La participación de menores en delitos no supera el 3% en La Pampa y analizan el impacto de la nueva ley nacional

En un contexto de debate nacional por la baja en la edad de imputabilidad, la provincia de La Pampa comienza a evaluar cómo adecuar la nueva normativa aprobada por el Congreso, que entrará en vigencia en septiembre. Sin embargo, los datos oficiales y las primeras definiciones de las autoridades anticipan que no se esperan cambios profundos en el abordaje actual.

Según estadísticas recientes a las que accedió el diario LA ARENA, la incidencia de adolescentes en hechos delictivos se mantiene en niveles muy bajos dentro del territorio pampeano. Durante el año 2025 —último registro disponible— se contabilizaron 16.922 delitos, de los cuales apenas el 2,19% correspondieron a menores inimputables (menores de 16 años) y el 3,03% a adolescentes imputables (entre 16 y 18 años).

Estos números reflejan una tendencia sostenida: en 2024, sobre un total de 16.515 delitos, los menores inimputables estuvieron involucrados en el 3,61% de los casos, mientras que los imputables representaron el 2,82%. En términos nominales, se registraron 597 hechos protagonizados por menores no punibles y 466 por adolescentes imputables. En 2025, las cifras ascendieron a 672 y 514 respectivamente.

Un fenómeno de baja incidencia

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que estos porcentajes evidencian una realidad muy distinta a la de otras jurisdicciones del país. “No es una problemática masiva. Es raro que un adolescente de 14 o 15 años cometa un delito gravísimo. Puede ocurrir, pero no es significativo como para desbordar el sistema”, señalaron fuentes de Casa de Gobierno.

En ese marco, ya comenzaron a trabajar en la instrumentación de la nueva ley, con la intención de analizar su implementación junto a todos los actores involucrados: Justicia, fuerzas de seguridad y áreas sociales. Si bien reconocen que habrá que realizar ajustes, consideran que serán acotados.

La razón principal es que La Pampa ya cuenta con una legislación específica en materia de responsabilidad penal juvenil, lo que permitiría adaptar los cambios sin modificar sustancialmente los procedimientos vigentes. “Las mayores transformaciones estarán vinculadas a la edad, más que al proceso en sí”, explicaron.

Infraestructura y recursos, bajo control

Uno de los puntos clave en la discusión es la capacidad del sistema para absorber posibles cambios. En este sentido, las autoridades admiten que tanto el recurso humano como la infraestructura edilicia presentan limitaciones, aunque remarcan que no representan una preocupación inmediata.

El bajo nivel de incidencia de menores en delitos permite prever que el impacto de la nueva normativa no generará una sobrecarga significativa en el sistema judicial ni en los dispositivos de contención.

La mirada de la Policía: “no es la solución”

Desde la Jefatura de Policía también aportaron su visión sobre el tema. El jefe policial, Claudio Cano, fue contundente al analizar la baja de la edad de imputabilidad: “No sería la solución a los problemas sociales y económicos que hoy se viven”.

Además, consideró que trasladar debates de otras provincias a la realidad pampeana sería inapropiado. “Sería descabellado pensar esto en La Pampa, donde los menores en conflicto con la ley están identificados y abordados por quienes corresponde”, afirmó.

En esa línea, destacó que la provincia cuenta con recursos, infraestructura y políticas activas que permiten un seguimiento adecuado de los casos, evitando que escalen en gravedad.

Tipos de delitos y abordaje integral

Los delitos en los que se ven involucrados adolescentes incluyen principalmente hurto, robo, lesiones, amenazas, daño, abuso sexual simple, resistencia a la autoridad, tenencia de estupefacientes, desobediencia judicial y violación de domicilio.

Desde fuentes vinculadas al sistema judicial explicaron que muchos de estos hechos —como el abuso sexual simple— suelen darse en contextos intrafamiliares o entre menores, mientras que las causas por desobediencia responden al incumplimiento de medidas judiciales previamente dictadas.

Asimismo, remarcaron que figuras como la resistencia a la autoridad se registran también como parte de un abordaje integral, permitiendo construir antecedentes que faciliten intervenciones posteriores desde lo social y lo judicial.

Un debate abierto, pero con base en datos

Mientras avanza el proceso de análisis para la implementación de la nueva ley, en La Pampa el debate se apoya en datos concretos que muestran una baja participación de menores en el delito.

Este escenario permite a las autoridades provinciales encarar la discusión con una mirada propia, diferenciada de otras realidades del país, y con el foco puesto no solo en lo punitivo, sino también en la prevención, la contención y el acompañamiento de adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Fuente : LA ARENA digital