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La justicia deberá decidir si restituyen a dos adolescentes a su madre tras grave denuncia en la colonia menonita

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • hace 3 horas
  • 4 Min. de lectura

La historia volvió a sacudir a La Pampa. La jueza Daniela de la Iglesia, a cargo del Juzgado de Familia y el Menor de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en General Acha, deberá definir en los próximos días si restituye a dos adolescentes de 12 y 15 años a su madre, María Unger Reimer, o si continúan en la colonia menonita ubicada en cercanías de Guatraché.


El caso combina denuncias por violencia de género, presuntas amenazas de muerte, una polémica sustracción de menores y cuestionamientos al accionar judicial.



Un pedido urgente de restitución y protección

La abogada Karina Álvarez Mendiara presentó formalmente ante la Justicia un pedido de restitución de las niñas a su madre y solicitó medidas de protección que contemplen el contexto de violencia de género y vulnerabilidad social. Además, requirió que las adolescentes cuenten con acompañamiento interdisciplinario y que se garantice plenamente el ejercicio de sus derechos.


El expediente se produce luego de una serie de episodios que, según la denunciante, reactivaron una situación de violencia que ya había marcado su vida años atrás.



La primera mujer que escapó

María, de 34 años, fue la primera mujer en abandonar la colonia en 2019 tras sufrir violencia por parte de su entonces esposo. En aquel momento debió dejar a sus hijas en la comunidad. Se fue en colectivo, sin dinero, hasta Tucumán, donde logró reconstruir su vida: consiguió trabajo, formó una nueva familia y tuvo una hija, hoy de 5 años.


Tiempo después regresó por sus dos hijas y consiguió llevarlas al norte argentino. La mayor, actualmente de 15 años, cursó la primaria e incluso inició la secundaria en Tucumán, pero luego decidió regresar a Guatraché.



El nuevo episodio de violencia

El conflicto volvió a estallar el fin de semana pasado. María viajó desde Tucumán hasta Santa Rosa para visitar a su madre, internada en el Hospital Favaloro. Luego decidió acercarse a la colonia cuando su hija de 12 años le pidió ver a su padre.


Según su denuncia, el domingo 8, cerca de las 20 horas, fue brutalmente golpeada por su ex pareja dentro de la colonia. También aseguró que el hombre amenazó con matar a las hijas.


La Policía de Guatraché intervino y la mujer fue trasladada al hospital local junto a sus tres hijas. Permaneció internada un día y radicó dos denuncias antes de regresar a Santa Rosa.



La sustracción en plena calle

El lunes 9, ya en la capital pampeana, ocurrió un nuevo hecho que encendió la polémica. María relató que su ex pareja llegó junto a otros integrantes de la comunidad menonita y se llevó a las dos adolescentes.


“Las cargaron en una camioneta. No me preguntaron. No me pidieron permiso. Se las llevaron. Fue una sustracción en plena calle, a la vista de todos”, declaró.


Los hombres fueron demorados en Miguel Riglos, donde asistentes sociales entrevistaron a las menores. Allí, las adolescentes manifestaron que querían regresar a la colonia. Posteriormente continuaron viaje hacia Guatraché.


Para las autoridades judiciales de Santa Rosa no hubo secuestro, ya que las chicas expresaron su voluntad de ir con su padre. Sin embargo, la defensa de María sostiene que esos testimonios estarían condicionados por amenazas previas.



Intervención oficial y restricción de acercamiento

La denuncia pública generó repercusión provincial. La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad confirmó que interviene en el caso, aunque no brindó detalles para preservar la seguridad de la denunciante.


Por su parte, la fiscal de 25 de Mayo María Eugenia Bolzán, quien subroga la Fiscalía General de General Acha, informó que la fiscal María Virginia Antón está a cargo de la causa por los hechos ocurridos dentro de la colonia.


Según explicó, el agresor cuenta actualmente con una restricción de acercamiento y de contacto respecto de María. La calificación provisoria del hecho es “lesiones”, y será la médica forense quien determine si son leves o graves. El acusado aún no declaró y será citado en los próximos días.


Bolzán aseguró que “el riesgo cesó por la intervención policial y de la Fiscalía que actuaron de forma coordinada” y remarcó que el caso no fue minimizado.



La mirada sobre el accionar judicial

El caso también dejó interrogantes sobre la actuación inicial de la Justicia. ¿Por qué no se dictó de inmediato una orden de restricción tras la primera denuncia?


Desde la Justicia con sede en Acha explicaron que María había manifestado en su denuncia policial que planeaba regresar a Tucumán el lunes 9 o martes 10, por lo que consideraron que no era necesaria una medida urgente de prohibición de acercamiento en ese momento.


La abogada de la mujer, en cambio, sostiene que las autoridades actuaron tarde.



Una comunidad cerrada

La colonia menonita de La Pampa se conformó en 1986 con familias provenientes principalmente de México. Hoy alberga alrededor de 2.000 personas dedicadas a la actividad rural, carpintería y agroindustria. Comercializan silos, galpones y otros implementos agrícolas en todo el país.


Los menonitas son cristianos de origen protestante. No participan en política, no votan ni realizan servicio militar. Hablan un alemán antiguo y, en su mayoría los varones, también dominan el castellano.


La colonia tiene electricidad únicamente en fábricas y comercios, y su organización interna está regida por obispos y líderes comunitarios. La educación formal se extiende hasta sexto grado y luego la vida gira en torno al trabajo y la Iglesia.



“No quiero callar más”

Mientras la Justicia analiza el pedido de restitución, María insiste en que sus hijas deben regresar con ella.


“Salir de la comunidad cuesta la vida. Quedarse, también. Yo cuento esto porque quiero a mis hijas conmigo. No quiero que crezcan creyendo que el miedo es normal”, expresó.


La decisión ahora está en manos del Juzgado de Familia de General Acha. Lo que se resuelva no solo impactará en una familia, sino que podría marcar un precedente en un caso que expone tensiones entre autonomía comunitaria, violencia de género y derechos de niñas y adolescentes.


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