La Pampa defiende a más de 136.000 hogares ante el intento nacional de eliminar los beneficios de la Zona Fría

La directora general de Defensa del Consumidor del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, Florencia Rabario, participó en representación del Gobierno de La Pampa en la reunión informativa convocada por la Comisión de Derechos de los Consumidores, Usuarios y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatió el posible retiro de la ampliación del régimen de Zona Fría, contemplado en los artículos 71 y 72 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional.

La medida, de concretarse, afectaría a más de 4 millones de usuarios residenciales de gas por red en todo el país, quienes actualmente gozan de los beneficios establecidos en la Ley 27.637 y sus modificatorias. En el caso de La Pampa, se estima que más de 136.000 hogares quedarían sin el descuento que hoy representa un alivio fundamental para el bolsillo de miles de familias pampeanas.

Rabario expresó ante la Agencia Provincial de Noticias (APN) que el acceso a la energía y, en particular, al gas residencial, “resulta condición necesaria para el ejercicio de los derechos a la calidad de vida, a la salud y especialmente a la dignidad humana”. En ese sentido, subrayó que el acceso a los servicios públicos esenciales debe ser universal y progresivo, y no quedar sujeto a decisiones discrecionales que profundicen la desigualdad territorial.

La funcionaria también recordó que el fondo que sostiene los descuentos del régimen de Zona Fría no depende de recursos estatales directos, sino que se financia a través de un recargo solidario que todos los usuarios del país abonan en sus facturas de gas natural por redes. Este esquema, explicó, permite garantizar la equidad energética, compensando las mayores necesidades de calefacción en las regiones de bajas temperaturas.

Actualmente, la Ley otorga un descuento general del 30% en el valor del gas a los hogares incluidos en zonas frías, cifra que aumenta al 50% para quienes reciben planes sociales o pertenecen a instituciones de bien público.

Desde el Gobierno pampeano se enfatizó que la eliminación del régimen significaría un duro golpe para las economías familiares, especialmente en los meses de invierno, cuando el consumo energético se incrementa considerablemente. Además, remarcaron que esta política de protección al usuario “no implica gasto público ni subsidio estatal, sino un mecanismo de redistribución que garantiza justicia territorial y energética”.

De este modo, La Pampa se suma a otras provincias patagónicas y del centro del país que mantienen una postura firme en defensa de los derechos de los consumidores y del acceso equitativo a un servicio esencial como el gas natural. La discusión continuará en el ámbito legislativo nacional, mientras los gobiernos provinciales buscan frenar una medida que —advierten— podría agravar aún más la situación económica y social de millones de hogares argentinos.

Fuente APN