La Justicia Federal frenó el Veto Presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad
- Nacionales
- 18 ago
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Un fallo del Juzgado Federal de Campana marcó un duro revés para el Gobierno Nacional al declarar inválido el veto presidencial que había dejado sin efecto la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La resolución, aunque de alcance limitado al caso concreto, sienta un precedente judicial de gran relevancia en un tema que afecta directamente a miles de familias en todo el país.
El fallo y su alcance inmediato
El juez federal resolvió hacer lugar parcialmente a un amparo presentado por dos personas –identificadas con las iniciales O.G.J. y D.R.N.– contra el Estado Nacional. En su decisión, declaró la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, que había dispuesto el veto total de la Ley 27.793.
La sentencia beneficia de manera directa a dos menores, B.N. e Y.N., cuyas prestaciones médicas y asistenciales quedaron garantizadas nuevamente bajo el amparo de la ley de emergencia. El magistrado ordenó a la obra social correspondiente adecuar sus servicios a lo que disponía la norma sancionada por el Congreso y anulada por el Ejecutivo.
Además, las costas del proceso quedaron a cargo del Estado Nacional, lo que refuerza el carácter adverso de la resolución para la administración central.
Un precedente con impacto nacional
Si bien el fallo no tiene efectos generales –tal como advirtió la periodista especializada Vanesa Petrillo al difundir la decisión–, representa la primera vez que la Justicia frena judicialmente los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad. Esta circunstancia abre la posibilidad de que otros familiares y organizaciones recurran a la vía judicial para reclamar la restitución de derechos derivados de la ley vetada.
La resolución, que se suma a un clima de creciente conflictividad en torno a las políticas de atención y acompañamiento a personas con discapacidad, podría convertirse en un punto de inflexión en el debate público y en la agenda judicial del país.
Qué puede pasar ahora
El Gobierno Nacional aún tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores, lo que podría derivar en un prolongado proceso judicial. No obstante, en el plano simbólico y político, el impacto ya es evidente: la Justicia comenzó a poner límites al decreto que había anulado la ley impulsada por amplios sectores sociales y aprobada por el Congreso con un fuerte consenso multipartidario.
Mientras tanto, las familias beneficiadas celebran una medida que garantiza, al menos en su caso, la continuidad de tratamientos y prestaciones indispensables para los menores involucrados.
