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El IPAV volvió a desadjudicar viviendas sociales por falta de pago y ocupación e intimó a otras siete familias

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • hace 1 día
  • 3 min de lectura

Las medidas fueron publicadas en el último Boletín Oficial de La Pampa. Cuatro casas de Ataliva Roca, Vértiz, 25 de Mayo y General Pico serán recuperadas por el organismo, mientras que otros siete casos quedaron bajo intimación para regularizar su situación.


El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) volvió a avanzar sobre viviendas sociales cuyos adjudicatarios incumplieron con algunas de las obligaciones establecidas para conservarlas. En esta oportunidad, el organismo dejó sin efecto la adjudicación de cuatro casas y abrió procesos de intimación sobre otras siete, distribuidas en diferentes localidades pampeanas.


Las nuevas medidas fueron dadas a conocer a través del Boletín Oficial de La Pampa publicado el 7 de agosto y vuelven a poner el foco sobre dos situaciones que se repiten en este tipo de actuaciones administrativas: la falta de pago de las cuotas y la ausencia de ocupación efectiva y permanente de los inmuebles.


En los cuatro casos donde ya se resolvió la desadjudicación, el IPAV dispuso además avanzar con la toma de posesión de las viviendas, lo que permitirá que las unidades regresen a la órbita del organismo provincial.



Cuatro viviendas desadjudicadas

Una de las resoluciones alcanza a Ataliva Roca, donde se dejó sin efecto la adjudicación de la vivienda N° 9 del Plan FO.NA.VI. XII. Según consta en la publicación oficial, se detectaron dos incumplimientos: la falta de ocupación efectiva y la falta de pago de las cuotas.


Una situación similar se produjo en Vértiz. Allí, el Instituto resolvió rescindir la tenencia precaria y dejar sin efecto la adjudicación de la vivienda N° 3 del Plan Federal de Construcción de Viviendas. En este expediente también se señalaron como causales la falta de ocupación efectiva y permanente, junto con el incumplimiento en el pago.


En 25 de Mayo, en cambio, la medida se adoptó exclusivamente por una cuestión económica. El IPAV desadjudicó la vivienda N° 128 del Plan FO.NA.VI. BIRF L por falta de pago de las cuotas de amortización.


El cuarto caso corresponde a General Pico, donde se rescindió la tenencia precaria y quedó sin efecto la adjudicación de la vivienda N° 248 del Plan 3000 Viviendas, también por incumplimientos vinculados al pago.


De esta manera, las cuatro unidades quedaron alcanzadas por decisiones administrativas que habilitan al organismo provincial a recuperar la posesión de los inmuebles.



Otras siete familias fueron intimadas

Las resoluciones publicadas no se limitan a las desadjudicaciones. El IPAV también puso bajo revisión otras siete viviendas sociales y notificó a sus adjudicatarios para que regularicen los incumplimientos detectados.


Las intimaciones alcanzan a dos casos en General Pico y a otros cinco correspondientes a Santa Rosa, Alta Italia, Speluzzi, Intendente Alvear y La Maruja.


En estos expedientes, el organismo reclama que se regularicen las situaciones pendientes y, en determinados casos, que los adjudicatarios expliquen los motivos por los cuales no habitan efectivamente las viviendas que les fueron asignadas.


A diferencia de las cuatro casas ya desadjudicadas, estas siete situaciones todavía atraviesan una instancia administrativa previa. Los involucrados tienen la posibilidad de responder a las intimaciones, presentar sus descargos y acreditar las circunstancias correspondientes antes de que el IPAV adopte una decisión definitiva.



Controles que se repiten en toda la provincia

No se trata de un procedimiento aislado. Durante los últimos meses, el IPAV viene publicando periódicamente resoluciones e intimaciones relacionadas con viviendas que registran deudas, falta de ocupación, irregularidades en la titularidad o situaciones que deben ser justificadas por sus adjudicatarios o herederos.


La ocupación efectiva de la casa y el cumplimiento de las cuotas son dos de las obligaciones centrales vinculadas a una vivienda social. Cuando esas condiciones no se cumplen y el procedimiento administrativo concluye con una rescisión, el Instituto puede avanzar con la recuperación del inmueble.


El objetivo de estos controles es que las unidades construidas mediante los distintos programas habitacionales mantengan el destino social para el que fueron otorgadas y, cuando corresponda, puedan volver a estar disponibles para familias que esperan una solución habitacional.


Las últimas publicaciones dejan así un nuevo saldo de cuatro viviendas desadjudicadas y otras siete bajo intimación, en un proceso de fiscalización que el organismo provincial mantiene abierto en distintas localidades de La Pampa.

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