Apartaron preventivamente a la directora del Colegio Secundario de Winifreda tras un reclamo estudiantil

El Ministerio de Educación de La Pampa inició actuaciones administrativas a partir de una presentación de estudiantes sobre la convivencia escolar y la gestión institucional. La cartera educativa aclaró que el apartamiento no constituye una sanción y se mantendrá mientras avance la investigación.

El Ministerio de Educación de La Pampa dispuso el apartamiento preventivo de la directora del Colegio Secundario de Winifreda, luego de recibir un escrito de estudiantes que plantearon cuestionamientos sobre el trato dentro de la institución, el abordaje de situaciones de acoso escolar y el manejo de fondos recaudados mediante distintas actividades.

La decisión fue confirmada por la Dirección General de Educación Secundaria, que informó haber iniciado actuaciones administrativas y realizado intervenciones con integrantes de la comunidad educativa. El procedimiento se desarrolla bajo confidencialidad, con el objetivo de resguardar los derechos de todas las personas involucradas.

Desde Educación remarcaron que la medida “no implica una sanción”. Su carácter es preventivo y permanecerá vigente mientras se sustancien las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos señalados en la presentación.

El reclamo estudiantil quedó plasmado en un documento titulado “Manifestación de disconformidad ante situaciones vivenciadas en nuestra institución”. Allí, los jóvenes describieron una acumulación de episodios que, según expresaron, generaban malestar y dificultades para plantear inquietudes dentro de la escuela.

Los estudiantes explicaron que su iniciativa no buscaba generar enfrentamientos, sino hacer visible un clima de tensión que, desde su perspectiva, afectaba la vida cotidiana de alumnos, docentes, personal no docente y familias. También sostuvieron que el ejercicio de la autoridad debe apoyarse en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.

Entre los planteos aparecen pedidos de explicaciones sobre el destino de fondos provenientes de aportes familiares, el kiosco escolar y la venta de rifas. Según el escrito, algunas solicitudes de aclaración habrían recibido como respuesta advertencias de sanciones. Estos cuestionamientos forman parte del reclamo presentado y no constituyen irregularidades acreditadas.

Otro de los ejes es la respuesta institucional frente al bullying. Los alumnos manifestaron preocupación por situaciones de acoso escolar que, según señalaron, no habrían sido reconocidas o abordadas de manera efectiva, pese a los reclamos de estudiantes y familias.

La presentación también menciona presuntas interrupciones de clases en tono elevado, expresiones descalificadoras frente a terceros y episodios de destrato hacia docentes, preceptores y determinados cursos. A esto se suma el cuestionamiento a las reuniones de delegados, que los jóvenes consideraron insuficientes como espacios de escucha.

En ese contexto, solicitaron garantías para que quienes integran la comunidad educativa puedan expresar sus experiencias y brindar testimonio sin temor a eventuales represalias.

El documento incluye, además, el relato de un episodio durante una actividad recreativa en el que la directora habría tomado del brazo a un estudiante y lo habría expuesto ante sus compañeros. De acuerdo con la presentación, esa situación habría sido posteriormente negada ante las familias. Se trata de otro de los señalamientos cuyo esclarecimiento corresponde a la investigación administrativa.

Durante las semanas previas, los estudiantes habían impulsado una reunión con familias y directivos que, según indicaron, no logró resolver el malestar. Tras la presentación ante el Ministerio, autoridades educativas visitaron el establecimiento y mantuvieron encuentros con alumnos y familiares.

Sin embargo, los jóvenes continuaron reclamando respuestas y medidas concretas, e incluso evaluaron realizar una manifestación dentro y fuera de la institución.

“Ante el ingreso de una presentación escrita realizada por estudiantes del Colegio Secundario Winifreda, la Dirección General de Educación Secundaria ha realizado los abordajes pertinentes en el marco de la normativa vigente”, expresó la cartera educativa.

Según informó el organismo, las intervenciones se encuadran en la Ley 1124 y sus modificatorias, la Ley de Educación Provincial 2511, la Resolución 131/23 y la Guía Provincial de Orientación para la Intervención en Instituciones Educativas. Para las medidas preventivas también se contemplan la Ley 643, la Ley 1124 y el acuerdo paritario 138, junto con el principio constitucional del debido proceso.

La investigación deberá determinar las circunstancias de los hechos planteados, preservando tanto los derechos de los estudiantes como los de los docentes involucrados. Mientras tanto, la intervención oficial busca asegurar el normal dictado de clases y las condiciones necesarias para que el procedimiento avance.