Allanaron la Municipalidad de Puelén por una investigación de presuntas facturas apócrifas

La Justicia provincial ordenó un allanamiento en la sede de la Municipalidad de Puelén en el marco de una investigación por presuntas facturas apócrifas y posibles irregularidades contables.

El procedimiento se concretó durante la tarde de ayer y estuvo a cargo de efectivos de la Policía de La Pampa, quienes actuaron por disposición de la Fiscalía con asiento en 25 de Mayo, a cargo de la fiscala María Eugenia Bolzan.

Secuestro de documentación

De acuerdo a las fuentes consultadas, durante el operativo se secuestró diversa documentación administrativa y contable vinculada a la gestión municipal. El objetivo sería analizar comprobantes de pago presuntamente adulterados y documentación relacionada con balances bajo sospecha.

Las actuaciones judiciales se originaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de 25 de Mayo. Según trascendió, la presentación fue realizada por las concejales Roxana Andrea Maya (Juntos por el Cambio) y Laura Alejandra Maya (Frente Justicialista), quienes habrían advertido supuestas irregularidades en la documentación contable.

Bajo la lupa la gestión municipal

La investigación apunta a la administración que encabeza el intendente Mario Franco Rebolledo Bogado, conocido como “Pelusa”, quien fue electo por Comunidad Organizada, espacio político del que posteriormente se alejó.

Según la información publicada por distintos medios provinciales, la Justicia busca determinar si existió adulteración de facturas o inconsistencias en balances municipales. Por el momento, no se informó oficialmente sobre imputaciones ni sobre el alcance concreto de las sospechas.

Sin información oficial

Hasta ahora, no hubo comunicación formal por parte del municipio ni del Ministerio Público Fiscal respecto al resultado del procedimiento. Tampoco trascendieron detalles sobre posibles responsables o nuevas medidas judiciales.

El caso genera expectativa en la localidad del oeste pampeano, donde el allanamiento en la sede comunal marca un hecho institucional de fuerte impacto político y administrativo. La causa continúa bajo investigación y se aguardan definiciones oficiales en los próximos días.