Diputados aprueba la baja de la edad de imputabilidad y abre un intenso debate sobre el Régimen Penal Juvenil

En una sesión especial convocada el jueves 12 de febrero, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. El texto propone reemplazar la ley vigente de 1980 y reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal para adolescentes que cometan delitos graves. La votación fue contundente: 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, un resultado que la convirtió en una de las victorias parlamentarias más importantes del gobierno libertario .

El oficialismo (La Libertad Avanza) logró el quórum gracias al apoyo de aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal, Provincias Unidas y otros bloques. Tras más de ocho horas de debate, la Cámara giró el proyecto al Senado, donde el Gobierno planea discutirlo el 26 de febrero. Junto con la baja de la edad de imputabilidad, la sesión también ratificó el acuerdo comercial Mercosur–Unión Europea, pero la atención se centró en la reforma penal juvenil.

¿Por qué ahora?

El Ejecutivo incluyó el tema en las sesiones extraordinarias tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, ocurrido en enero y atribuido a tres menores de edad. Ese caso generó una fuerte presión social para endurecer el régimen penal juvenil. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, explicó que la ley vigente nació durante la dictadura militar y no contempla estándares democráticos. Para la diputada libertaria, la reforma representa un “consenso histórico” porque fija la edad de imputabilidad desde los 14 años y garantiza que los jóvenes no serán alojados con adultos.

Sin embargo, la discusión exhibió profundas diferencias conceptuales. Mientras el oficialismo defendió la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, sectores de Unión por la Patria y la izquierda la calificaron de “mamarracho jurídico” y un mero marketing punitivo. La oposición denunció un vacío de políticas públicas orientadas a la inclusión social y reclamó inversiones en educación y prevención. La diputada Victoria Tolosa Paz pidió penas progresivas y espacios especializados, y Germán Martínez señaló que aportes de UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría fueron ignorados.

Los pilares del proyecto

A diferencia de proyectos anteriores que simplemente bajaban la edad, el nuevo Régimen Penal Juvenil plantea un sistema escalonado de responsabilidad penal:

• Ámbito de aplicación: alcanza a adolescentes de 14 a 18 años. Los menores de 14 quedan exentos de responsabilidad penal y deben ser derivados a los sistemas de protección integral de derechos.

• Escalas de penas reducidas: se establece una reducción a la mitad de la pena prevista para el delito cuando el imputado tiene 14 años, y de un tercio cuando tiene 15 años. Para jóvenes de 16 y 17 años no hay reducción de escala salvo un tope de condena.

• Prisión como último recurso: la privación de libertad se limita a casos de delitos graves —como homicidio, delitos contra la integridad sexual, robo con arma apta para el disparo, robo con violencia física excesiva y secuestro extorsivo— y no podrá exceder los 10 años de condena. Además, se prohíben las penas perpetuas y los adolescentes deberán ser alojados en centros especializados separados de los adultos.

• Sanciones alternativas y resocialización: el juez podrá ordenar reparación del daño, disculpas, trabajos comunitarios, prohibición de conducir o privación de libertad domiciliaria para delitos menores. La ley también crea un sistema de mediación penal para delitos sin pena de prisión efectiva y prevé la suspensión del juicio a prueba si el adolescente cumple pautas como asistir a la escuela o recibir tratamiento psicológico.

• Garantías y derechos: se prohíben castigos corporales, aislamiento en celdas oscuras, reducción de alimentos o privación del contacto familiar como castigo. Los registros de condenas no podrán ser utilizados como antecedentes en la adultez y se eliminarán tras determinados plazos. El proyecto incorpora la figura del “supervisor” para acompañar todo el proceso y la participación de las familias de las víctimas en las audiencias.

• Presupuesto y coordinación federal: se destina más de 23.700 millones de pesos para la implementación, con mayoría de fondos orientados a la defensa pública. La ley habilita convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para trasladar o alojar adolescentes en jurisdicciones distintas y prevé una entrada en vigencia a los 180 días de su publicación.

Argumentos a favor y en contra

A favor

Los defensores de la reforma argumentaron que la participación de menores en delitos graves ha aumentado y que el Estado debe ofrecer una respuesta. Laura Rodríguez Machado sostuvo que la ley actual es ineficiente, no resocializa ni repara a las víctimas, y que la nueva norma garantiza un proceso legítimo donde la prisión sea el último recurso.

El diputado libertario Santiago Santurio resaltó que se están debatiendo “delitos graves” y que el Estado debe dar respuesta porque, aunque no sea la solución definitiva, es “una respuesta fundamental”. Otros aliados destacaron que la edad de 14 años es prudente porque no existe consenso científico para bajar más y porque la capacidad real del Estado no permite una reducción mayor.

Críticas y reparos

La oposición denunció que la reforma tiene una perspectiva punitivista y que la respuesta al delito adolescente debe ser integral. Victoria Tolosa Paz calificó al proyecto de “mamarracho jurídico” y advirtió que “no se soluciona con marketing” ni cambiando la edad “como si fuera un juego de póker”. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, instó a que quienes votaran la norma “sientan vergüenza”, y alertó que criminalizar a jóvenes de 14 años podría empujar a las bandas narco a reclutar a chicos aún más pequeños.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez cuestionó el vacío de políticas públicas y sostuvo que la propuesta desestima el aporte de organizaciones como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría. Miguel Pichetto, aliado dialoguista, advirtió que sin presupuesto para infraestructura e implementación el régimen puede quedar en letra muerta; calculó que construir centros de detención cuesta unos 7.000 dólares por metro cuadrado y pidió incorporar esa cláusula en la ley.

También hubo críticas por el financiamiento. El diputado Maximiliano Ferraro propuso crear un mecanismo directo de asignación de fondos, pero el oficialismo insistió en que los recursos se canalicen mediante convenios con las provincias.

Lo que viene: el desafío en el Senado

Con media sanción obtenida, el Gobierno buscará convertir la reforma en ley en una sesión senatorial prevista para el 26 de febrero. Para lograrlo necesitará repetir la alianza de votos que consiguió en la Cámara baja, en un contexto de tensas negociaciones y un clima social polarizado.

De aprobarse, la ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación, tiempo durante el cual Nación y provincias deberán adaptar su infraestructura y coordinar mecanismos de implementación. Para sectores progresistas y de derechos humanos, el desafío es asegurar que el sistema priorice la resocialización y no derive en un incremento del encarcelamiento adolescente; para el oficialismo, se trata de demostrar que la reforma traerá seguridad y justicia para las víctimas.

Conclusión

La media sanción de la Cámara de Diputados al nuevo Régimen Penal Juvenil marca un punto de inflexión en la política criminal argentina. La propuesta baja la edad de imputabilidad a 14 años y diseña un sistema escalonado de responsabilidad que combina penas reducidas, sanciones alternativas y garantías procesales. El intenso debate exhibió dos paradigmas en pugna: el punitivismo como respuesta al delito juvenil y la protección integral de los derechos de la infancia.

Ahora el foco se traslada al Senado, donde se definirá si Argentina adopta una reforma que, a diferencia de iniciativas anteriores, intenta equilibrar la demanda social de seguridad con estándares de derechos humanos. Mientras el oficialismo habla de hacer historia, la oposición recuerda que la verdadera solución requiere inversión en educación, contención social y prevención del delito.