el Calendario Nacional y de reconstruir los equipos de inmunización.

La salud pública no puede ser rehén de discursos negacionistas: vacunarse salva vidas y es una responsabilidad colectiva para proteger a quienes son más vulnerables.

Editorial de AXEL JUNCOS