Milei vetó la ley de distribución automática de los ATN: qué implica para las provincias y cuánto hubiera recibido La Pampa
- La Pampa
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El presidente Javier Milei vetó este viernes la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una norma que había sido sancionada por el Congreso y que buscaba poner fin a la discrecionalidad política en el reparto de esos fondos. El decreto correspondiente fue publicado en la madrugada en el Boletín Oficial.
La ley proponía un cambio estructural en el manejo de los ATN al plantear un mecanismo de reparto automático y diario, basado en los mismos coeficientes de la coparticipación federal. Según su texto, la Nación iba a quedarse con el 41,2% del fondo, mientras que el 58,8% restante se destinaba a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En términos prácticos, el nuevo sistema hubiese impedido que los ATN quedaran sujetos a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, asegurando que su utilización respondiera a criterios objetivos y transparentes para atender emergencias y desequilibrios financieros en todo el país.
Los números detrás del veto
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló que, de haberse implementado la ley, los fondos en juego hubieran ascendido a $980.000 millones anuales, equivalentes al 0,11% del PBI. De esa suma, $404.000 millones habrían correspondido a la Nación (0,047% del PBI) y $576.000 millones a las provincias y CABA (0,067% del PBI).
El titular de Iaraf, Nadín Argañaráz, recordó que en el período 2017-2024 (exceptuando los años de pandemia) los ATN distribuidos efectivamente representaron apenas un 25% del total posible, mientras que el 75% se acumuló sin ser girado.
En este marco, de haberse mantenido la ley durante todo 2025, La Pampa habría recibido $10.446 millones en concepto de ATN, lo que equivale al 0,0012% del PBI, según estimaciones del instituto.
Un nuevo capítulo político
El veto presidencial vuelve ahora a poner la discusión en el Senado, que deberá resolver si rechaza la decisión de Milei —lo que implicaría que la norma se promulgue pese al rechazo del Ejecutivo— o si, por el contrario, ratifica el decreto y la ley queda definitivamente archivada.
La medida promete reavivar tensiones entre la Casa Rosada y las provincias, que veían en este esquema de reparto una forma de garantizar previsibilidad financiera y autonomía frente al manejo centralizado de los recursos.
El debate recién comienza, y su desenlace será clave para definir el futuro de la relación fiscal entre Nación y provincias en un escenario de fuerte ajuste y puja por los fondos públicos.
