Tras el caso del bebé de Rancul, cambian las notificaciones urgentes en Familia: las realizará la Policía

El nuevo procedimiento comenzará a aplicarse el 1 de noviembre en la Primera Circunscripción Judicial e incluirá documentos con validación digital. Mientras tanto, el subsecretario Fernando Funes concurrió a la Legislatura, puso a disposición información sobre el operativo y respaldó al personal policial.

El caso del bebé de Rancul sigue generando repercusiones institucionales en La Pampa. En medio de la discusión sobre cómo se comunicó y concretó su retiro de una familia de contención, el Superior Tribunal de Justicia aprobó un procedimiento obligatorio para las notificaciones de medidas urgentes en el fuero de Familia.

El cambio establece que la entrega de esas notificaciones estará a cargo de la Policía provincial, a través de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia o de la dependencia correspondiente a cada localidad. Para las medidas comprendidas en el protocolo, esa tarea dejará de depender de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones.

Según informó El Diario de La Pampa, el esquema comenzará a regir el 1 de noviembre de 2026 en la Primera Circunscripción Judicial, con una posterior extensión gradual al resto de la provincia.

La novedad coincide con otro movimiento vinculado con el caso: este miércoles 21 de octubre, el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Fernando Funes, concurrió a la Cámara de Diputados y se puso a disposición de la comisión investigadora para aportar precisiones sobre la intervención policial.

Qué cambiará con el protocolo

El Acuerdo Nº 2026-26-E establece un procedimiento de notificación de oficio para medidas preventivas urgentes y autosatisfactivas, en el marco de la Ley Nacional 26.485, la Ley Provincial 1918 y el Código Procesal Civil y Comercial pampeano.

La gestión quedará en manos del juzgado que dicte la medida, mediante el Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE). Desde allí se remitirá a la dependencia policial la información necesaria para localizar al destinatario y hacer efectiva la comunicación.

Uno de los cambios centrales será la incorporación de un código de validación digital en cada instrumento de notificación. Ese código permitirá consultar en el sitio del Poder Judicial el expediente, la carátula, el contenido completo de la resolución, la firma del magistrado y los datos de su publicación.

También deberán quedar registradas las constancias del envío y del diligenciamiento. El propósito es que pueda verificarse tanto qué decisión se comunicó como el cumplimiento de la notificación.

En situaciones como una exclusión del hogar o un reintegro al domicilio, se prevé la coordinación de la actuación policial con abogados particulares o defensores oficiales. Las notificaciones de alimentos provisorios, por su parte, se canalizarán mediante medios institucionales registrados.

Antes de la puesta en marcha, la Secretaría de Sistemas y Organización deberá realizar las adecuaciones informáticas y las capacitaciones necesarias.

El mensaje que quedó en el centro de la controversia

El antecedente de Rancul volvió a poner bajo discusión la forma en que los organismos comunican decisiones que afectan a niños y familias.

Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, integrantes del programa provincial Familias de Contención, denunciaron que recibieron por WhatsApp un pedido para entregar al bebé que cuidaban desde sus primeros días de vida. Según su relato, el mensaje no estaba acompañado por una resolución judicial ni por una notificación formal.

La pareja recurrió a la Justicia para intentar frenar el retiro y solicitar la adopción. El conflicto adquirió una fuerte repercusión pública y abrió cuestionamientos sobre las comunicaciones institucionales, la actuación de los organismos de protección y el despliegue policial durante el procedimiento.

El Diario de La Pampa vinculó ese antecedente con la aprobación del nuevo protocolo. La reglamentación tiene un alcance general para las medidas que contempla y comenzará a aplicarse de manera gradual.

Seguridad presentó documentación y defendió la intervención policial

En paralelo, Funes concurrió a la Legislatura acompañado por autoridades jerárquicas, después de que el Poder Ejecutivo remitiera las respuestas al pedido de informes y al cuestionario elaborado por la Cámara, junto con documentación sobre las actuaciones policiales.

El funcionario explicó que el material reúne los informes de las distintas áreas que participaron: desde la intervención inicial en el puesto caminero de Eduardo Castex hasta el traslado a Santa Rosa y las actuaciones posteriores del equipo especializado.

“La documentación presentada reúne el detalle pormenorizado del procedimiento y de las intervenciones de los equipos que participaron”, señaló.

Funes respaldó al personal policial junto con el Comando Jefatura y sostuvo que el operativo fue monitoreado desde el comienzo por el Ministerio de Seguridad y Justicia y la conducción de la fuerza.

“Acompañamos las intervenciones y estuvimos al tanto de cada etapa del procedimiento”, afirmó.

También defendió la articulación entre los organismos involucrados. Según expresó, cada área intervino dentro de sus competencias y el objetivo fue respetar los derechos de las personas involucradas y cumplir con los procedimientos correspondientes.

Así, el caso mantiene abiertos dos planos de actuación institucional: la investigación legislativa sobre lo ocurrido y la implementación de nuevas reglas para comunicar medidas judiciales urgentes. Desde noviembre, el protocolo comenzará a ponerse en práctica en la Primera Circunscripción, con intervención policial y documentación verificable a través del sistema judicial.