El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad: de 16 a 14 años, un cambio histórico en la Ley Penal Juvenil

El Senado de la Nación Argentina convirtió este viernes 27 de febrero de 2026 en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, en una jornada de alto voltaje político y mediático en el Congreso Nacional. La norma fue aprobada con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, tras un prolongado debate de más de siete horas en el recinto legislativo.

La iniciativa, impulsada por la coalición oficialista La Libertad Avanza (LLA) y con fuerte respaldo del Gobierno nacional, representa uno de los principales logros legislativos del Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias abiertas en el marco del primer año de gestión.

Un cambio estructural en la Justicia juvenil

Con la sanción definitiva, Argentina actualiza una norma que regía desde 1980, respondiendo, según el oficialismo, a un contexto social y de inseguridad que ha cambiado profundamente en las últimas décadas. La reforma propone que los adolescentes de 14 años en adelante puedan ser imputados penalmente por hechos delictivos, una modificación que hasta hoy no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico argentino.

Argumentos del oficialismo y minuto de silencio

Durante la sesión, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio por las víctimas de inseguridad, un gesto que marcó el clima de la discusión y puso el foco en las consecuencias humanas del delito. Para el oficialismo, la baja de la edad de imputabilidad es una respuesta a una supuesta participación creciente de menores de entre 12 y 15 años en delitos graves, lo cual, aseguraron, genera una sensación de “impunidad” e “injusticia” en sectores de la sociedad.

Desde el Gobierno se explicó que esta reforma no sólo busca endurecer las consecuencias para quienes cometen delitos, sino también instalar un marco legal moderno que refleje los desafíos actuales y las nuevas realidades del fenómeno delictivo juvenil.

Contexto regional y posiciones internacionales

La discusión también incluyó referencias a la región: países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en los 14 años, mientras que otras naciones como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la ubican incluso en los 12 años. En todos estos casos, los sistemas legales prevén medidas socioeducativas para promover la reinserción social de los menores, y contemplan alternativas al encarcelamiento tradicional.

Negociaciones y ajustes parlamentarios

El proyecto oficial originalmente proponía que la punibilidad comenzara a los 13 años, pero tras intensas negociaciones con bloques dialoguistas y aliados como PRO y la UCR, el piso fue elevado a 14 años para consolidar el apoyo político necesario y asegurar la media sanción en Diputados y la aprobación final en el Senado. Para el oficialismo, este punto representa un “límite más equilibrado” que, además, está en sintonía con gran parte de los países de la región.

Repercusiones y perspectiva social

La norma no sólo genera satisfacción entre los sectores oficialistas, sino también un fuerte rechazo de parte de opositores y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de criminalizar a adolescentes y la necesidad de reforzar políticas públicas de prevención, educación y reinserción social. La oposición también cuestiona la viabilidad y financiación de las medidas socioeducativas que acompañan al nuevo régimen penal juvenil.

Con esta decisión legislativa, Argentina dará un paso sin precedentes en su legislación penal juvenil, impactando desde ahora no solo en el sistema judicial sino también en el debate público sobre seguridad, justicia y políticas de niñez y adolescencia.