Una madre denuncia el apartamiento de su hija y cuestiona una orden judicial que le impide nombrarla públicamente

Una situación de extrema sensibilidad volvió a poner en debate el accionar de la Justicia en causas de familia y el resguardo efectivo de los derechos de niñas y niños. Una madre denunció públicamente que su hija fue apartada de su centro de vida y trasladada a más de 300 kilómetros de distancia, sin haber sido escuchada durante más de tres años de proceso judicial.

Gabriela Yanel Buffa comentó que la medida fue dispuesta por la jueza Alejandra Noemí Campos, a cargo del Juzgado de Familia N.º 2 de General Pico, pese —afirma Buffa— a que no existen denuncias penales vigentes ni impedimentos legales que le impidan ejercer el cuidado materno.

“Mi hija fue apartada de su centro de vida y trasladada a más de 300 km, sin que la Justicia la haya escuchado en más de tres años”, expresó la mujer, quien además señaló que actualmente pesa sobre ella una restricción de comunicación por 60 días que le impide conocer el estado general de la niña.

Incertidumbre y falta de información

Buffa sostuvo que la prohibición de contacto genera una profunda preocupación, ya que desconoce cómo se encuentra su hija en lo emocional, cómo se desarrolla la vinculación con su progenitor y la familia paterna ampliada, y qué tipo de acompañamiento psicológico o terapéutico estaría recibiendo en un momento que calificó como “sumamente complejo”.

A esta situación, según indicó, se sumó en las últimas horas un nuevo planteo judicial presentado por la abogada del progenitor, solicitando que se la intime a no nombrar ni mostrar la imagen de su hija en redes sociales ni en medios de comunicación.

“Nombrar es reconocer y sostener la identidad”

Frente a ese pedido, Buffa fue categórica:

“Nadie puede intimar a una madre a no nombrar a su hija. Nombrar es reconocer, es ejercer el vínculo, es sostener la identidad. El nombre no es una estrategia ni una provocación: es un derecho humano fundamental”.

En el mismo sentido, cuestionó lo que consideró un trato desigual, al remarcar que no habría existido el mismo celo cuando, en una intervención mediática previa, una profesional interviniente —según su relato— expuso y rotuló públicamente a la niña, vulnerando gravemente sus derechos.

Críticas a la exposición mediática y a la falta de abordaje integral

Buffa advirtió que etiquetar públicamente a una niña, sin respaldo clínico ni necesidad alguna, constituye una forma de violencia simbólica que deja huellas profundas. “Mi hija es una niña con identidad, con nombre y apellido, con historia, con emociones y con derechos”, enfatizó.

También expresó su preocupación por los argumentos utilizados para sostener que la niña “está muy bien”, los cuales —según señaló— se basan únicamente en fotografías aisladas y en un informe elaborado por la propia parte interesada junto a su abogada.

“El bienestar de una niña no se acredita con imágenes circunstanciales. Se demuestra con intervenciones interdisciplinarias serias, con profesionales idóneos, independientes y con continuidad en el tiempo. Nada de eso ha sido garantizado”, sostuvo.

Un reclamo que interpela al sistema

En un mensaje cargado de firmeza, Buffa remarcó que no se protege a una niña silenciando a su madre, ni se garantiza el interés superior del niño mediante exposiciones mediáticas estigmatizantes. “No se hace justicia cuando se pretende callar a quien reclama”, advirtió.

Finalmente, aseguró que continuará alzando la voz:

“Como madre, seguiré nombrando a mi hija. Porque nombrarla es cuidarla. Porque hablar es resistir. Y porque el verdadero resguardo de la infancia no se logra con intimidaciones, sino con responsabilidad, ética y verdad”.

Fuente PLAN B noricias