El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad y le dio otro duro revés a la Casa Rosada
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En una votación que quedará marcada en la historia parlamentaria, el Senado de la Nación rechazó este miércoles el veto total del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, lo que obliga al Poder Ejecutivo a promulgar la norma. La decisión representa un fuerte golpe político para la Casa Rosada y un antecedente de enorme peso institucional: desde el 12 de marzo de 2003, en tiempos de la presidencia de transición de Eduardo Duhalde, que el Congreso no derribaba un veto presidencial.
Con una mayoría abrumadora de 63 votos a favor y solo 7 en contra, la oposición conformada por el interbloque peronista, la UCR, el PRO y espacios provinciales se impuso en el recinto. Entre los pocos respaldos al oficialismo estuvieron la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y el libertario Francisco Paoltroni, alineados con el presidente.
Una ley con impacto social y económico
La norma establece la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más, y garantiza una actualización de las prestaciones que compense la inflación acumulada desde 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la ley tendrá un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de beneficiarios que ingresen al sistema.
Entre los puntos centrales figuran:
La regularización de deudas con prestadores y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, en línea con los índices de inflación que publica el INDEC.
La definición de que las 200 mil pensiones por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio.
La posibilidad de que los beneficiarios puedan trabajar sin perder la pensión, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
Cruce político en el recinto
El debate estuvo marcado por discursos encendidos. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri sostuvo: “La libertad no es abandonar a los argentinos. Hay que auditar las pensiones, sí, pero con gestión, no con la motosierra y sin humanidad”.
Desde la UCR, Maximiliano Abad se mostró sorprendido por la decisión presidencial: “Nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”.
El kirchnerismo desplegó las críticas más duras. Eugenia Duré calificó a Milei como “el presidente más cruel desde la vuelta de la democracia”, mientras que Eduardo ‘Wado’ De Pedro lo tildó de “bruto y cínico”.
En defensa del oficialismo, Carmen Álvarez Rivero se dirigió a la oposición con ironía: “¿Cómo les está yendo en el plan de desestabilizar al Gobierno? No necesitamos más leyes ni emergencias, necesitamos gestión”.
Contexto tenso: el caso Spagnuolo y críticas a Bullrich
La sesión también estuvo atravesada por el escándalo de los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que derivó en denuncias cruzadas y en una cautelar del juez Alejandro Maraniello.
La senadora Carolina Moisés abrió el fuego contra la Casa Rosada por el manejo del caso, mientras que Carlos Linares pidió disculpas en nombre del Congreso por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó las filtraciones a un supuesto espionaje “ruso-venezolano”. En tono irónico, Martín Lousteau también apuntó contra Bullrich: “Esto es lo que parece que ella piensa, sin absolutamente ni una prueba”.
Por su parte, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, comparó la situación con el escándalo de Watergate en Estados Unidos y reclamó un juicio político a Bullrich y la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Una derrota con resonancia histórica
El rechazo al veto presidencial no solo consolida la vigencia de una ley que impactará directamente en la vida de miles de personas con discapacidad, sino que también refleja el aislamiento del oficialismo dentro del Congreso. La magnitud de la votación dejó en evidencia que, incluso con aliados ocasionales, el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para sostener sus decisiones en el terreno legislativo.
La emergencia en Discapacidad, ahora transformada en ley, se convierte así en un emblema de la pulseada entre el Ejecutivo y el Parlamento, con un trasfondo que trasciende lo económico: la discusión sobre qué significa, en tiempos de ajuste, garantizar derechos básicos en la Argentina.
