La Pampa adecuó su régimen penal juvenil a la nueva edad de imputabilidad desde los 14 años

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma de tres leyes provinciales para adaptarlas a la normativa sancionada por el Congreso. El debate estuvo atravesado por cuestionamientos a la baja de la edad y por diferencias en torno a la creación de diez cargos judiciales.

La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría la adecuación del régimen penal juvenil provincial a la nueva legislación nacional, que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser considerado penalmente responsable.

La iniciativa modifica distintos artículos de tres leyes pampeanas, con el objetivo de adaptar los procedimientos y la estructura judicial de la Provincia al marco establecido por el Congreso de la Nación, a partir de un proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Aunque la reforma avanzó con el respaldo mayoritario de la Legislatura, el tratamiento dejó en evidencia diferencias políticas tanto sobre la decisión nacional de bajar la edad de imputabilidad como sobre los recursos que serán necesarios para aplicar el nuevo sistema en La Pampa.

“Debemos ocuparnos de la niñez en todos sus aspectos”

Durante el debate, el diputado Hernán Pérez Araujo, del bloque justicialista, aclaró que la adecuación responde a una ley nacional que no fue acompañada por el peronismo durante su tratamiento en el Congreso.

El legislador sostuvo que los delitos cometidos por menores de 14 años no representan actualmente una problemática significativa dentro de la realidad provincial.

“Entendemos que no es un problema en nuestra provincia el delito en menores de 14 años. Debo decir, aun a riesgo de caer antipático, que debemos ocuparnos de la niñez en todos sus aspectos”, expresó.

Pérez Araujo planteó que la discusión sobre la responsabilidad penal no puede separarse de las condiciones sociales, familiares y económicas que atraviesan a niños y adolescentes. Desde esa mirada, pidió que el Estado intervenga de manera integral y no solamente cuando se produce un conflicto con la ley penal.

También recordó que, según las estadísticas nacionales, los delitos protagonizados por adolescentes representan menos del 3% del total de hechos delictivos registrados en el país.

La Provincia debía adaptar sus procedimientos

Más allá de las críticas a la reforma aprobada en el Congreso, Pérez Araujo explicó que La Pampa no podía quedar al margen del nuevo régimen nacional.

“Si tenemos la potestad de regular las formas”, aclaró el diputado, al señalar que la Provincia conserva facultades para establecer cómo se aplicará el sistema dentro de su territorio.

La Pampa cuenta desde 2023 con una ley que regula específicamente el procedimiento penal para adolescentes. Por ese motivo, la reforma aprobada busca incorporar los cambios nacionales dentro de una estructura que ya contempla la intervención de operadores judiciales especializados.

La adecuación alcanza a tres leyes provinciales y procura definir las herramientas procesales, institucionales y judiciales necesarias para intervenir en las causas que, a partir de la nueva edad de imputabilidad, involucren a adolescentes de 14 y 15 años.

Debate por la creación de diez cargos judiciales

Uno de los puntos que generó mayores diferencias fue la reorganización de la estructura judicial. El proyecto contempla la creación de cinco cargos de defensores y otros cinco de fiscales adjuntos, destinados a atender las nuevas competencias derivadas del régimen penal juvenil.

Desde la Unión Cívica Radical cuestionaron la cantidad de puestos prevista, al considerar que no guarda proporción con el número de causas juveniles registradas en La Pampa.

La diputada Andrea Valderrama sostuvo que resulta indispensable contar con una reglamentación adecuada, pero manifestó reparos sobre la ampliación propuesta.

“La creación de 10 cargos, debido a los pocos casos estadísticos que tiene la provincia en delito juvenil, nos parece desproporcionada”, afirmó.

A partir de esa objeción, la legisladora anticipó que el bloque radical no acompañaría en particular el artículo 8, referido a la creación de esos cargos. De esta manera, la UCR diferenció su postura entre la necesidad de adaptar las leyes pampeanas y el tamaño de la estructura prevista para implementar el nuevo régimen.

Un cambio que abre nuevos desafíos

Con la aprobación legislativa, La Pampa avanzó en la adaptación de su sistema penal juvenil a una normativa nacional que modifica de manera sustancial la intervención del Estado ante delitos atribuidos a menores de edad.

La reforma obligará a la Justicia provincial a incorporar a adolescentes de 14 y 15 años dentro de un régimen penal que, hasta ahora, no los consideraba imputables. Su aplicación deberá sostener las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la intervención de funcionarios capacitados específicamente en niñez y adolescencia.

El debate, sin embargo, no quedó limitado a una cuestión de procedimientos. También volvió a poner sobre la mesa una discusión más amplia: cómo responder frente a los adolescentes que entran en conflicto con la ley y qué lugar deben ocupar las políticas de prevención, educación, inclusión y protección integral antes de que esos hechos ocurran.