Absolución definitiva para Ana Contreras: “El aula debe seguir siendo un espacio para pensar y debatir”

La docente piquense Ana Cecilia Contreras fue absuelta definitivamente por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (STJ), en una causa que durante meses puso en jaque la libertad de cátedra en el sistema educativo pampeano. El máximo tribunal provincial rechazó el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal y ratificó lo resuelto por el Tribunal de Impugnación Penal: no hubo intención dolosa ni maltrato psíquico hacia la alumna denunciante durante una clase sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

La decisión fue celebrada de forma inmediata por la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), quienes calificaron el fallo como “un triunfo de toda la docencia pampeana”. Aunque aún resta saber si la familia de la estudiante apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo actual marca un precedente clave para el ejercicio pedagógico en el aula.

“Este es un triunfo de la organización sindical, que reafirma nuestro derecho a la libertad de cátedra y defiende la autonomía del ámbito educativo frente a la injerencia de la justicia”, señalaron desde UTELPa.“La educación es un espacio de debate, pensamiento crítico y construcción colectiva, y no debe ser judicializada”.

Un proceso judicial que atravesó la docencia pampeana

La causa comenzó en octubre de 2023, cuando Contreras —profesora de la materia Cultura y Ciudadanía— abordó en clase el conflicto en Medio Oriente. A raíz de ese intercambio, una alumna de 15 años, de origen judío, manifestó sentirse afectada emocionalmente por supuestos comentarios de la docente sobre Hamas e Israel. La familia de la estudiante, que ya había tenido conflictos anteriores con la misma docente por contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), decidió judicializar el hecho.

El 9 de abril, el juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard condenó a Contreras por “maltrato psíquico”, bajo el artículo 121 del Código Contravencional de La Pampa, aplicándole una multa de más de 900 mil pesos, una amonestación, prohibición de contacto con la alumna por un año y la obligación de cursar un seminario sobre convivencia escolar.

Sin embargo, el 26 de mayo el Tribunal de Impugnación Penal revocó el fallo, y el 3 de septiembre, el STJ declaró inadmisible el recurso de la fiscalía, dejando firme la absolución por aplicación del principio “in dubio pro reo”. El tribunal entendió que no se pudo probar la existencia de dolo en la conducta docente ni una intención directa de generar daño psíquico.

La voz de la docente: “Como profesora, me debo a la verdad histórica”

Tras conocerse la decisión del STJ, Ana Contreras brindó una emotiva conferencia de prensa en la sede de UTELPa, donde agradeció el acompañamiento recibido por colegas, sindicatos y organizaciones sociales. La docente hizo un repaso por los difíciles meses que atravesó, pero también dejó definiciones profundas sobre el rol del aula y la importancia de enseñar con perspectiva de derechos humanos.

“Los docentes nos entendemos con solo mirarnos, hacemos todos los días lo mismo. Estamos expuestos a las mismas condiciones. Este fallo no es solo una reivindicación personal: es una alegría para toda la comunidad docente y para la militancia de derechos humanos”, expresó.

También se refirió con empatía a la alumna involucrada en el conflicto:

“Me gustaría que ella sepa que su profe no odia su condición, que siempre creí que era una excelente alumna y que tendrá un gran futuro. Lo que surgió fue una pregunta en una clase, y la respuesta fue contextualizada, con información que estaba disponible. Como profesora, me debo a la formación y a la verdad histórica”.

Contreras sostuvo que el conflicto fue “desproporcionado” y que la vía judicial fue innecesaria. “El aula es un espacio para plantear diferencias y debatir. Las escuelas tienen mecanismos institucionales para atender los malestares, pero la familia decidió judicializar sin antes dialogar”, lamentó.

“Nuestros derechos no se negocian”

Desde UTELPa remarcaron que este caso no solo puso en jaque a una docente, sino a todo el sistema educativo, exponiendo el riesgo de que los contenidos críticos sean silenciados por temor a la sanción judicial.

“Esta victoria demuestra que la unión y la lucha son el camino para defender nuestros derechos laborales y pedagógicos. Nuestros derechos no se negocian”, expresaron desde el gremio.

El fallo del STJ no solo representa un alivio para la docente, sino también una reafirmación del derecho a enseñar con libertad, con pensamiento crítico y desde una mirada comprometida con los derechos humanos, aún cuando los temas abordados sean sensibles o generen incomodidad.