La Pampa intimó al Gobierno nacional por “apropiación ilegal” de fondos fiduciarios
- La Pampa
- 5 ago 2025
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El gobernador Sergio Ziliotto denunció un nuevo intento del Ministerio de Economía de la Nación de desviar recursos que corresponden a las provincias y advirtió que irá a la Justicia si no se revierte la medida.
En una nueva escalada en la tensión entre el gobierno nacional y las provincias, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, intimó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación a derogar de inmediato la Resolución 1085/2025, por considerar que constituye una “apropiación ilegal” de recursos que pertenecen a las provincias a través de fideicomisos públicos.
La medida del Ejecutivo nacional, publicada en el Boletín Oficial el pasado 29 de julio, dispone que los remanentes líquidos, títulos públicos y otros activos financieros pertenecientes a fondos fiduciarios disueltos pasen a ser de libre disponibilidad del Tesoro Nacional. Sin embargo, desde el Ejecutivo pampeano aseguran que esos recursos no pertenecen al Estado federal, sino que están asignados a las provincias —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— mediante programas específicos y asignaciones directas.
Intimación directa
Mediante una nota oficial enviada al ministro Luis Caputo, Ziliotto acusó al Gobierno nacional de actuar “sin competencia, en abuso de autoridad y violando la Ley Bases y el Código Civil y Comercial”. En el texto, el mandatario provincial exige que se derogue la resolución “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales, penales y civiles que correspondan”.
“La resolución implica un desvío de fondos jurisdiccionales sin causa, un cambio de la naturaleza jurídica de los recursos y la apropiación de activos que pertenecen a las provincias”, argumentó Ziliotto, quien además consideró que se trata de un acto administrativo “nulo de nulidad absoluta” por haber sido dictado por una autoridad sin facultades para hacerlo.
Una avanzada contra el federalismo
Desde La Pampa sostienen que la maniobra del Ministerio de Economía contradice no solo las normas del derecho administrativo, sino también el principio de federalismo consagrado en la Constitución Nacional. “En lugar de coordinar y concertar atribuciones con las provincias, el Gobierno nacional dispone unilateralmente sobre fondos que tienen un destino específico para el desarrollo territorial”, cuestionaron desde Casa de Gobierno.
El Ejecutivo pampeano también subrayó que la Resolución 1085/2025 viola los procedimientos establecidos en el Código Civil y Comercial para la extinción de fideicomisos, al no contemplar rendiciones finales, verificaciones ni identificaciones claras del origen de los fondos.
Un conflicto institucional en marcha
Ziliotto recordó que el Decreto 695/2024 faculta al Ministerio de Economía a proponer al Poder Ejecutivo Nacional modificaciones sobre los fondos fiduciarios, pero no le otorga la potestad de decidir el destino final de los mismos. “La resolución en cuestión no fue propuesta al PEN ni aprobada por esa autoridad, y por lo tanto excede las facultades legales del Ministerio”, señaló el gobernador.
El documento advierte que la disposición del artículo 4° de la resolución —que declara todos los activos remanentes como de libre disponibilidad del Tesoro Nacional— configura una apropiación ilegal de recursos y expone la norma a su ineficacia.
Próximos pasos
En su misiva, Ziliotto expresó su voluntad de agotar las vías institucionales para revertir la medida, pero dejó en claro que, de no recibir una respuesta favorable, La Pampa acudirá a la Justicia para frenar la apropiación de los fondos. “Apelamos a la razonabilidad federal, pero estamos preparados para defender los recursos provinciales en los estrados judiciales correspondientes”, concluyó.
Este nuevo capítulo profundiza el conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias por el manejo de los recursos. La postura pampeana se suma a una creciente inquietud en otros distritos ante lo que consideran una avanzada unilateral del Ejecutivo nacional sobre fondos que no le pertenecen. El resultado de este conflicto podría marcar un precedente clave para la distribución de recursos en el país.
