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Procrear en La Pampa: Nación convocó a las constructoras tras el reclamo por una deuda de $24.000 millones
Las cuatro empresas que trabajaban en las 636 viviendas paralizadas fueron llamadas a conversar sobre la rescisión de los contratos. Mientras tanto, la Provincia gestiona el traspaso de los desarrollos y enfrenta el desafío de conseguir los fondos para terminarlos.
La situación de los barrios Procrear de La Pampa sumó un nuevo movimiento, aunque todavía sin una definición sobre el futuro de las viviendas. Luego de que cuatro constructoras pampeanas plantearan la posibilidad de llevar a la Justicia su reclamo por una deuda millonaria, el Gobierno nacional las convocó para comenzar a discutir la rescisión de los contratos de obra.
La información fue confirmada a Diario Textual por el presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Habiaga. La convocatoria involucra a las empresas Bepha, Ecop, Iaco e Ilka, que participaron en la construcción de los tres desarrollos urbanísticos que quedaron paralizados tras el freno a la obra pública dispuesto por la administración de Javier Milei.
“Nos convocaron para la semana que viene a las empresas de La Pampa para empezar a charlar por la rescisión de los contratos. No es una reunión de Provincia con Nación”, precisó el dirigente.
El encuentro abrirá una instancia de diálogo entre las firmas y el Gobierno nacional. Sin embargo, la convocatoria no implica, por el momento, un acuerdo de pago ni una fecha de reanudación de los trabajos.
Las constructoras analizaban iniciar una demanda por una deuda que, según lo informado por Diario Textual, rondaría al menos los $24.000 millones. El reclamo corresponde a trabajos realizados y certificados de obra que quedaron impagos después de la interrupción de los emprendimientos.
Detrás de esa cifra hay 636 viviendas sin terminar: 270 en Toay, 198 en General Pico y 168 en Santa Rosa. Las obras comenzaron durante la presidencia de Alberto Fernández y debieron detenerse con el cambio de gobierno y la decisión nacional de frenar la obra pública. En conjunto, presentan un avance promedio de aproximadamente el 20%.
La paralización también dejó una fuerte consecuencia laboral. En febrero de 2024, Diario Textual informó que la interrupción de estos trabajos había provocado unos 400 despidos, con el consiguiente impacto sobre los ingresos de los trabajadores y sus familias.
En paralelo al reclamo empresarial, el Gobierno de Sergio Ziliotto continúa las gestiones para cerrar el convenio mediante el cual Nación aceptó transferir los tres desarrollos urbanísticos a La Pampa. Se trata de una negociación distinta de la que ahora comenzarán las constructoras por sus contratos.
Para la Provincia, concretar ese traspaso es un paso necesario, pero queda por resolver una cuestión central: cómo financiar la terminación de los barrios. A comienzos de 2026, el Gobierno pampeano estimó que completar las 636 viviendas demandaría entre 40 y 50 millones de dólares.
Así, el futuro de los Procrear pampeanos sigue pendiente de varias definiciones: la resolución de los contratos, el tratamiento de la deuda reclamada, la formalización del traspaso y la obtención de recursos para volver a construir.
La convocatoria nacional abre una nueva conversación después de meses de incertidumbre. Para que ese movimiento se traduzca en viviendas terminadas, todavía deberán resolverse los compromisos económicos y administrativos que mantienen a los tres barrios con sus obras detenidas.
